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La presidenta del Observatorio del CGPJ critica los recortes en oficinas de atención a mujeres maltratadas
Las víctimas de violencia de género sufren en estos tiempos un doble castigo. Al temor que sienten hacia sus parejas se suma a su vez la incertidumbre del horizonte económico lo que, en muchas ocasiones, supone un freno a la hora de dar el paso y denunciar la situación en el juzgado.Sin embargo, la importancia de esta decisión resulta básica. La última víctima mortal de esta lacra fue enterrada ayer en Torrent. No había denunciado. Al igual que tampoco lo habían hecho otras 26 mujeres que han muerto en España durante este año a manos de sus parejas.Algunas estadísticas respaldan la tesis anterior: la incidencia de la crisis en el número de denuncias. Durante el primer trimestre de este año, los juzgados de violencia de género de la Comunitat registraron 4.067 denuncias, lo que supone un descenso del 12% respecto al mismo periodo del año anterior.La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, ofreció estos datos durante su visita a Valencia para intervenir en un seminario sobre la cuestión. No dudó en citar la crisis económica como una de las causas que explicaría este descenso y más cuando el porcentaje de denuncias mantiene un crecimiento más o menos estable en los últimos años, alrededor de un seis por ciento, según dijo.«Hay víctimas que sólo cuentan con el dinero de su marido para vivir y mantener a sus hijos, y por ello pueden tener miedo y deciden no denunciar». La reflexión de Montalbán es compartida también por fuentes de la sección de Violencia de Género de la Fiscalía de Valencia quienes conocen más de cerca esta realidad. Su experiencia corrobora la vinculación de este descenso a la crisis. Y añaden: «Existe un gran desconocimiento por parte de las víctimas. En ocasiones, creen que por denunciar pueden perder a sus hijos».El seminario, dentro del proyecto europeo Iceberg que cuenta con fondos de Gobernación, sirvió también para conocer otros detalles en la misma línea que el fenómeno que está causando la crisis económica. Un estudio cifraba en el 70% las víctimas de violencia machista que no denuncian por miedo a represalias o por sus hijos. En cierta medida tras ese miedo y/o preocupación se esconden muchos temores sobre cómo mantendrán a sus descendientes.No sólo el delicado estado de las cuentas particulares acrecienta los males de este fenómeno. El recorte de las inversiones de la administración también repercute sobre el tejido asistencial que se convierte en paraguas para las personas más necesitadas. Montalbán aprovechó ayer para censurar esta otra vertiente del drama económico.En algunos partidos judiciales las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito han cerrado. La conselleria no dispone de presupuestos para pagar al personal. En otros lugares, los trabajadores se han reducido. Y existe otro supuesto, que es el recorte de horarios. Por ejemplo, en Valencia a partir de las seis de la tarde no se presta servicio. La situación se extiende a los fines de semana. ¿Qué ocurre si una mujer acude en alguno de estos periodos a presentar una denuncia? Pues que nadie de la oficina podrá asesorarle. No se trata de una cuestión sin importancia, según las fuentes. El temor de las víctimas es máximo y requiere que alguien les explique los mecanismos a su disposición. Las mujeres «necesitan una red de apoyo y asistencia social para «iniciar una nueva vida», y la merma de estos centros «no se puede aceptar de ningún modo», subrayó Montalbán.La responsable, que dijo ser consciente de las dificultades que impone la situación económica, reclamó un «especial cuidado» para estas cuestiones que afectan a las víctimas.La vocal del CGPJ reclamó a la Conselleria de Justicia que ponga en marcha el protocolo de evaluación forense de las víctimas, que sigue sin estar en funcionamiento en la Comunitat al tener las competencias transferidas.Este informe debía ser elaborado por los forenses y remitido al juzgado como un factor más a evaluar por parte del juez a la hora de tomar decisiones respecto a las órdenes o autos de alejamiento. Actualmente estos informes los elabora la Policía o la Guardia Civil y constan en el atestado remitido al órgano. Sin embargo, tal y como explican las fuentes consultadas, no suele tener gran peso a la hora de decantar una medida por parte del juez.El estudio consta de un cuestionario que establece el riesgo que sufre esa víctima. Existen diferentes categorías como inexistente, mínimo, medio, alto, muy alto y extremo. Y este informe siempre es revisable, por ejemplo, si existe una serie de modificaciones de las circunstancias del supuesto agresor o la maltratada.Otra de las carencias es el escaso número de efectivos con los que cuentan las unidades especializadas de los diferentes cuerpos policiales. El ratio de agentes por mujeres con órdenes de protección resulta insignificante. Recientemente, un sindicato policial propuso destinar los agentes que ejercían como escoltas de los concejales de Valencia a este tipo de funciones.El conseller Castellano destacó el proyecto Iceberg así como las ideas que se han desarrollado bajo la iniciativa. Por ejemplo, citó las coaliciones locales o redes de apoyo social, implantadas como experiencia piloto en Cullera, Sueca y Tavernes de la Valldigna. Cerca de 70 voluntarios han colaborado. También se han desarrollado protocolos de actuación a escala europea para dar un papel activo a la mujer en su recuperación.
http://www.lasprovincias.es/v/20120907/comunitat/crisis-reduce-denuncias-violencia-20120907.htmlAYUDA«Hay casos en los que las afectadas sólo cuentan con el dinero de su marido»
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Teléfono gratuito de ayuda a las víctima de violencia machista.
DATOS
4.067 denuncias. La cifra supone un descenso del 12% frente a los resultados del primer trimestre de 2011.
Tasa. Unas 15,6 denuncias por cada 10.000 mujeres. La cuarta autonomía por número de denuncias.
Órdenes. Más de 1.000 órdenes de protección en tres meses
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