Elena Porras Sánchez, Viernes, 2 de Julio de 2010
Me causa vergüenza y cada vez más, la forma en como se pretende silenciar a aquellos que desde su posición intentan evidenciar una realidad, que viven a diario muchos ciudadanos carentes de voz, pero que sin duda molesta a muchos otros. Lo reconozco, los jueces de este país, no son precisamente, santo de mi devoción. Pero que un juez, hable sobre una ley como la de -violencia de género-, y que como ley, diga que no está siendo efectiva y acto seguido, se exponga a un expediente, sanción o inclusive pretender apartarle de la carrera judicial, como sucedió en otros casos que intentaron expresar lo mismo desde su experiencia, desde su día a día, plasmando esa realidad y a los que se les avisa, amenaza y amedrenta con que eso pueda suponer el fin de sus carreras profesionales (motivo por el cual es evidente, otros no se van a arriesgar en pronunciarse), me pregunto varias cosas.
La libertad de expresión en este país, ¿acaso existe únicamente para ustedes? esos que siguen diciendo que lo hacen todo tan correctamente, pero que lamentablemente, cada vez hay más muertes por esa violencia que ustedes denominan de género.
Quizá debiera opinar a partir de ahora sobre leyes, el panadero, que seguro según su perspectiva sabe más que ellos y además es un experto en la materia, en esa materia que ustedes dicen conocer tan bien, pero que sin embargo siguen enviando mensajes erróneos a una sociedad en la que viven "personas con miedo" (ese es el único género, el de -personas-, el que debiéramos usar, porque una víctima, es eso, víctima, independientemente de su sexo. Aparquen los sexismos porque les aseguro que algunas mujeres, estamos hasta el moño, por no utilizar otra expresión, de oírles hablar de su único género), personas que viven en el miedo, y que siguen y van a seguir así, ¿el motivo? saben a ciencia cierta, que sus métodos, sus leyes, sus verdades absolutas y sus repetitivos discursos, no les van a proteger, ni ahora ni nunca.
Y que no les cause estupor, porque les aseguro, que a expensas de que me cuelguen alguna que otra etiquetita, esas que tanto les gustan o me tachen de políticamente incorrecta, como viene siendo usual, pues actualmente viste mucho posicionarse en lo que denominan "correcto" que yo, a diferencia de la mayoría de ustedes, sé de lo que hablo.
Para aquellos que no lo sepan, les confieso, que no acostumbras a pasearte por los juzgados poniendo demandas a diestro y siniestro, principalmente porque tu miedo y ser conocedora de lo que aquel personaje es capaz de hacerte, no te lo permite. Es más, en la mayoría de las ocasiones tener la valentía de separarte ya es decir mucho; pues tu deteriorada autoestima, la vergüenza, el pánico, el sentimiento de culpa inclusive, el no saber, porque te está sucediendo, se unen en una mezcla de sensaciones, que no dejas que nadie descubra, pues la tristeza que se esconde tras tu mirada, es la única y verdadera y cruda realidad y quizá, si eres lo suficientemente afortunada (no todas las personas lo son) consigas alejarte de tu verdugo, entonces, el proceso de recuperación como poco va a ser realmente largo, pues aunque algunas cosas puedan quedar en el pasado, nada te va a privar de seguir mirando a tu espalda y preguntarte, si por fin conseguiste, ponerte a salvo.
Por eso, qué lástima que permanezcan ustedes en esa postura de no rectificar, a pesar de saber que es de sabio; porque les aseguro que muchas no nos permitimos instalarnos en el victimismo, que sin duda a través de esas denuncias falsas, que si existen, está reportando a quienes no tienen escrúpulos, un beneficio que otras jamás quisimos, pues nuestro mayor tesoro y pretensión, nunca fue el económico, sino únicamente, mantenernos un día más, con vida.
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100701/53955588661.html
Reunión de los lunes
viernes, 2 de julio de 2010
Arriba las manos, papá
30/06/2010 - Luis A. Garavito / El Progreso (Lugo)
«La cuantía de los alimentos no puede favorecer el parasitismo social». La Audiencia Provincial de Lugo tuvo que aplicar de este modo tan contundente el sentido común y el sentido de la ley para poner freno al intento de una universitaria lucense de ‘extorsionar’ a sus padres por la vía judicial. El tribunal confirmaba de este modo la sentencia de un juez de primera instancia, que había rechazado la demanda en la que la chica exigía a sus padres 800 euros al mes de pensión para sus gastos, en lugar de los 600 que le daban, ya que consideraba que sus progenitores tenían patrimonio suficiente como para financiarle una vida aún más cómoda.
El caso tiene enjundia. La chica, mayor de edad y estudiante de quinto de carrera en Santiago, recibía 600 euros al mes de sus padres, que además le facilitaban una vivienda y, por supuesto, le pagaban cualquier gasto extraordinario. Cuando sus padres se divorciaron, acordaron que cada uno de ellos le seguiría pasando 300 euros al mes; la sintonía fue total y la hija era mayor de edad, por lo que no tuvieron precaución de incluirlo en el documento del acuerdo de divorcio.
Bienes gananciales
Un error que su hija supo aprovechar: consiguió en casa el documento de bienes gananciales, en el que aparecían todas las finanzas de sus progenitores, y le pareció que había patrimonio suficiente como para que le pagaran más, por lo que los llevó a juicio para exigirles otros 200 euros mensuales, acogiéndose al derecho a la pensión alimenticia recogido en el Título VI del Código Civil.
En la demanda se cuidó muy mucho de ocultar que ya recibía 600 euros, y se le dio trámite. Los padres trataron por todos los medios de evitar el juicio, e incluso le propusieron subir a 700 euros, pero ella no dio su brazo a torcer. Y los padres decidieron que había cruzado el límite de tolerable, incluso a una hija.
El juicio oral dejó a la vista las miserias de la muchacha: no sólo no aportó dato alguno que justificara la petición, sino que quedó demostrado que los 600 le permitían incluso tener ahorros. Su único argumento -que el patrimonio de sus padres les permitía pagarle más dinero-, fue rechazado de plano por el juez en su sentencia. El Código Penal deja claro que el espíritu de esta pensión es atender «lo indispensable» y que la cuantía debe valorar tanto las posibilidades económicas del que paga como la necesidades del que la recibe.
PARASITISMO. La chica recurrió a la Audiencia Provincial. «Desde luego», sentencia la Audiencia, «600 euros, con casa gratis, matrícula en la universidad y gastos académicos, así como extraordinarios aparte, para una persona de quinto de carrera parece más que suficiente, siendo una cantidad próxima al salario mínimo interprofesional». Y remacha: «Como la jurisprudencia del Tribunal Supremo nos enseña, la cuantía de los alimentos no puede favorecer el parasitismo social».
La jugada pudo haberle salido incluso peor, ya que la defensa de los padres demostró en el juicio oral que los 600 euros no sólo eran más que suficientes para cubrir sus necesidades, sino que incluso le habían permitido ahorrar, por lo que propuso al juez que rebajara la cantidad a 400 euros.
«Se trata de un caso claro de utilización fraudulenta de la ley y de los tribunales», explica Reyes Costas, la abogada que ganó el caso para los padres, «la pensión establecida por un principio de solidaridad familiar siempre se planteó en términos de subsistencia, no para que alguien pueda vivir como un marqués a costa de su familia». Eso por lo que respecta a la vertiente judicial, porque el análisis social es aún más preocupante: no sólo refleja la pérdida de autoridad de los padres sobre los hijos amparada por el sistema, sino el trasvase de dicha autoridad a los hijos sobre los padres.
Pensión alimenticia, un derecho que obliga a padres, hijos y hermanos
El Título VI del Código Civil desarrolla el derecho a una pensión alimenticia entre parientes directos, que obliga a cónyuges, padres, hijos y, en determinadas situaciones, a hermanos. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. También la educación.
Según la abogada Reyes Costas, en Lugo ya habían dado situaciones de hijos que reclamaban pensiones a sus padres, «pero generalmente se trata de gente que está en paro y no encuentra trabajo. Ésta es la primera vez que veo un caso como el de esta universitaria». Además, Costas sospecha que en este momento de crisis y con la finalización de las ayudas al los desempleados, subirán este tipo de demandas.
http://elprogreso.galiciae.com/nova/57128.html
«La cuantía de los alimentos no puede favorecer el parasitismo social». La Audiencia Provincial de Lugo tuvo que aplicar de este modo tan contundente el sentido común y el sentido de la ley para poner freno al intento de una universitaria lucense de ‘extorsionar’ a sus padres por la vía judicial. El tribunal confirmaba de este modo la sentencia de un juez de primera instancia, que había rechazado la demanda en la que la chica exigía a sus padres 800 euros al mes de pensión para sus gastos, en lugar de los 600 que le daban, ya que consideraba que sus progenitores tenían patrimonio suficiente como para financiarle una vida aún más cómoda.
El caso tiene enjundia. La chica, mayor de edad y estudiante de quinto de carrera en Santiago, recibía 600 euros al mes de sus padres, que además le facilitaban una vivienda y, por supuesto, le pagaban cualquier gasto extraordinario. Cuando sus padres se divorciaron, acordaron que cada uno de ellos le seguiría pasando 300 euros al mes; la sintonía fue total y la hija era mayor de edad, por lo que no tuvieron precaución de incluirlo en el documento del acuerdo de divorcio.
Bienes gananciales
Un error que su hija supo aprovechar: consiguió en casa el documento de bienes gananciales, en el que aparecían todas las finanzas de sus progenitores, y le pareció que había patrimonio suficiente como para que le pagaran más, por lo que los llevó a juicio para exigirles otros 200 euros mensuales, acogiéndose al derecho a la pensión alimenticia recogido en el Título VI del Código Civil.
En la demanda se cuidó muy mucho de ocultar que ya recibía 600 euros, y se le dio trámite. Los padres trataron por todos los medios de evitar el juicio, e incluso le propusieron subir a 700 euros, pero ella no dio su brazo a torcer. Y los padres decidieron que había cruzado el límite de tolerable, incluso a una hija.
El juicio oral dejó a la vista las miserias de la muchacha: no sólo no aportó dato alguno que justificara la petición, sino que quedó demostrado que los 600 le permitían incluso tener ahorros. Su único argumento -que el patrimonio de sus padres les permitía pagarle más dinero-, fue rechazado de plano por el juez en su sentencia. El Código Penal deja claro que el espíritu de esta pensión es atender «lo indispensable» y que la cuantía debe valorar tanto las posibilidades económicas del que paga como la necesidades del que la recibe.
PARASITISMO. La chica recurrió a la Audiencia Provincial. «Desde luego», sentencia la Audiencia, «600 euros, con casa gratis, matrícula en la universidad y gastos académicos, así como extraordinarios aparte, para una persona de quinto de carrera parece más que suficiente, siendo una cantidad próxima al salario mínimo interprofesional». Y remacha: «Como la jurisprudencia del Tribunal Supremo nos enseña, la cuantía de los alimentos no puede favorecer el parasitismo social».
La jugada pudo haberle salido incluso peor, ya que la defensa de los padres demostró en el juicio oral que los 600 euros no sólo eran más que suficientes para cubrir sus necesidades, sino que incluso le habían permitido ahorrar, por lo que propuso al juez que rebajara la cantidad a 400 euros.
«Se trata de un caso claro de utilización fraudulenta de la ley y de los tribunales», explica Reyes Costas, la abogada que ganó el caso para los padres, «la pensión establecida por un principio de solidaridad familiar siempre se planteó en términos de subsistencia, no para que alguien pueda vivir como un marqués a costa de su familia». Eso por lo que respecta a la vertiente judicial, porque el análisis social es aún más preocupante: no sólo refleja la pérdida de autoridad de los padres sobre los hijos amparada por el sistema, sino el trasvase de dicha autoridad a los hijos sobre los padres.
Pensión alimenticia, un derecho que obliga a padres, hijos y hermanos
El Título VI del Código Civil desarrolla el derecho a una pensión alimenticia entre parientes directos, que obliga a cónyuges, padres, hijos y, en determinadas situaciones, a hermanos. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. También la educación.
Según la abogada Reyes Costas, en Lugo ya habían dado situaciones de hijos que reclamaban pensiones a sus padres, «pero generalmente se trata de gente que está en paro y no encuentra trabajo. Ésta es la primera vez que veo un caso como el de esta universitaria». Además, Costas sospecha que en este momento de crisis y con la finalización de las ayudas al los desempleados, subirán este tipo de demandas.
http://elprogreso.galiciae.com/nova/57128.html
Así negocian las parejas rotas la custodia de sus hijos sin necesidad de un juez
La noticia original contiene un video de 4 minutos. Para acceder a el pulsar en el enlace origianal al final de la noticia.
01/07/2010 Texto: Juan F. Cía
La mediación familiar permite a las parejas en proceso de separación alcanzar acuerdos pacíficos sobre la custodia de sus hijos sin que un juez tenga que decidir por ellos. Trinidad Bernal, directora de ATYME, explica cómo es el trabajo de los mediadores para pactar sus condiciones. Con este reportaje iniciamos una serie de artículos sobre el desarrollo de la custodia compartida en España. Ilustración: Jorge Sanabre (ATYME)
“Quiero saber cómo pueden ayudarme, he decidido separarme”, pregunta Carmen. Dos días más tarde, Antonio acude al mismo centro de mediación por recomendación de su esposa y deja clara su postura: “Yo no estoy dispuesto a divorciarme, no perderé a mis hijos”. Cientos de parejas con problemas de convivencia como Carmen y Antonio solicitan ayuda cada año para alcanzar un acuerdo sobre la custodia de sus hijos.
La mediación familiar permite a las parejas en proceso de separación pactar las condiciones de la ruptura de una forma pacífica. Uno de los centros dedicados a esa labor es ATYME (Atención y Mediación a la Familia en Proceso de Cambio), con financiación pública del Ministerio de Sanidad y Política Social desde 1990.
“Nosotros tratamos a más de 200 parejas al año, de las que un 84% alcanzan un acuerdo final que les permite ir al juzgado sin intervención previa de abogados y jueces”, asegura orgullosa Trinidad Bernal, directora de ATYME. De ese porcentaje de parejas que lo consiguen, “un 93% mantienen su palabra en el tiempo”, insiste Bernal.
Con quién vivirán los hijos, en qué vivienda, durante cuánto tiempo o cómo se repartirán los gastos de su cuidado son algunas de las premisas que se negocian en ese pacto extrajudicial. “Nosotros preferimos el término responsabilidad compartida”, reconoce Bernal, “porque no partimos de la premisa de un 50% del tiempo para la madre y otro 50% para el padre”. “Cada familia es diferente y la prioridad es satisfacer las necesidades de los niños”, concluye.
El programa de mediación familiar
En la mayoría de casos, la persona que toma la decisión de separarse es la que finalmente acude a este tipo de centros para informarse. El miedo a equivocarse o perder a sus hijos, los sentimientos de culpa o tristeza o la necesidad de acelerar el proceso de ruptura la llevan a pedir ayuda. Sin embargo, la mediación obliga a contar con la pareja.
Una vez que ambos aceptan someterse al programa, empieza un proceso informativo hecho a medida de cada pareja (número y edades de los hijos, profesiones, modelo y hábitos de vida) en el que se trabaja dos aspectos fundamentales: la eliminación de los roles preestablecidos y la falsa atribución de culpas de la ruptura. Después, se explican cuál será la nueva estructura familiar y las condiciones del convenio regulador.
“Muchas personas acuden a nosotros en busca de derechos legales, pero nosotros sólo nos centramos en los derechos emocionales y personales”, puntualiza Bernal. La custodia de los hijos, el reparto de bienes, el uso del domicilio familiar y las pensiones atribuibles a cada uno de los cónyuges van contenidas en el acuerdo. “Ellos llegan a pactos realistas sobre lo que pueden ofrecer o no a sus hijos”, remata la experta.
La firma del acuerdo es la culminación de ese trabajo. "Así ellos consiguen decidir por sí mismos sobre sus hijos sin la intervención de abogados, fiscales de menores y jueces", afirma Bernal. Ese pacto dentro de la pareja puede presentarse posteriormente en un juzgado y ser ratificado por un juez. "Sólo en casos extremos como el despido de uno de los antiguos cónyuges o una nueva relación suelen producirse un incumplimiento del acuerdo", remata.
Mediadores: 'arquitectos' de una nueva vida
Los 'arquitectos' de esos acuerdos son los mediadores, en su mayoría psicólogos y abogados con una formación específica en esta disciplina. "La mayoría de nuestros asesores son licenciados en psicología o derecho y luego tienen un curso de 300 horas en mediación", dice Bernal. Sin embargo, no sólo se trabaja con la formación de los expertos, también con sus propias emociones. "Es más fácil responder convenientemente a las emociones ajenas si primero uno ha trabajado con las propias", remata.
Ninguno de estos profesionales toma decisiones por los cónyuges ni tampoco orienta sus opiniones sobre lo que les sucede. "Nosotros siempre analizamos en equipo, eso nos permite mantener la independencia", asegura la experta, "es complicado perderla si los procesos son supervisados siempre por más de un mediador", concluye.
Un cómic para aprender a separarse (imagen al principio de la noticia)
Para explicar de una forma sencilla qué es la mediación, ATYME ha editado por su 20 cumpleaños una guía donde se insertan viñetas de cómic. "Cuando una persona se separa, lo último que le apetece es leer mucho", afirma la directora. "Por eso decidimos incluir las animaciones, para evitar esa molestia", reconoce Bernal.
Matilde y Juan son los protagonistas animados de una historia que ayuda a muchas parejas a conocer el centro, entender cuál es la ayuda que se les ofrece y saber a qué tipo de acuerdos pueden acceder.
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/divorcio/asi-negocian-las-parejas-rotas-la-custodia-de-sus-hijos-sin-necesidad-de-un-juez_DsAlE9mqNczU70MBw8Epe3/
01/07/2010 Texto: Juan F. Cía
La mediación familiar permite a las parejas en proceso de separación alcanzar acuerdos pacíficos sobre la custodia de sus hijos sin que un juez tenga que decidir por ellos. Trinidad Bernal, directora de ATYME, explica cómo es el trabajo de los mediadores para pactar sus condiciones. Con este reportaje iniciamos una serie de artículos sobre el desarrollo de la custodia compartida en España. Ilustración: Jorge Sanabre (ATYME)
“Quiero saber cómo pueden ayudarme, he decidido separarme”, pregunta Carmen. Dos días más tarde, Antonio acude al mismo centro de mediación por recomendación de su esposa y deja clara su postura: “Yo no estoy dispuesto a divorciarme, no perderé a mis hijos”. Cientos de parejas con problemas de convivencia como Carmen y Antonio solicitan ayuda cada año para alcanzar un acuerdo sobre la custodia de sus hijos.
La mediación familiar permite a las parejas en proceso de separación pactar las condiciones de la ruptura de una forma pacífica. Uno de los centros dedicados a esa labor es ATYME (Atención y Mediación a la Familia en Proceso de Cambio), con financiación pública del Ministerio de Sanidad y Política Social desde 1990.
“Nosotros tratamos a más de 200 parejas al año, de las que un 84% alcanzan un acuerdo final que les permite ir al juzgado sin intervención previa de abogados y jueces”, asegura orgullosa Trinidad Bernal, directora de ATYME. De ese porcentaje de parejas que lo consiguen, “un 93% mantienen su palabra en el tiempo”, insiste Bernal.
Con quién vivirán los hijos, en qué vivienda, durante cuánto tiempo o cómo se repartirán los gastos de su cuidado son algunas de las premisas que se negocian en ese pacto extrajudicial. “Nosotros preferimos el término responsabilidad compartida”, reconoce Bernal, “porque no partimos de la premisa de un 50% del tiempo para la madre y otro 50% para el padre”. “Cada familia es diferente y la prioridad es satisfacer las necesidades de los niños”, concluye.
El programa de mediación familiar
En la mayoría de casos, la persona que toma la decisión de separarse es la que finalmente acude a este tipo de centros para informarse. El miedo a equivocarse o perder a sus hijos, los sentimientos de culpa o tristeza o la necesidad de acelerar el proceso de ruptura la llevan a pedir ayuda. Sin embargo, la mediación obliga a contar con la pareja.
Una vez que ambos aceptan someterse al programa, empieza un proceso informativo hecho a medida de cada pareja (número y edades de los hijos, profesiones, modelo y hábitos de vida) en el que se trabaja dos aspectos fundamentales: la eliminación de los roles preestablecidos y la falsa atribución de culpas de la ruptura. Después, se explican cuál será la nueva estructura familiar y las condiciones del convenio regulador.
“Muchas personas acuden a nosotros en busca de derechos legales, pero nosotros sólo nos centramos en los derechos emocionales y personales”, puntualiza Bernal. La custodia de los hijos, el reparto de bienes, el uso del domicilio familiar y las pensiones atribuibles a cada uno de los cónyuges van contenidas en el acuerdo. “Ellos llegan a pactos realistas sobre lo que pueden ofrecer o no a sus hijos”, remata la experta.
La firma del acuerdo es la culminación de ese trabajo. "Así ellos consiguen decidir por sí mismos sobre sus hijos sin la intervención de abogados, fiscales de menores y jueces", afirma Bernal. Ese pacto dentro de la pareja puede presentarse posteriormente en un juzgado y ser ratificado por un juez. "Sólo en casos extremos como el despido de uno de los antiguos cónyuges o una nueva relación suelen producirse un incumplimiento del acuerdo", remata.
Mediadores: 'arquitectos' de una nueva vida
Los 'arquitectos' de esos acuerdos son los mediadores, en su mayoría psicólogos y abogados con una formación específica en esta disciplina. "La mayoría de nuestros asesores son licenciados en psicología o derecho y luego tienen un curso de 300 horas en mediación", dice Bernal. Sin embargo, no sólo se trabaja con la formación de los expertos, también con sus propias emociones. "Es más fácil responder convenientemente a las emociones ajenas si primero uno ha trabajado con las propias", remata.
Ninguno de estos profesionales toma decisiones por los cónyuges ni tampoco orienta sus opiniones sobre lo que les sucede. "Nosotros siempre analizamos en equipo, eso nos permite mantener la independencia", asegura la experta, "es complicado perderla si los procesos son supervisados siempre por más de un mediador", concluye.
Un cómic para aprender a separarse (imagen al principio de la noticia)
Para explicar de una forma sencilla qué es la mediación, ATYME ha editado por su 20 cumpleaños una guía donde se insertan viñetas de cómic. "Cuando una persona se separa, lo último que le apetece es leer mucho", afirma la directora. "Por eso decidimos incluir las animaciones, para evitar esa molestia", reconoce Bernal.
Matilde y Juan son los protagonistas animados de una historia que ayuda a muchas parejas a conocer el centro, entender cuál es la ayuda que se les ofrece y saber a qué tipo de acuerdos pueden acceder.
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/divorcio/asi-negocian-las-parejas-rotas-la-custodia-de-sus-hijos-sin-necesidad-de-un-juez_DsAlE9mqNczU70MBw8Epe3/
Home Actualidad Opinión Síndrome de Alienación Parental y Custodia Compartida
Martes, 29 de Junio de 2010
La Asociación de Padres de Familia Separados de Baleares (APFS) hace saber su indignación por la cancelación de la conferencia programada en el Casal Ernest Lluch en una clara expresión de coartar el derecho ciudadano a la libertad de expresión. Con el título “Síndrome de Alienación Parental (SAP) y Custodia Compartida, mito y realidad” la conferencia de entrada libre y gratuita iba a ser impartida por el Psicólogo forense Julio Bronchal, especialmente invitado para la ocasión por la APFS Baleares.
La Consellería de Salut i Consum de Les Illes Baleares ha ejercido su poder represor para cancelar el evento, sin justificación alguna y sin comunicarlo oficialmente, toda vez que había sido solicitado el permiso correspondiente en tiempo y forma, con información detallada del título y ponente y que la sala ya estaba concedida.
Activitas feministas radicales, entre las que se encontraría la periodista feminista Leonor Taboaba y la secretaria de Igualdad del PSIB Silvia Cano, apuntan como instigadoras de la acción del Govern, quienes habrían informado al Conseller de Sanidad de la organización del evento en el Casal de asociaciones que posee en la calle Rosa nº 3 y en el cual tiene su sede oficial la misma APFS Baleares.
La reacción fue la fulminante cancelación de la conferencia mediante una noticia aparecida en la prensa con declaraciones expresas del conseller Vicenç Thomás, quien calificó a nuestra asociación de “lobby” y acusó a la APFS de basar nuestra “estrategia en la existencia de su supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP) negado por la comunidad científica y cuestionado por el propio Ministerio de Igualdad”. No tuvo tampoco miramientos a la hora de atacar al ponente y al propio presidente de la APFS Baleares por haber “amenazado con ejercer fuera porque le ‘imponían ’el catalán”.
Thomás dijo además a la prensa: “Inmediatamente actué” expulsando a la APFS Baleares de su sede social en el Casal Ernest Lluch, en un acto de clara represión institucional sobre una asociación libre desde un estamento público de gobierno.
Siguiendo en la misma línea La APFS Baleares contradice al conseller al afirmar que no es un lobby ni entró de “okupa” en el Casal de su competencia como dice Thomás. Está formalmente constituida y registrada en el registro de asociaciones de Baleares y en el registro de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Palma. El despacho que le fue adjudicado a la asociación se hizo en virtud de una solicitud formal y entrega de llaves. Además una placa son el logotipo de la APFS luce en la entrada del Casal, junto a las de otras 15 asociaciones instaladas allí, desde enero de este año
Desde la APFS consideramos que la cancelación de la conferencia por parte del Govern Balear debido a presiones feministas constituye un grave atropello a la libertad de expresión, un derecho fundamental reconocido por la constitución española y que se ha vulnerado con alevosía en este caso. Las declaraciones del Conseller Vicenç Thomás y la expulsión de la APFS Baleares de su sede podrían constituir un grave delito.
Por todo ello la APFS Baleares y su asociación matriz la APFS Nacional emprenderán las acciones que consideren oportunas para limpiar su buen nombre acerca de las falsas e injuriosas acusaciones emitidas desde la Consellería de Sanidad
Finalmente, la conferencia fue realizada en el Colegio de Psicólogos de Baleares
http://www.palmaelperiodico.es/index.php/es/actualidad/opinion/50/2258-sindrome-de-alienacion-parental-y-custodia-compartida
La Asociación de Padres de Familia Separados de Baleares (APFS) hace saber su indignación por la cancelación de la conferencia programada en el Casal Ernest Lluch en una clara expresión de coartar el derecho ciudadano a la libertad de expresión. Con el título “Síndrome de Alienación Parental (SAP) y Custodia Compartida, mito y realidad” la conferencia de entrada libre y gratuita iba a ser impartida por el Psicólogo forense Julio Bronchal, especialmente invitado para la ocasión por la APFS Baleares.
La Consellería de Salut i Consum de Les Illes Baleares ha ejercido su poder represor para cancelar el evento, sin justificación alguna y sin comunicarlo oficialmente, toda vez que había sido solicitado el permiso correspondiente en tiempo y forma, con información detallada del título y ponente y que la sala ya estaba concedida.
Activitas feministas radicales, entre las que se encontraría la periodista feminista Leonor Taboaba y la secretaria de Igualdad del PSIB Silvia Cano, apuntan como instigadoras de la acción del Govern, quienes habrían informado al Conseller de Sanidad de la organización del evento en el Casal de asociaciones que posee en la calle Rosa nº 3 y en el cual tiene su sede oficial la misma APFS Baleares.
La reacción fue la fulminante cancelación de la conferencia mediante una noticia aparecida en la prensa con declaraciones expresas del conseller Vicenç Thomás, quien calificó a nuestra asociación de “lobby” y acusó a la APFS de basar nuestra “estrategia en la existencia de su supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP) negado por la comunidad científica y cuestionado por el propio Ministerio de Igualdad”. No tuvo tampoco miramientos a la hora de atacar al ponente y al propio presidente de la APFS Baleares por haber “amenazado con ejercer fuera porque le ‘imponían ’el catalán”.
Thomás dijo además a la prensa: “Inmediatamente actué” expulsando a la APFS Baleares de su sede social en el Casal Ernest Lluch, en un acto de clara represión institucional sobre una asociación libre desde un estamento público de gobierno.
Siguiendo en la misma línea La APFS Baleares contradice al conseller al afirmar que no es un lobby ni entró de “okupa” en el Casal de su competencia como dice Thomás. Está formalmente constituida y registrada en el registro de asociaciones de Baleares y en el registro de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Palma. El despacho que le fue adjudicado a la asociación se hizo en virtud de una solicitud formal y entrega de llaves. Además una placa son el logotipo de la APFS luce en la entrada del Casal, junto a las de otras 15 asociaciones instaladas allí, desde enero de este año
Desde la APFS consideramos que la cancelación de la conferencia por parte del Govern Balear debido a presiones feministas constituye un grave atropello a la libertad de expresión, un derecho fundamental reconocido por la constitución española y que se ha vulnerado con alevosía en este caso. Las declaraciones del Conseller Vicenç Thomás y la expulsión de la APFS Baleares de su sede podrían constituir un grave delito.
Por todo ello la APFS Baleares y su asociación matriz la APFS Nacional emprenderán las acciones que consideren oportunas para limpiar su buen nombre acerca de las falsas e injuriosas acusaciones emitidas desde la Consellería de Sanidad
Finalmente, la conferencia fue realizada en el Colegio de Psicólogos de Baleares
http://www.palmaelperiodico.es/index.php/es/actualidad/opinion/50/2258-sindrome-de-alienacion-parental-y-custodia-compartida
El TS rechaza la demanda de la madre de Iván y Sara por error judicial del juez Serrano
Viernes, 2 de Julio de 2010
La Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la demanda interpuesta por la representación jurídica de Carmen Fernández -la madre de Iván y Sara, a quien la Junta le retiró sus hijos de manera irregular- contra el juez de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, por haber suspendido la entrega de una indemnización por daños y perjuicios de 1.703.600 euros, motivo por el que Carmen Fernández solicitaba al Supremo el pago de 70.000 euros en concepto de quebranto patrimonial.
En la sentencia, fechada el día 23 de abril de 2010 y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal Supremo acuerda desestimar la demanda de declaración de error judicial interpuesta por el abogado de Carmen Fernández contra el auto dictado el 13 de junio de 2006, en el que el juez Serrano acordó denegar la entrega de este dinero consignado por la Junta de Andalucía en concepto de indemnización de daños y perjuicios, resolución que fue revocada por la Audiencia Provincial el 27 de abril de 2007.
http://www.abcdesevilla.es/20100701/sevilla/rechaza-demanda-madre-ivan-201007011403.html
La Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la demanda interpuesta por la representación jurídica de Carmen Fernández -la madre de Iván y Sara, a quien la Junta le retiró sus hijos de manera irregular- contra el juez de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, por haber suspendido la entrega de una indemnización por daños y perjuicios de 1.703.600 euros, motivo por el que Carmen Fernández solicitaba al Supremo el pago de 70.000 euros en concepto de quebranto patrimonial.
En la sentencia, fechada el día 23 de abril de 2010 y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal Supremo acuerda desestimar la demanda de declaración de error judicial interpuesta por el abogado de Carmen Fernández contra el auto dictado el 13 de junio de 2006, en el que el juez Serrano acordó denegar la entrega de este dinero consignado por la Junta de Andalucía en concepto de indemnización de daños y perjuicios, resolución que fue revocada por la Audiencia Provincial el 27 de abril de 2007.
http://www.abcdesevilla.es/20100701/sevilla/rechaza-demanda-madre-ivan-201007011403.html
Las mujeres tienen más vocación empresarial pero mandan los hombres
Viernes, 2 de Julio de 2010
Las mujeres suponen el 55% de los que asisten a cursos de emprendedores.
Las participantes en el encuentro han constatado que la gran mayoría de las empresas familiares madrileñas están lideradas por hombres, y que su futuro pasa por incorporar nuevos elementos productivos y de organización para poder ser competitivas. Entre esos elementos está la necesidad de atraer y retener el talento que aportan una generación de mujeres perfectamente preparadas y capacitadas para asumir los puestos de dirección. El Programa Lidera potencia el liderazgo femenino en la empresaVarios porgramas ayudan a la incorporación de las mujeres a los puestos de dirección, entre ellos, el Programa Lidera. Es un proyecto pionero en España y por el que ya se han interesado varios países de la Unión Europea, que potencia el liderazgo femenino y su proyección profesional en puestos de decisión, a través de actuaciones como Lidera Habilidades –que ofrece formación para el liderazgo, orientación y asesoramiento profesional– o Lidera Becas, que ya ha permitido a casi 450 mujeres madrileñas cursar un máster en las mejores escuelas de negocios de España.
Según los datos del Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid, más del 55% de los casi 11.000 alumnos que han participado en alguno de sus cursos formativos son mujeres, que también han presentado casi el 60% de los planes de empresa validados por los profesionales de este servicio
Las mujeres suponen el 55% de los que asisten a cursos de emprendedores.
La mayoría de las empresas familiares tienen jefe.
Los cursos para emprendedores tienen un 55% de alumnas.
Varios programas ayudan a la incorporación femenina a la dirección
La mayoría de las empresas familiares de Madrid están lideradas por hombres, aunque más del 55 % de los participantes en los cursos formativos para emprendedores son mujeres, según datos de la Comunidad de Madrid. Las empresas familiares generan la mitad del empleo privado.
En el segundo encuentro Mujeres en primera línea, organizado en colaboración con la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), mujeres directivas de distintas empresas familiares de Madrid compartieron sus experiencias. Este tipo de compañías tienen un gran peso en la economía madrileña, ya que representan el 63% del total del tejido empresarial de la región y generan la mitad del empleo privado de Madrid, con casi 1,5 millones de trabajadores.Las participantes en el encuentro han constatado que la gran mayoría de las empresas familiares madrileñas están lideradas por hombres, y que su futuro pasa por incorporar nuevos elementos productivos y de organización para poder ser competitivas. Entre esos elementos está la necesidad de atraer y retener el talento que aportan una generación de mujeres perfectamente preparadas y capacitadas para asumir los puestos de dirección. El Programa Lidera potencia el liderazgo femenino en la empresaVarios porgramas ayudan a la incorporación de las mujeres a los puestos de dirección, entre ellos, el Programa Lidera. Es un proyecto pionero en España y por el que ya se han interesado varios países de la Unión Europea, que potencia el liderazgo femenino y su proyección profesional en puestos de decisión, a través de actuaciones como Lidera Habilidades –que ofrece formación para el liderazgo, orientación y asesoramiento profesional– o Lidera Becas, que ya ha permitido a casi 450 mujeres madrileñas cursar un máster en las mejores escuelas de negocios de España.
Según los datos del Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid, más del 55% de los casi 11.000 alumnos que han participado en alguno de sus cursos formativos son mujeres, que también han presentado casi el 60% de los planes de empresa validados por los profesionales de este servicio
jueves, 1 de julio de 2010
Legislar contra el amor: La Ley de Violencia de Género y la construcción del Estado policial
Prado Esteban Diezma 20/6/2010
Tal normativa tiene efectos muy beneficiosos para seguir ampliando el estado militar y policial y la judicialización de la vida social.
Tal normativa tiene efectos muy beneficiosos para seguir ampliando el estado militar y policial y la judicialización de la vida social.
Legislar contra el amor: La Ley de Violencia de Género y construcción del Estado policial y totalitario
La ley de Violencia de Género de 2004 (en adelante LOVG) fue aprobada por unanimidad en un parlamento mayoritariamente masculino (solo el 36% de los parlamentarios eran mujeres). La anuencia general que ha tenido esta legislación expresa su importancia capital para el Estado y la sitúa en la misma categoría que las directrices fundamentales del sistema como lo es la Constitución de 1978.
Los datos de su aplicación son estremecedores: El 13% de la población reclusa son varones castigados por delitos tipificados en la ley, delitos que, de ser cometidos por mujeres tendrían la categoría de faltas y no conllevarían penas de cárcel. Durante los primeros cinco años de vida de la ley más de cien mil hombres han sufrido algún tipo de condena o medida penal. El gobierno considera que las cien mil denuncias anuales que se producen no representan sino la cuarta parte de las que se deberían poner1 por lo que hay que calcular que si los varones encarcelados por violencia de género son nueve mil en este momento podrían llegar pronto a las treinta y seis mil, es decir, incrementaría la población reclusa en un 50% creándose auténticos campos de concentración. Por otro lado, la aplicación de esta norma no solo no ha resuelto el problema de la muerte de mujeres por sus parejas sino que las víctimas2 han seguido aumentando como producto precisamente del enconamiento, el resentimiento y la hostilidad que la ley genera en las relaciones entre los sexos.
Tal normativa tiene efectos muy beneficiosos para la máquina estatal capitalista que azuza la discordia entre mujeres y hombres como pretexto para seguir ampliando el estado militar y policial y la judicialización de la vida social a la vez que ensaya procedimientos excepcionales para el control y dominación de la población civil como las pulseras de seguimiento y vigilancia y para la manipulación mental masiva a través de las medidas (judiciales o no) de reeducación como las que actualmente se llevan a cabo con los hombres para la creación de lo que llaman la “nueva masculinidad”.
Apropiándose del discurso de la emancipación y la liberación femenina el feminismo de Estado hace aceptable una legislación que es, en los hechos, un régimen de excepción, con juzgados especiales y aplicación del derecho penal del enemigo a una parte de la población a la que se impone la presunción de culpabilidad genérica. La aplicación de estas medidas justifica el crecimiento imparable de las diversas policías y la Guardia Civil que aumentan al ritmo del 5% anual3, con un porcentaje de mujeres que en el Centro de Formación de Policía de Ávila que es ya del 19% para la escala básica mientras en la escala ejecutiva son el 56% de los aspirantes, algunas féminas han llegado a lo más alto del poder policial y estatal como Elena Sánchez, secretaria general del CNI o Concepción de la Vega, jefa superior de policía en Canarias.
Pero lo que es un monstruoso crecimiento del Estado represivo se presenta con tintes progresistas y liberadores de defensa de los oprimidos (las mujeres) y restablecimiento de la justicia social, por lo que la policía ya no es vista como institución para la tortura y la brutalidad contra la gente común sino como una ONG de salvadores y salvadoras de débiles féminas. La LOVG, sin embargo, no es un caso único, forma parte del vasto plan de ampliación de los instrumentos de la violencia estatal llevada a cabo por los gobiernos de la socialdemocracia desde 2004 y que incluyen un conjunto de leyes y la reciente reforma del Código Penal.
Además cientos de miles de mujeres están hoy de forma creciente en íntimo y diario contacto con los aparatos represivos, las continuas visitas a las comisarías o los cuartelillos de la Guardia Civil, la simpatía con la que se ve a sus miembros, el adoctrinamiento en el odio irracional a los hombres, incrementará, en los años venideros, el número de confidentes y colaboradoras con esos cuerpos y sentará las bases para la creación de grupos parapoliciales femeninos como un moderno Somatén que defenderá el sistema de dominación con las armas si hace falta.
El sexismo, que es la esencia la LOVG, es una ideología de la misma naturaleza que el racismo pues es un esencialismo biológico. De la misma manera que los nazis usaron el sentimiento antijudío para constituir su base de masas instigando el odio irracional y alimentando el emocionalismo más exaltado, el prejuicio androfóbico está siendo utilizado hoy por el poder con la misma función. Esta doctrina y los hábitos y pautas de conducta que el aleccionamiento incesante y la aplicación de las leyes llamadas de discriminación positiva crean en las mujeres harán renacer las filosofías y las organizaciones de corte fascista que, en muchos casos, tendrán rostro femenino4. Por este motivo entre las fuentes de las que se nutre el feminismo de Estado se encuentran corrientes que han sido inicuamente calificadas de antisistema como el movimiento SCUM que ya desde su propio nombre (sus siglas significan Sociedad para el Exterminio del Hombre) es un alegato fascista.
Con ser la represión el aspecto más llamativo no es el único, ni el más importante, elemento inquietante de una ley que pretende transformar de forma radical e irrevocable las ideas, conductas y pautas culturales que han organizado históricamente los vínculos entre mujeres y hombres. En primer lugar define todas las relaciones entre los sexos como relaciones de poder y de dominio afirmando que, desde tiempos inmemoriales, los hombres han abusado de las mujeres5 y utilizado la agresión contra ellas por el lugar privilegiado que ocupan en la sociedad. Afirman, asimismo, que la violencia de los varones hacia las féminas es estructural, es decir, se produce por el hecho de ser mujeres y no tiene una causa concreta. Paradójicamente los hombres solo son opresores para las mujeres cuando tienen lazos afectivo-sexuales con ellas pero no cuando son empresarios, gobernantes, policías, jueces, gerifaltes mediáticos u otros con poder; de lo que cabe deducir que no es una ley contra los hombres sin más sino contra las relaciones afectivo-sexuales, los vínculos y las instituciones naturales de convivencia. Resulta sorprendente que esta descabellada e insensata argumentación haya calado de forma tan rotunda en una parte significativa del cuerpo social.
Con tales discursos se alienta en muchas mujeres una ideología victimista, que reclama el derecho a ser débil a la vez que cultiva el rencor y el resentimiento más áspero hacia los varones, un rechazo irracional que anula las capacidades reflexivas e intelectivas en las féminas que lo sostienen y que provoca actitudes y sentimientos de agravio y de inferioridad y una agresiva ferocidad hacia el otro sexo. De hecho la ley al establecer la especial vulnerabilidad de las mujeres, su necesidad de excepcional protección hace gala de un machismo mostrenco pues sustituye la tutela marital que establecía el Código Civil de 1889 por la del Estado y sus instituciones y funcionarios, fundando de esta manera un neo-patriarcado estatal, que las no solo las “ampara” sino que hace recaer en ellas privilegios y ventajas innegables a cambio de la obligación de guardarle obediencia y servirle en todo. No podemos descartar, no obstante, que en un futuro próximo se incite la aparición de nuevas corrientes misóginas y machistas que expandan la llama de la discordia y la escisión.
La psicosis colectiva que los medios de adoctrinamiento y manipulación mental han conseguido crear con el argumento de la violencia de género oculta el aterrador crecimiento del enfrentamiento, las agresiones y los crímenes en el seno de la comunidad de los iguales. Muchos adolescentes (varones y mujeres por igual) maltratan a sus familias, especialmente a sus madres -que aunque son mujeres no son defendidas especialmente por las instituciones estatales-. Muchos ancianos, mayormente ancianas, pues son más longevas, sufren abandono y agresión física y emocional por sus allegados o sus cuidadores o cuidadoras. Innumerables niños y niñas pequeños padecen la falta de cariño y de cuidados de unos madres y padres que no les entienden ni les aman. Los actos de violencia y crueldad protagonizados por mujeres han crecido de forma horripilante en los últimos años. Todo ello es inducido por el Estado a través de la manipulación de las conciencias que lleva a cabo la industria de la cultura, el cine, el sistema educativo etc. y la creación de hábitos y conductas anti-convivenciales que genera la legislación que normativiza los procesos y prácticas que antes se producían en el seno de la comunidad y al margen de las instituciones por el acuerdo entre pares y a través de la colaboración y el entendimiento.
La incapacidad de la sociedad civil para enfrentarse con tan descomunal hecatombe de las costumbres permite que el poder tiránico del Estado se presente como salvador aportando lo que le es más propio, la organización de la violencia institucionalizada. Quebrados los lazos interhumanos, la policía y los ejércitos aparecen como garantes de la civilización haciendo buena la profecía hobbessiana sobre que somos fieras y depredadores por naturaleza6
La influencia de las leyes en la convivencia social y la cosmovisión y hábitos de los individuos no ha de ser menospreciada pues el cuerpo legal del sistema lejos de ser consecuencia de la realidad social es, más a menudo, causa de esa misma realidad que es previamente buscada por los legisladores, así sucede con la LOVG que está consiguiendo la destrucción de lo poco que quedaba de las instituciones naturales de vida social, a saber, los vínculos afectivos-sexuales y las relaciones familiares de convivencia y parentesco pues si los de abajo están divididos, o mejor aún, atomizados, el sistema de dominación se fortalecerá de manera colosal. Una sociedad unida, estructurada, dotada de cultura, y capacidad para vivir en común, con posibilidad de dotarse de fines elegidos y aspiraciones compartidas es un duro enemigo del Estado que queda así muy disminuido en sus prerrogativas y posibilidades de acción.
Por ello la segregación es el camino para el triunfo del absolutismo estatal, primero se separó a los jóvenes de los adultos, luego a los niños de los mayores, a los ancianos de la sociedad en general y finalmente a los hombres de las mujeres, de esta manera todos, aislados y solitarios, disminuidos, irresponsables y entontecidos por la falta de experiencia social, pueden ser mejor sometidos y dominados por las instituciones del poder.
Si el patriarcado del pasado se basó en la familia y el control de las relaciones que en ella se establecen –un sometimiento que siempre fue parcial y limitado- el actual se fundará sobre la destrucción de todas las instituciones naturales de convivencia, en la creación de un individuo, ya no plenamente humano, por la pérdida de la mayor parte de las capacidades de relación íntima y afectiva con sus iguales, en ello tendrá un papel fundamental el odio sexista introducido por el feminismo de Estado que aspira a la destrucción de los valores y capacidades positivas que conservan las mujeres y que nos convertirá, si no lo remediamos, en seres solitarios y egoístas, ajenos a la moral y el recto obrar en nuestra vida pública y privada, empobrecidas de práctica mental reflexiva y, en general, de vida psíquica y espiritual alguna, ajenas al amor y a las necesidades humanas auténticas.
Resulta incoherente que cierto “radicalismo”, que se llama a sí mismo antisistema, ejerza de vocero de las consignas del poder jaleando el desencuentro entre mujeres y hombres, señalando como agresiones los actos más inocentes y triviales7, y poniéndose en todo a las órdenes de la socialdemocracia que los usa como mano de obra en sus proyectos. Debemos ser conscientes de que mientras siga atizándose la pugna entre los sexos, la agresión, la violencia y el crimen seguirán creciendo sin remedio. Las relaciones entre las mujeres y los hombres tienen que fundarse en la simpatía, el afecto, la fraternidad y el amor, no en el miedo, la incomprensión y el desconocimiento y el odio pues solo unidos se puede hacer frente al sistema de dominación.
A modo de resumen:
1. La violencia entre los sexos es completamente rechazable pero, al contrario de lo que dice el feminismo de Estado no resulta de un solo factor –la cultura machista y el patriarcado- sino de dos, a saber, la trágica naturaleza de la condición humana que nos convierte en fieras en ciertas circunstancias y la acción del propio Estado que a través de la ley y la manipulación de las conciencias divide, enfrenta y fragmenta la sociedad civil para aumentar su poder, siendo este segundo el agente decisivo en el momento actual.
2. No es admisible que quienes dicen oponerse al Estado defiendan la LOVG o, sin mencionarla sustenten sus concepciones sexistas y androfóbicas y alienten la guerra de los sexos.
3. Debe denunciarse la LOVG como una ley que proyecta el Estado policial y la represión indiscriminada contra la población y además impone la intervención del poder en la vida íntima de los individuos.
4. Debe condenarse asimismo su función “educativa” para imponer a la sociedad los disvalores del odio, el egoísmo y la inmoralidad, su carácter machista y neopatriarcal pues presenta a las mujeres como seres incompetentes y nos pone bajo la tutela del Estado. Las mujeres debemos oponernos de forma contundente a esas medidas que supuestamente nos protegen.
5. Condenar y criticar la ley no es suficiente, es necesario bregar por la recuperación de los saberes, las conductas, las prácticas, los hábitos y las instituciones que rigen la convivencia entre iguales.
6. Las mujeres y los hombres tienen que rescatar las habilidades, los instrumentos y capacidades para elegirse y convivir rescatando el amor como vínculo sublime y excepcional y el sexo como potencia unitiva de enorme valor. Las relaciones íntimas entre las personas deben dejar de ser intervenidas por el Estado y tenemos que aspirar a que lleguen a ser ajenas a cualquier intromisión política.
Prado Esteban Diezma / pradoesteban@hotmail.com
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