El propósito de la iniciativa española es crear un instrumento que permita armonizar los distintos sistemas de protección de las víctimas de la violencia de género en los distintos países. Así, por ejemplo, mientras en España es un juez el que dicta las medidas de protección como las órdenes de alejamiento de los agresores, en algunos países europeos este tipo de decisiones están en manos de las autoridades administrativas o de los servicios sociales. Se trata en definitiva de extender más allá de cada Estado miembro las medidas de seguridad establecidas por un órgano judicial u otra autoridad en un país determinado. A pesar de la complejidad técnica y jurídica, España confía en que la directiva esté aprobada durante el primer semestre de la presidencia española, según fuentes comunitarias.

No hay comentarios:
Publicar un comentario