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Iniciativa popular. Arantza Quiroga, en el centro, junto a representantes de la federación de separados de Euskadi
http://apliweb.uned.es/comunicacion/prensa/ficheros_ver.asp?ID=13030912Al estar promovida por los ciudadanos seguirá ‘viva’ tras el 21-O
La convocatoria anticipada de elecciones ha puesto fin al debate parlamentario y dejado más de una docena de leyes en la récamara, proyectos que decaen con la disolución del legislativo autonómico, oficializada formalmente el martes, y que deberán se retomados, en su caso, por el nuevo ejecutivo que se constituya tras el 21-O. Con una única excepción, la iniciativa legislativa popular sobre la custodia compartida de los hijos por parte de padres separados, única superviviente de la decisión adoptada por el lehendakari López.
En el resto de leyes la tramitación se suspende y aunque la discusión de algunas normativas esté muy avanzada, habrá que partir de cero. Se podrá recuperar el activo
del trabajo desarrollado hasta elmomento, pero habrá que iniciar otro procedimiento y eso siempre y cuando el nuevo ejecutivo recupere alguno de esos textos.
La suspensión afecta a leyes tan importantes como la de Vivienda o la Ley Municipal. La primera consagra el derecho subjetivo a la vivienda y la posibilidad de reclamarlo
ante los tribunales; la segunda regula las relaciones entre instituciones y la capacidad financiera de los municipios. Sólo el País Vasco carece de una Ley Municipal en España por el hondo desencuentro que la gestión de la participación de los ayuntamientos
en el reparto de los recursos suscita entre los partidos foralistas, PNV y PP, y el resto, fundamentalmente el PSE.
Ahora la propuesta elevada por el Gobierno López ya es historia. Como también la creación del Instituto de la Memoria, en recuerdo de las víctimas, las ponencias sobre
la regulación del cannabis o los bebés robados, y los proyectos de Policía, Gestión de Emergencias, Cambio Climático, Movilidad Sostenible, Puertos o Transporte pro
cable, entre otros. Algunos se recuperarán, otros no. Entre los primeros parerece predecible la recreación de la ponencia sobre la paz y la convivencia para abordar la consolidación de un escenario sin violencia.
El gran acuerdo alcanzado entre los partidos del arco parlamentario hace presumir su recuperación, aunque su orientación dependerá en última instancia de las nuevas mayorías.
Lo que sí resulta seguro es que el nuevo Parlamento deberá retomar de entrada, sin ninguna decisión previa, la tramitación de la iniciativa legislativa popular sobre la
custodia compartida cuya toma en consideración se produjo en el pleno del pasado 28 de junio.
Una modificación de 2006 de la ley orgánica de Iniciativa Legislativa Popular de 1984 blinda a estos proyectos,– cuyo recorrido es similar de su decaímiento como consecuencia del fin de la legislatura o del adelanto anticipado de elecciones.
Cumplida la exigencia del aval de firmas imprescindible – 30.000 en el País Vasco– y la vía verde otorgada en sesión plenaria, la nueva Cámara conformada tras el 21-0, está obligada a constituir una ponencia e iniciar la discusión del texto para emitir un dictamen y continuar su debate, primero en Comisión, y luego en pleno.
Partirá de una proposición de ley con un largo título, Corresponsabilidad parental y relaciones familiares en caso de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a su
cargo o parejas sin hijos, presentada por la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados, que promovieron la campaña de recogida de firmas necesarias.
El texto, articulado en ocho capítulos, parte de la «igualdad sustancial entre hombre y mujeres» para que se aplique también en parejas separadas en lo concerniente a la guardia y custodia de los hijos y que ésta sea compartida entre el padre y la madre. Para ello propone que, ante la falta de un plan voluntario de «cooparentalidad » entre los progenitores, sea el juez quien opte «de forma preferente » por esa vía «en interés de los hijos menores» y salvo excepciones.
Como norma establece que la pareja procederá a la liquidación del domicilio, pero con carácter excepcional contempla que se adjudique su uso a los menores y que el padre y la madre lo utilicen por periodos alternos, siendo ellos los obligados a moverse y no
los hijos, un punto que origina grandes fricciones en el debate social abierto sobre la custodia compartida.
La toma en consideración de la proposición fue adoptada por una amplia mayoría parlamentaria,– 50 votos de 75–, con el pronunciamiemnto a favor de PNV, PP, Aralar,
EA y UPyD, el rechazo de IU/Ezker Anitza y la abstención del PSE.
La prudencia socialista se fundamenta tanto en una cuestión competencial como en la fuerte polémica que la custodia compartida provoca en el seno de la judicatura y los piscólogos especializados en mediación familiar.
Está regulada en las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón, pero a pesar de ello suscita dudas jurídicas. Las de fondo tienen que ver con el contenido mismo de la propuesta y así, por ejemplo, el PSE estima que si los padres no se ponen de acuerdo la
custodia compartida puede influir negativamente en los menores a su cargo. Por otro lado, los socialistas razonan que algunas medidas, como dejar el piso a los hijos y que
sean los padres quienes se turnen, exige una buena situación económica previa y sólo beneficia a las clases más pudiente.
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