Reunión de los lunes

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lunes, 1 de febrero de 2010

JUSTICIA / OBLIGADO A MANTENER A SU MADRE

Muero antes que darle un euro
La batalla del fundador de Ciutadans en Baleares contra una sentencia que le obliga a pagar una pensión a su madre. Está dispuesto, dice, a morir antes que mantener a quien lo abandonó y le fastidió la vida. Hoy cumple 44 días en huelga de hambre
MARCOS TORÍO
José Antonio Braojos, el fundador de Ciutadans en Baleares, dejó de estar unido a su progenitora el día que la matrona le cortó el cordón umbilical. La que llama asépticamente «madre biológica», María Dolores Gómez Verdugo, le sometió hasta los 25 años a una tutela plagada de maltratos físicos y psicológicos. Desde 1991, no volvió a saber de ella. Se marchó de casa, se diplomó en Turismo y, entre pesadillas reincidentes, encontró la estabilidad trabajando como guía oficial en Mallorca. Tenía una hipoteca por un piso de 27 metros cuadrados en uno de los barrios más deprimidos de la ciudad y la determinación de no ser padre por temor a «la maldad de los genes maternos».


El último bofetón le ha llegado, casi dos décadas después, con el sello de la Audiencia de Palma que le obliga a pagar 350 euros mensuales de manutención y 10.000 más con carácter retroactivo a la mujer que, asegura, le ha arruinado la vida. A sus 43 años, prefiere morir antes de que la Justicia le embargue sus bienes -el minipiso por pagar y un Opel Corsa del 95- y le ate nuevamente a su verdugo con la soga de una pensión alimenticia. La sentencia que lo condena a ello se cimenta en los artículos del Código Civil 142 y siguientes que regulan la alimentación entre parientes y dicen que están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes y los descendientes, una norma que no se modifica desde los tiempos de Alfonso XII.
El 19 de diciembre, al conocer la sentencia firme, se instaló en el aeropuerto mallorquín con un saco de dormir, una manta, el libro Juicio a los jueces, su biografía relatada en la web quierojusticia.es y un cartel: «En huelga de hambre, condenado por haber nacido».
El banco junto a la facturación de equipajes frágiles es desde hace 44 días la ventana de su protesta, una sentencia personal sólo alimentada por agua, azúcar, té y café. Allí recibe a amigos, periodistas, compañeros de trabajo y a su hermana de 39 años, también condenada a mantener con 50 euros mensuales a la madre que la vejó hasta los 36.
Observado con curiosidad por los turistas, ha perdido 13 kilos -está en 69-, pasea encorvado su metro ochenta, los ojos hundidos, el vaquero holgado que estrangula un cinturón de doble vuelta... Ya ha firmado el testamento vital coincidiendo con un corto ingreso hospitalario tras un desvanecimiento. Sus voluntades incluyen la de no ser alimentado cuando pierda la consciencia. «Esto no es un suicidio. Quiero vivir, pero no si para ello tengo que sufrir la indignidad de mantener a quien ha desgraciado la vida de tres personas: mi padre, mi hermana y yo», dice a Crónica rotundo. Las instituciones no se han interesado por su caso, solapado por el de la saharaui Aminatu Haidar.
La vida del ex coordinador de Ciutadans en Baleares contempla sólo tres opciones: el cumplimiento de la sentencia, la revisión judicial de su caso con los malos tratos como defensa o que su «madre biológica», de 66 años, acepte el acuerdo que sus hijos le ofrecen: 2.000 euros y el cobro de la pensión no contributiva, una paga para jubilados sin apenas cotización. María Dolores, impasible, se niega a negociar, pese a que la cantidad que percibiría de las arcas públicas es sólo ocho euros menos de lo que reclama a los suyos. La progenitora no se ha interesado por el estado de su hijo. «Si se muere no será por mi culpa», dijo al letrado de Braojos antes de colgarle el teléfono.
Para los hermanos, su madre sólo está aplicando una máxima que les repetía desde niños: «Debéis alimentarme hasta que me muera, es vuestra obligación por haberos parido y criado». En su vida, apenas ha cotizado más de un lustro, la mayor parte del tiempo cuando, todavía soltera, emigró a Alemania para trabajar en Siemens. Tras la separación, prefirió vender las propiedades que le dejó su marido (un mecánico de aviación que siempre le pasó una pensión para ella y sus hijos) antes que volver a trabajar.
HISTÉRICA Y PARANOICA
Ahí comenzó un via crucis de traslados, mudanzas y alquileres por distintos puntos de la geografía española. Sus hijos la retratan como una persona de gran inestabilidad emocional, histérica, paranoica, delirante, narcisista, rencorosa y desconfiada. Los cambios de domicilio se producían por los supuestos ruidos de los vecinos, la convicción de que alguien había instalado micrófonos en su casa o el miedo a que intentaran envenenarla. María Esperanza, hermana de José Antonio, aún recuerda cómo la dejaba encerrada con llave vigilando que nadie vertiera ninguna sustancia en los botes de la cocina.
Siempre culpó del fracaso de su matrimonio a sus hijos, a quienes inoculaba el odio hacia el padre «tiñoso» -José Antonio Braojos, como él- al que debían visitar para no perder la pensión. Nuevamente, el intercambio mercantil con quienes sufrían el Síndrome de Alienación Parental, el lavado de cerebro contra el cónyuge que abandona el hogar. «Lo acusaba de una falsa homosexualidad convencida de que esa orientación era propia de gente malvada», relata la hija.
La madre biológica no volvió a tener pareja hasta que, cercana a la jubilación, se anunció en los periódicos alemanes de Mallorca. Los españoles, «moros y malos» no entraban en su ideal. Buscaba un hombre germano, joven y con recursos. Lo encontró: 45 años y con trabajo. Era 2006 y vivía en la casa que pagaba su hija, a la que no le permitía tener llaves. Esperanza se vio obligada a denunciarla. Sólo los jueces lograron el desahucio. María Dolores planeó entonces la venganza. Los tribunales han servido el plato frío. Su hijo prefiere morir de hambre antes que su madre «maltratadora y con recursos» la consume.

http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2010/746/1264892404.html

"La guardia entre dos está bien, pero no puede darse por sistema"

31/01/2010 F. V. L.
El equipo psicosocial que presta sus servicios en los tres juzgados de familia de Zaragoza (tres psicólogas y una trabajadora social) considera que la guardia y custodia compartida es "buena" para los menores. En su opinión, el hecho de que el menor deba repartir su tiempo, al 50%, entre el hogar paterno y el materno no es negativo para su desarrollo y educación. Sin embargo, sostiene que "no se puede otorgar por sistema, pues para ello hace falta como condición previa que el divorcio se haga de mutuo acuerdo entre los progenitores".
"Hay situaciones en que es imposible conceder la guardia y custodia al padre y la madre", subraya una de las psicólogas. "Está totalmente contraindicado cuando la relación entre los padres es muy conflictiva". En este sentido, el equipo psicosocial cree que la ley promovida por el PAR no precisa a partir de qué grado de conflicto no tiene sentido otorgar una custodia compartida.
No obstante, los profesionales que asesoran a los jueces de familia subrayan que en los divorcios conflictivos no es infrecuente que sea el varón quien se hagan con la custodia exclusiva. En este sentido, opinan que los hombres "cada vez están más preparados para ejercer la paternidad" y que se ha producido un notable salto cualitativo entre los varones mayores de 50 años y quienes ahora tienen una edad entre los 25 y los 45 años.
Esta nueva circunstancia, según el equipo psicosocial, se sopesa cuando es preciso decidir cuál de los progenitores se quedará con el menor. De hecho, asegura que ya se refleja en los regímenes de visitas, en los que cada vez se amplía más el tiempo que el pequeño pasa con su padre. "Ahora ya se dan muchos casos en que el hombre recoge al niño el viernes por la tarde y lo lleva al colegio el lunes por la mañana", afirman las psicólogas y la trabajadora social.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=556208

Una mujer turca tuvo mellizos de dos padres diferentes

FECUNDADA EL MISMO DÍA POR LOS DOS
Lo descubrió su marido al realizar una prueba de paternidad. Tras el nacimiento de los niños el supuesto padre empezó a tener dudas por que uno de ellos no se le parecía en nada. La mujer resultó fecundada el mismo día por su marido y su amante
2010-01-29 EFE
"Es un caso que se puede dar una vez entre un millón", han explicado los doctores. La mujer turca se quedó embarazada el mismo día por su marido y su amante. Al cabo de los años el esposo comenzó a sospechar de las infidelidades de su mujer y en secreto realizó una prueba de paternidad que dio como resultado que uno de los hijos era suyo y el otro no.
La historia es la siguiente: la madre se había enamorado de un hombre casado y, ante la imposibilidad de mantener una relación formal con éste, se casó con otro. Sin embargo, la mujer mantuvo relaciones sexuales con ambos y la casualidad quiso que resultase fecundada el mismo día por los dos, por lo que dió a luz a mellizos.
El marido ha ganado el proceso de divorcio. Los servicios sociales se han hecho cargo del hijo del amante y el otro, se encuentra bajo la custodia del marido. Sin embargo, el juez dictó una orden de alejamiento tanto del marido como del amante, por miedo a que tomaran represalias contra la mujer.
http://www.libertaddigital.com/sociedad/una-mujer-turca-tuvo-mellizos-de-dos-padres-diferentes-1276382994/

Rebajan a un padre adinerado la pensión para su hijo por sus elevados gastos


Rebajan la pensión a un menor de 3.500 a 1.200 euros. (Vídeo: VNews)

La Audiencia dice que tiene ingresos altos aunque también una abultada hipoteca.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha rebajado de 3.500 a 1.200 euros la pensión impuesta por un juzgado de Familia a un catedrático adinerado con la que pretendía evitar que en un futuro el menor eligiera al padre "sólo por dinero". Los magistrados revocan esa sentencia después de 15 meses al entender que el padre, pese "a gozar de un alto nivel económico" también tiene unos abultados gastos que le impiden hacer frente a la elevada pensión.
Según explicó el abogado de la madre, Manuel Pérez Peña, la sentencia de la Sección Segunda no sólo rebaja "la cuantía en un tercio, sino que le reclaman la cantidad que ha recibido hasta ahora". No obstante, el letrado está estudiando recurrir el fallo al Tribunal Supremo "porque una pensión alimenticia no se puede devolver, es algo que mi cliente ha invertido en su hijo tal y como le mandaba el juez y ahora no puede devolver 50.000 euros".
El catedrático comenzó a abonar los 3.500 euros después de que el abogado solicitara la ejecución de la sentencia, pese a que ésta estaba recurrida. "Tras la ruptura la dejó con la reforma del piso a medias, a la que ha tenido que hacer frente para cumplir con lo que le imponía el juez de Familia", señala Pérez, quien va a solicitar a los magistrados una "aclaración de la sentencia" antes de recurrir. El abogado insiste en el "alto nivel de vida que debe llevar el menor", de cuatro años, para cumplir con la sentencia, que intentaba así que el niño mantuviera "la misma calidad de vida" con ambos progenitores y que en un futuro eligiera al padre "por dinero". "El niño va a un colegio de pago, lleva ropa cara, todo como indicaba la sentencia, por lo que la madre se ha gastado ese dinero en él y ahora no puede devolverlo", añade.
El abogado también lamenta que el padre "sólo vaya a destinar el 0,5% de los sus ingresos a su hijo, cuando cualquier trabajador que se divorcia tiene que abonar el 20% de su sueldo más la mitad de la hipoteca". Según Pérez, "se trata de una injusticia con respecto a padres mileuristas que de mil euros tienen que dar 400 euros a su hijo y este señor, pese a sus ingresos, sólo va a pagar 1.200 y todo porque tiene una hipoteca de 1,3 millones de euros de un bloque que ha construido y que es de una sociedad".
La madre del menor es una profesora de la Facultad de Comunicación que reclamaba a su ex pareja, un catedrático de Farmacia de la Universidad de Tenerife, el pago de 6.000 euros mensuales de pensión, basándose en sus elevados ingresos del progenitor y en los numerosos inmuebles que posee en Tenerife y en Madrid, entre ellos una farmacia que cedió a su ex esposa.
Tras la separación de la pareja, que no estaba casada, el padre sólo le abonaba una pensión de 300 euros y sólo estaba dispuesto a llegar hasta los 500 euros, pese a que sus ingresos son de más de 71.000 euros anuales, sin contar las propiedades. El Juzgado de Familia número 7 le impuso una pensión de 3.500 euros para que el menor pueda vivir con la madre "con la calidad de vida correspondiente" a la que el propio padre podría darle. Con esta decisión el juez Francisco Serrano pretendía evitar que en un futuro el niño rechazara vivir con su madre y eligiera a su padre, "movido sólo por su egoísmo".
El juez consideró entonces "fraudulento" que el padre sólo pagara 300 euros, pues según el Código Civil "la pensión será proporcionada al caudal de quien los da y a las necesidades de quien los recibe". La sentencia puntualizaba que la madre debía darle "una vivienda proporcional a la que podría ofrecerle el padre", "una educación privada reservada a una élite social", "ropa cara y atención sanitaria privada".

La Asociación de Padres de Familia Separados de Baleares se solidariza con la huelga de hambre de José Antonio Braojos

Está prevista una manifestación silenciosa , hoy en Plaza del Mercat a las 11.30

Palma, 30 (ABN).- La Asociación de Padres de Familia Separados de Baleares se solidariza con José Antonio Braojos y le acompañará en la manifestación silenciosa que tendrá lugar hoy en la Pza.de’s Mercat de Palma de Mallorca a partir de las 11.30 de la mañana.
Jose Antonio lleva en huelga de hambre desde hace 41 días en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma de Mallorca y reivindica que “detengan la ejecutiva de embargo sobre él
y que reformen la ley”.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dictó que ahora tiene que pagar a su progenitora 400 euros de por vida cuando esta puede recibir la pensión no contributiva del Estado. Esta sentencia se acata al Artículo 144 del Código Civil español .

El crimen oculto

• Negando los malos tratos a las mujeres, el juez Serrano está incumpliendo las funciones de su cargo

LIDIA FALCÓN
Las declaraciones del juez de Sevilla Francisco Serrano contra la ley de violencia de género han venido a apoyar la campaña desatada por asociaciones y colectivos de hombres que rechazan las medidas protectoras a favor de las víctimas de la violencia machista, a pesar de que la ley ya ha obtenido el aprobado del Tribunal Constitucional. Como asegura el juez Serrano, los activistas de la defensa masculina afirman estar discriminados por un sistema legal injusto, producto de «la dictadura del feminismo radical» que, al parecer, se ha implantado en nuestro país. Denuncian que miles de hombres están en la cárcel acusados falsamente por mujeres que obtienen enormes ventajas en el proceso de divorcio, en el cual ellos han perdido la vivienda y la custodia de los hijos y se han visto obligados a pagar pensiones desorbitadas. Expresan de tal modo la indignación que tal situación les produce, que casi justifican los feminicidios que se cometen periódicamente en nuestro país. 

Al fin y al cabo, dicen, no se puede provocar tanto a un hombre sin que este, en defensa de sus derechos y de su hombría, no acabe respondiendo violentamente. Incluso un indignado ciudadano llamaba a Radio Nacional para asegurar que en el 2009 habían muerto 30 hombres a manos de su mujer, sin que nos explicara cómo los medios de comunicación, todos de acuerdo, han ocultado noticias tan escandalosas. Lo que no se dice es que los miembros de esas organizaciones han sido denunciados o condenados por violencia machista. En más de un programa de televisión he tenido que soportar las agresiones verbales de esos individuos que se declaraban víctimas de una injusta discriminación cuando fueron acusados de delitos de amenazas, insultos o golpes contra su pareja. Con gran emotividad, explicaban la enorme humillación que sufrieron al pasar una noche en la comisaría detenidos en compañía de delincuentes comunes.
Porque, para ellos, no es un delincuente el hombre que pega a su mujer; al fin y al cabo siempre se ha hecho así y de tal modo han sido estructuradas las relaciones patriarcales entre el hombre y la mujer. La indignación con que esos portavoces han acogido las medidas de protección de la ley de violencia que se han conseguido implantar tras varios decenios de indefensión de las víctimas, aún en plena era democrática, les ha impulsado a arrojar calumnias y acusaciones contra las feministas. Al punto de que el propio Serrano ha presentado una querella criminal contra algunas por las críticas que le han dirigido. 
Pero lo que ni ellos ni el juez Serrano explican es que la ley mantiene las mismas garantías procesales para el denunciado que en cualquier otro caso, exigiéndole a la denunciante las pruebas indubitables del maltrato, por lo que el 55% de las denuncias se archivan sin más trámite en el juzgado. Que del 45% restante se condena aproximadamente al 70%, con lo que estas no exceden del 31,5% de todas las denuncias planteadas, y que ese 30% de absoluciones se dictan por falta de pruebas, en unos delitos que, por su propia condición, se realizan en la mayoría de los casos en el secreto del hogar común y cuando tampoco se encuentran testigos proclives a participar en el proceso. Por ello, la ONU ha declarado que «el maltrato a la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo». Por esta dificultad de la prueba, además del rechazo familiar y social y de los problemas económicos que sufren, se calcula que solo denuncian el 10% de las mujeres víctimas de violencia machista. De las 54 asesinadas en el 2009, únicamente 25 habían denunciado con anterioridad a su asesino, de lo que se infiere que ni las que solicitaron protección oficial la obtuvieron ni muchas otras, cargadas de razón, lo hacen.
Negando los malos tratos a las mujeres, acusándolas de denunciar falsamente, defendiendo a los hombres violentos, el juez Serrano está incumpliendo el mandato que por su cargo le ha encomendado la sociedad. El papel de un juez no es el de criticar la ley, sino el de aplicarla y, con sus críticas, lo que dice es que sus compañeros no saben administrar justicia. Si asegura que detienen a inocentes, no investigan los hechos, condenan sin pruebas y dictan sentencias parciales, Serrano está acusando a sus pares de prevaricación. Sería lógico esperar que los demás magistrados hubiesen hecho oír su voz en defensa de la pulcritud de su tarea. 

Pero si no hemos oído las críticas de los jueces concernidos, en cambio ha sido sorprendente el número de artículos de opinión a favor de las declaraciones de Serrano. Periodistas y escritores, conocidos por sus posiciones claramente progresistas y de quienes jamás yo diría que maltratan a su mujer, han escrito largas parrafadas justificando al juez y burlándose de las críticas que ha suscitado entre las feministas. La aceptación de las tesis de Serrano por parte de tales escritores demuestra que las relaciones hombre mujer superan las ideologías políticas y están mucho más condicionadas por las normas patriarcales enraizadas en los prejuicios y sentimientos humanos. Por eso el maltrato a la mujer sigue siendo un crimen oculto. 

Informes psicológicos en entredicho

La lucha de los padres por conseguir la custodia de sus hijos provoca que cada vez se cuestionen más los peritajes y dictámenes de los psicólogos.
JOAN MORALES - 31/01/2010 20:27

Enriqueta López es la psicóloga de una niña de nueve años, a cuya madre una juez le ha quitado su custodia después de que en el Servei Tècnic de Punt de Trobada del Camp de Tarragona, con sede en Reus, hayan dictaminado que la mujer padece el Síndrome de Munchaussen, o lo que es lo mismo, que induce a su hija a creer que está enferma para que no vaya con su padre. Esta psicóloga clínica no entiende como «después de dos entrevistas con la coordinadora de este centro y de 16 visitas, hayan podido emitir un informe en contra de la madre. Además, un servicio de esta características nunca puede diagnosticar».
Después de que el dictamen cayese en manos de la Fiscalía, la juez decidió quitar la custodia de la niña a la madre y dársela a su padre. Desde entonces, esta mujer sólo puede ver a su hija dos horas a la semana, precisamente en este Punt de Trobada, un espacio creado precisamente para situaciones de este tipo.
Éste es un ejemplo de las dudas que se han creado durante los últimos años sobre algunos dictámenes y peritajes que llevan a cabo los psicólogos, cuando se trata de luchar por la custodia de menores. En este sentido, Enriqueta López asegura que «en el Punt de Trobada han pasado de los informes psicólogicos previos que hay de la niña. Tampoco han contactado con su pediatra, el colegio o el entorno familiar materno. Es un informe que firma la coordinadora del centro, pero que no está contrastado».
Parcialidad
Por su parte, desde la Associació Tarragona per la Custòdia Compartida tampoco están demasiado satisfechos con los informes psicológicos que se emiten desde los equipos adscritos a los juzgados de Familia de la provincia de Tarragona. En un exhaustivo trabajo realizado por esta asociación se asegura que «si bien estos informes deberían ser imparciales y objetivos, la realidad es que son parciales a favor de las madres». En este sentido, el presidente de esta asociación, Andrés Prades, comenta que «son informes sexistas. Además, en todos los casos examinados de la provincia de Tarragona en que se descarta la custodia compartida, se recomienda la custodia materna y nunca la paterna».
Según consta en el trabajo realizado por la Associació Tarragona per la Custòdia Compartida, «el criterio utilizado por estos equipos de psicólogos y trabajadores sociales adscritos a los juzgados hace que muchas madres provoquen artificialmente una mala relación con el padre. Y que abogados recomienden a las madres provocar esta mala relación, con el objetivo de que no se pueda aplicar la custodia compartida».
Por último, Prades también denuncia que «hay informes psicológicos de carácter pericial que son emitidos por trabajadores sociales, no titulados ni con conocimientos del ámbito de la psicología, requerimiento obligatorio según la ley».
Comisión deontológica
El presidente de la delegación de Tarragona del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, Eugeni Salazar, recuerda que «desde la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 2001, hemos notado un aumento en las denuncias que recibimos por presuntos peritajes incorrectos. También es cierto que antes eran raras las periciales psicológicas y, en cambio, ahora se piden más, desde separaciones hasta incluso accidentes de tráfico». No obstante, Salazar aclara que «los juzgados tienen su propio servicio de peritos y aquí la responsable es la administración. Lo que hacemos desde el Col·legi de Psicòlegs es facilitar una lista de colegiados por si es necesaria su intervención».
El presidente de los psicólogos de la provincia insiste en que «si se demuestra que un peritaje psicológico es incorrecto tiene repercusiones legales, pero también económicas, porque existen pólizas de responsabilidad». Es por ello que Eugeni Salazar anima a que «si un perito hace mal su trabajo se denuncie, porque es la única manera que tenemos de controlar».