CUSTODIA PATERNA: Pierde el juicio tras 26 días en huelga por la custodia de sus hijos

martes, 11 de septiembre de 2012

Pierde el juicio tras 26 días en huelga por la custodia de sus hijos

Martes, 11 de Septiembre, 2012

Uno de los tres padres que acampó ante la Audiencia no obtiene la custodia compartida y deberá pagar una pensión pese a ser un parado sin prestación

Los tres padres durante la acampada ante la sede de la Audiencia Provincial el pasado mes de marzo.
De nada le han servido los 26 días en huelga de hambre que permaneció ante la sede de la Audiencia Provincial de Cádiz en demanda de la custodia compartida; ni tampoco la reciente resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le reconocía haber sido víctima de un funcionamiento anómalo del sistema judicial por retrasos injustificados en el procedimiento de divorcio que mantiene desde 2009. Este padre chiclanero, que reclamaba compartir la custodia de sus dos hijos de 4 y 8 años con su expareja, ha perdido su batalla legal en primera instancia. El juzgado de Chiclana nº 3 ha dictado sentencia que mantiene la custodia a la madre, fija el pago de una pensión alimenticia para el padre y reduce el tiempo de visita del progenitor.
La asociación Custodia Compartida de Cádiz (APIF) -colectivo al que pertenece José Antonio Caparrós- critica duramente el dictamen judicial, aunque no se muestra sorprendida porque asegura que vaticinaba su contenido: «Este padre, como tantos otros en España, cuando se salen del tiesto de la senda judicial marcada se castiga de forma cruel y sin valoración positiva para los menores».
El progenitor defendió en el juicio celebrado a finales de julio que él disponía de más tiempo que la madre para la atención de los pequeños porque es un parado de larga duración mientras que su exmujer trabaja. Y además, debido a la situación económica por la que atraviesa, el pago de una pensión alimenticia le supone una obligación a la que no puede hacer frente ya que lleva dos años desempleado sin cobrar prestación alguna: «No es lógico que mientras la madre no puede hacerse cargo de los menores por su trabajo, a mí se me niegue el derecho a atenderlos frente a las atenciones de la abuela materna, siempre loable, pero en ningún caso sustituible de una atención paterna», indica un comunicado de la asociación APIF en el que recogen declaraciones de Caparrós.
La lectura que hace el colectivo al que pertenece este gaditano sobre la sentencia dictada por una jueza, que está de refuerzo en el nº3 de Chiclana, es en clave revanchista dado que el CGPJ le reconoció al padre haber sido víctima de un funcionamiento anómalo de la Justicia; si bien, el Consejo no hace reproches a la labor de la jueza. Ya antes de celebrarse la vista oral del divorcio, esta asociación advertía que su miembro podía ser víctima de «una posible parcialidad en la sentencia» por haber logrado poner en entredicho el funcionamiento del juzgado chiclanero.
Víctima del sistema judicial
La resolución, conocida en mayo, indicaba que en el procedimiento se habían producido varias suspensiones de la vista donde debía resolverse el divorcio -que finalmente se celebró a finales de julio, dos meses después de conocerse este dictamen- y que éstas obedecían a dilaciones indebidas. «Han originado un perjuicio que el actuante no tiene obligación de soportar, con independencia de cuál sea la coyuntura del órgano judicial, la situación de carga de trabajo y el número de asuntos pendientes». El CGPJ, además, exoneraba al padre de haber sido responsable de un procedimiento tan largo en el tiempo (arrancó en 2009), calificando su actuación de «diligente».
José Antonio Caparrós planteaba en su reclamación una indemnización por daños morales y la cifraba en cuatro millones. El informe favorable del órgano de gobierno de los jueces abre la puerta al cobro, pero es el Ministerio de Justicia el que debe determinar si cabe indemnización o no y la cantidad definitiva.
Desde APIF anuncian no solo el recurso ante la Audiencia Provincial contra la sentencia de divorcio dictada en primera instancia; también estudian iniciar acciones legales contra el ministerio o el CGPJ porque no entienden cómo hay recursos para que un juzgado de primera instancia «dicte sentencia el mismo día de la vista».