Hay dos posibles interpretaciones de la Ley de Violencia de Género
La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de la que se extrae que el término "zorra" no es un insulto que menoscabe la dignidad de la mujer reabrió ayer el debate sobre las diferentes interpretaciones que hacen los magistrados de la Ley Integral contra la Violencia de Género. En dicha sentencia, los jueces Juan del Olmo (el ponente), María Jover y Juan Miguel Ruiz rebajaron la pena de un presunto maltratador de un delito a una falta de amenazas (se redujo la distancia y el tiempo de la orden de alejamiento de la víctima), por considerar que no estaba suficientemente acreditada la humillación del hombre hacia su exmujer.
Los magistrados se basaron en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), en la que se alega que no toda agresión de un hombre a una mujer debe ser considerada automáticamente como machista.
Pajín: "No podemos consentir que un insulto no se considere como tal"
Sin embargo, otras sentencias del Supremo, e incluso alguna del Tribunal Constitucional, avalaron la teoría contraria en otras ocasiones, lo que demuestra, según los expertos, que no existe una doctrina unificada para dictaminar si un insulto, una amenaza o una agresión deben ser penados como violencia de género en todos los casos. El artículo 1 de la ley define el maltrato como el que se ejerce sobre las mujeres por parte de sus parejas o exparejas "como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". Sin embargo, los artículos 153 y 171.4 del Código Penal, que desarrollan dicha norma, penalizan las amenazas y las agresiones dentro de una relación afectiva sin que haya necesidad de especificar si hay superioridad del hombre frente a la mujer o no.
Por este motivo, tanto las principales asociaciones de magistrados como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideran que es necesario que el Supremo unifique la doctrina al respecto.
La abogada de la víctima: "Lo grave es la amenaza, no el insulto"
"La mayoría de los jueces entiende que no es necesario exigir pruebas del dominio del agresor sobre la víctima porque la norma penal no lo exige", explicó ayer Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ. Sin embargo, opinó que "sería deseable que se pronuncie el Tribunal Supremo para evitar discordancias jurídicas". De hecho, el CGPJ envió una propuesta al Parlamento para que, en la propia Ley, se defina mejor el tipo penal, "sea cual sea la intención del agresor". Los portavoces de las asociaciones Jueces para la Democracia, la Asociación de Jueces Francisco de Victoria y la Asociación de Profesionales de Magistratura (José Luis Ramírez, Marcelino Sexmero y Pablo Llarena, respectivamente) también creen que el Supremo debe decantarse por una de las dos posibles interpretaciones de la norma. No obstante, todos reconocen que es complicado llegar a un acuerdo, ya que, de hacerlo, "se corre el riesgo de condenar como delito una conducta leve y de que la respuesta, por tanto, no sea ajustada", explicó Ramírez.
Críticas al dictamen
Aunque "las dos interpretaciones de la ley son admisibles" según Ramírez, la del juez Del Olmo, que ya ha emitido más dictámenes similares, volvió a convertirse ayer en polémica."No podemos consentir que un insulto y una vejación no sean considerados como tal", denunció la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín. El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, y la presidenta de la Asociación de Juristas Themis, Ángela Cerrillos, también consideraron "inadmisible" la sentencia, pese a que ambos reconocieron que no habían tenido acceso a ella. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por su parte, también la consideró "un disparate".
Sin embargo, la abogada de la víctima, Fuencisla Martín, se mostró de acuerdo con que el término zorra no había sido utilizado como un insulto en el contexto de la amenaza. "Dile a tu madre que se ande con cuidado, como las zorras, que mire siempre a todas partes porque la voy a matar", le dijo el acusado a su hijo. "Lo grave es que la amenazó de muerte en muchas ocasiones y que ella está ahora menos protegida", concluyó Martín.
http://www.publico.es/espana/399950/los-jueces-exigen-unificar-doctrina-en-las-sentencias
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