Cuando el padre se lo devolvió, el Viernes Santo por la mañana, el niño, ha dicho, "era un trapito, una piltrafa", por la situación de "angustia" y la "presión" a la que se le había sometido
04.10.11 - EUROPA PRESS | GRANADA
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La madre del menor al que el juez de Sevilla Francisco Serrano amplió el turno de custodia para el padre con el objetivo de que el niño pudiera asistir como paje en una cofradía de 'La Madrugá' sevillana ha afirmado este martes, ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que enjuicia al magistrado por supuesta prevaricación, que la situación le causó "terror" y "horas de muchísima angustia".
De hecho, según ha relatado, en lo que ha sido la segunda jornada de la vista oral, se enteró por la prensa de que su hijo estaba bajo la custodia de su padre para salir en la Cofradía del Silencio, la madrugada del Jueves Santo, pese a que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla había dictado un auto de medidas provisionales que establecía para aquella Semana Santa del año 2010 que ese día tenía que estar con la madre.
Por esa razón, ha dicho no entender cómo el juez Serrano, titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla, pudo modificar esas medidas y ampliar el turno de custodia para el padre del niño sin siquiera consultar a alguno de los dos progenitores. "El no me conocía a mí, ni conocía mi divorcio. Encima se jactaba de mí. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer, porque soy víctima de violencia de género? Sólo tenía que haberme llamado", ha indicado la mujer, que fue quien interpuso la querella contra el magistrado.
Se ha quejado en ese sentido de que el juez de Familia le denegase ser oída cuando se personó en el Juzgado el Lunes de Pascua, cuando le comunicaron que le habían modificado el turno de custodia. "Es decir, que me quitaron a mi hijo, y para hacerlo [el juez] me tuvo que quitar la tutela, que es lo más fuerte que se le puede hacer a una madre".
La madre ha asegurado que su hijo no tenía "ilusión" en procesionar en la Cofradía del Silencio, sino que la "ilusión" era más bien del padre. La noticia de que iba a salir como paje la tuvo la madre pocos días antes de la Semana Santa, razón por la que afirma que remitió un email al despacho de abogados de su ya exmarido para preguntarle acerca de quién se iba a responsabilizar del menor durante las horas en las que se prolongara la procesión, algo que considera "no era pedir la luna". La respuesta fue "ofensiva", según ha mantenido la denunciante, que ha lamentado la "maquinaria" puesta en marcha por su expareja para "aplastarla".
En ese sentido, ha relatado que cuando el Miércoles Santo el padre fue a llevar a su casa a su otro hijo menor y no entregó a su hermano, comenzaron "horas de muchísima angustia", que le llevaron incluso a avisar a la Policía. "Yo no sabía dónde estaba e incluso llamé a mi exmarido, a su padre y a su abogado y nadie me contestaba", ha incidido la mujer, que asegura que llegó a temer por su vida y por sus hijos.
"El niño era una piltrafa"
Cuando el padre se lo devolvió, el Viernes Santo por la mañana, el niño, ha dicho, "era un trapito, una piltrafa", por la situación de "angustia" y la "presión" a la que se le había sometido. "No era capaz de articular palabra, y su cabeza era una olla exprés a punto de explotar", ha apostillado la madre, que a continuación llevó al menor a Urgencias para que fuera tratado en Psicología. "No hay derecho. Como madre me sentí impotente", ha afirmado la querellante, que es pediatra de profesión.
Además, después de dormir 24 horas seguidas, el niño se mantuvo "ensimismado" ese fin de semana, "en las nubes", ha concretado la madre, que ha reconocido que la situación le hizo sentirse "muerta civilmente", puesto que la "garantía" que suponía el auto de medidas provisionales dictado inicialmente no era ya tal, después de que otro juez lo hubiera modificado sin consultarle.
La denunciante, para la que su abogado ha pedido "respeto" en la Sala ante algunas "risas del público" mientras declaraba, ha censurado el trato "vejatorio" que dice que sufrió en los medios de comunicación y de las consecuencias de la publicación de la noticia para su hijo, al que comenzó a conocérsele como "el niño cofrade", "gracias al juez Serrano". "Toda la maquinaria de la prensa se proyectó contra mí", ha considerado.
Durante la sesión de este martes han declarado otros seis testigos, entre ellos la secretaria y las funcionarias del Juzgado de Familia 7, que han explicado las razones técnicas de por qué el caso recibió un número de registro erróneo en un primer lugar; la fiscal que consultó el propio magistrado, que ha afirmado que le recomendó atender la demanda del menor al que el juez había oído cuando fue a visitarlo junto a su abuelo el 30 de marzo de 2010; y una funcionaria del Decanato, que ha asegurado que un conocido abogado, que era el letrado del padre del menor, fue el que le dijo, al llevar la documentación sobre este asunto, que el tema tenía que ir a parar al de Familia 7. La acusación particular, que había propuesto como testigo al menor, ha renunciado finalmente a su comparecencia.
Durante el transcurso de la vista, el presidente del tribunal, que es el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha tenido que llamarle la atención nuevamente, como ya hiciera este lunes, al letrado que representa a la acusación particular, a quien ha pedido concreción en sus preguntas y ha animado a evitar los adjetivos y las valoraciones. "No sea subrepticio en las preguntas. Se lo pido por favor", ha llegado a decir Del Río, que además, en otro momento, ha afirmado: "Yo también me estoy aguantando muchas cosas, pero tenemos la obligación de contenernos".
El juicio terminará este miércoles con las conclusiones y los informes finales de las partes implicadas, quedando visto para sentencia. El juez Serrano se enfrenta a una petición de la Fiscalía de diez años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros, mientras que la acusación particular, que ejerce la madre del menor, solicita 20 años de inhabilitación y 14.400 euros de multa, así como el pago de una indemnización de 60.000 euros a la madre; de 100.000 euros al menor, y de 12.000 euros al otro hijo menor de la querellante.
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