Día 04/10/2011
El juez Francisco Serrano ayer en el TSJA
El permanente apoyo de la fiscal jefe a la acusación particular en todo el proceso ante la Audicencia Provincial primero, que ya resolvió a favor del juez en dos autos, y de la Fiscalía del TSJA posteriormente ha sido interpretado por determinadas asociaciones contrarias a la Ley de Violencia de Género como «sospechosa» de un posicionamiento más político que jurídico. La Fiscalía se ha alineado con las tesis de la acusación que trata el caso como «corrupción judicial» al considerar que tras la decisión del juez hay un encuentro de intereses con el abogado del padre del menor, enfrentado en un duro proceso de divorcio en otras instancias. La Audiencia Provincial ya ha dictado dos autos asegurando la total legalidad de la actuación del juez que por el mismo asunto juzga ahora el TSJA. Para los colectivos del ámbito judicial que la semana pasada firmaban un manifiesto de apoyo al juez Serrano, éste es un ejemplo del mal momento por el que atraviesa la Justicia.
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía celebra desde ayer en Granada el juicio contra el juez de familia 7 de Sevilla, Francisco Serrano, acusado de presunta prevaricación. El proceso puede acabar con su carrera si, como pide la acusación, se le inhabilita durante 20 años. El asunto: modificar el turno de custodia de un menor en un día y medio para que saliera en una procesión de Semana Santa. El juez de familia, aduciendo urgencia y defensa del derecho del menor, adoptó una decisión, que a juicio de la Fiscalía debería haber tomado el juzgado de Violencia contra la Mujer, que tramitó el divorcio de los padres del menor al mediar una demanda de malos tratos. Por el momento, el juez Serrano está suspendido, pero reconoce públicamente que se siente condenado a la llamada «pena de banquillo» y «perseguido». El juicio llega poco tiempo después de que este juez sevillano denunciara el «efecto perverso» de la Ley Integral de Violencia de Género, pues dice que permite situaciones de abuso. Frases como: «En la dictadura del feminismo radical, miles de hombres son detenidos cada año por denuncias falsas de violencia machista», han convertido al juez en todo un símbolo nacional de las asociaciones de padres separados y de otras tantas que denuncian los abusos de una ley que, aseguran, fomenta la presentación de denuncias falsas para tramitar con ventaja divorcios en los juzgados de Violencia de Género. Serrano es por tanto no sólo un experimentado juez de familia, sino también un reconocido disidente de lo políticamente correcto. Sus manifestaciones contra la ley provocaron la inmediata reacción de numerosas organizaciones feministas que lo tacharon de defensor de los maltratadores y pidieron públicamente que el juez, ahora en el banquillo, fuera expulsado de la judicatura. Serrano no sólo molestó a los movimientos feministas. Desde el PSOE su secretaria de Política de Igualdad y diputada por Sevilla, Soledad Cabezón, tachó sus opiniones de «poco rigurosas», al igual que la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Inmaculada Moltalbán. Entre otras voces críticas se alzó igualmente la de la fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, María José Segarra, que tomó partido, asegurando que el juez de Familia «desconoce el ciclo de la violencia de género». Serrano se querelló por insultos y amenazas contra Moltalbán, que aseguró haber realizado sus declaraciones a título particular, a pesar de lo cual contó con el apoyo de la Fiscalía. Fue archivada.
La Audiencia Provincial dictó dos autos asegurando la total legalidad de la actuación
Ayer, coincidiendo con el inicio del juicio en Granada, miembros de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva (Fadie) se concentraron a la puerta de la sede del TSJA ante lo que consideran «un juicio político orquestado por la Fiscal provincial de Sevilla, María José Segarra, que sigue las directrices amordazadoras de un Gobierno “de género” agonizante». Para el colectivo, este juicio es un proceso de «persecución y linchamiento» del que culpan directamente a la Fiscalía, cuya actuación en el caso, dicen, «pone en entredicho la independencia de poderes, y la efectividad de la Fiscalía, que debiera emplear sus esfuerzos en perseguir las falsas denuncias por malos tratos».
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