Dirigida a MINISTRO DE JUSTICIA GOBIERNO DE ESPAÑA Al Ministro de Justicia de España, Rafael Catalá
Soy hija del magistrado Fernando Ferrín Calamita y quisiera contarles su historia brevemente. En 2006 recibió el caso de una mujer que quería adoptar a la hija biológica, de un año, de otra mujer con la que se había casado civilmente (las dos convivían y una de ellas se inseminó artificialmente).
Al ser un caso novedoso, mi padre ordenó al Gabinete Psicosocial un informe sobre la repercusión que pudiera tener en la menor el tener dos “mamás” y carecer por tanto de la figura paterna. En medio folio, le vinieron a decir que no se preocupara, que esa niña iba a vivir con esas dos mujeres, quiera él o no, y que además mejor, porque así va a tener derechos hereditarios obre la adoptante.
Obviamente no contestaban a lo pedido. Entonces designó defensor judicial de la menor a la Dirección General de Familia, Entidad Pública competente en Murcia en materia de protección de menores. Le dio diez días para proponer pruebas. En lugar de hacerlo, fueron un día una psicóloga y una trabajadora social al domicilio de la adoptante y se entrevistaron con ambas, concluyendo en que eran idóneas, muy felices y muy compenetradas. Tampoco contestaban a lo pedido.
Mi padre les dirigió una serie de preguntas, tales como si no es cierto que hay un alto riesgo de que la niña sea homosexual, imitando el patrón de las mujeres… De inmediato se le recusó por ser católico y fue apartado del asunto (julio 2007). Se le abrió expediente disciplinario y otro para investigar su salud mental (¡¡). Presiones de todo tipo –y al máximo nivel regional-- para que se fuera del Juzgado: que un católico no puede estar en un Juzgado de Familia, que son servidumbres del cargo, que si se va se archiva el caso, y si no se le condena, a pesar de que saben que era inocente, pero “no se admiten jueces díscolos”. Inaudito: mi padre jamás podía esperar que pudiera ocurrir eso en la justicia…
En noviembre de 2007 se presentó una querella contra él por retardo malicioso (¡¡ de siete meses¡¡), siendo condenado a dos años, tres meses y un día de inhabilitación. No conformes las acusaciones, el TS calificó los hechos como prevaricación, y elevó la condena a diez años de inhabilitación, de los que lleva cumplidos siete. El Tribunal Constitucional inadmitió a trámite el recurso de amparo ( ¡¡ por falta de relevancia constitucional ¡¡) así como el TEDH de Estrasburgo…
Dice la Ley que el Juez de Familia practicará cuantas diligencias estime necesarias hasta asegurarse que la adopción resulta beneficiosa para el menor. Eso es lo que hizo mi padre. Cumplir con su obligación.
El mundo al revés. Estamos viendo cómo se excarcela a etarras, asesinos, violadores. Nadie cumple íntegramente las penas…menos mi padre. Ha tenido que pagar una multa para evitar el ingreso en prisión, indemnizar el daño moral (¿?) causado a la adoptante y a la madre, y abonar algo más de 100.000 euros al Ministerio de justicia (permítanme que lo ponga en minúscula) que se le reclamaba en concepto de cobro indebido, por los dos años de sueldo base que estuvo suspendido cautelarmente de empleo y sueldo. Y es que, a diferencia de los políticos, mi padre fue suspendido al admitirse a trámite la querella, antes siquiera de prestar declaración. Hubiéramos quedado en la calle –la vivienda embargada y subastada—mis padres y los siete hijos, de no haber sido por la generosidad de verdaderos amigos, muchos de ellos anónimos.
La gravísima injusticia cometida con mi padre no tiene reparación. Él no ha cometido ningún delito. Lo que pido es el indulto de los tres años que le quedan. Solamente eso.
GraciasCarta aMINISTRO DE JUSTICIA GOBIERNO DE ESPAÑA Al Ministro de Justicia de España, Rafael CataláIndulto parcial del resto de pena pendiente de cumplir
Soy hija del magistrado Fernando Ferrín Calamita y quisiera contarles su historia brevemente. En 2006 recibió el caso de una mujer que quería adoptar a la hija biológica, de un año, de otra mujer con la que se había casado civilmente (las dos convivían y una de ellas se inseminó artificialmente).
Al ser un caso novedoso, mi padre ordenó al Gabinete Psicosocial un informe sobre la repercusión que pudiera tener en la menor el tener dos “mamás” y carecer por tanto de la figura paterna. En medio folio, le vinieron a decir que no se preocupara, que esa niña iba a vivir con esas dos mujeres, quiera él o no, y que además mejor, porque así va a tener derechos hereditarios obre la adoptante.
Obviamente no contestaban a lo pedido. Entonces designó defensor judicial de la menor a la Dirección General de Familia, Entidad Pública competente en Murcia en materia de protección de menores. Le dio diez días para proponer pruebas. En lugar de hacerlo, fueron un día una psicóloga y una trabajadora social al domicilio de la adoptante y se entrevistaron con ambas, concluyendo en que eran idóneas, muy felices y muy compenetradas. Tampoco contestaban a lo pedido.
Mi padre les dirigió una serie de preguntas, tales como si no es cierto que hay un alto riesgo de que la niña sea homosexual, imitando el patrón de las mujeres… De inmediato se le recusó por ser católico y fue apartado del asunto (julio 2007). Se le abrió expediente disciplinario y otro para investigar su salud mental (¡¡). Presiones de todo tipo –y al máximo nivel regional-- para que se fuera del Juzgado: que un católico no puede estar en un Juzgado de Familia, que son servidumbres del cargo, que si se va se archiva el caso, y si no se le condena, a pesar de que saben que era inocente, pero “no se admiten jueces díscolos”. Inaudito: mi padre jamás podía esperar que pudiera ocurrir eso en la justicia…
En noviembre de 2007 se presentó una querella contra él por retardo malicioso (¡¡ de siete meses¡¡), siendo condenado a dos años, tres meses y un día de inhabilitación. No conformes las acusaciones, el TS calificó los hechos como prevaricación, y elevó la condena a diez años de inhabilitación, de los que lleva cumplidos siete. El Tribunal Constitucional inadmitió a trámite el recurso de amparo ( ¡¡ por falta de relevancia constitucional ¡¡) así como el TEDH de Estrasburgo…
Dice la Ley que el Juez de Familia practicará cuantas diligencias estime necesarias hasta asegurarse que la adopción resulta beneficiosa para el menor. Eso es lo que hizo mi padre. Cumplir con su obligación.
El mundo al revés. Estamos viendo cómo se excarcela a etarras, asesinos, violadores. Nadie cumple íntegramente las penas…menos mi padre. Ha tenido que pagar una multa para evitar el ingreso en prisión, indemnizar el daño moral (¿?) causado a la adoptante y a la madre, y abonar algo más de 100.000 euros al Ministerio de justicia (permítanme que lo ponga en minúscula) que se le reclamaba en concepto de cobro indebido, por los dos años de sueldo base que estuvo suspendido cautelarmente de empleo y sueldo. Y es que, a diferencia de los políticos, mi padre fue suspendido al admitirse a trámite la querella, antes siquiera de prestar declaración. Hubiéramos quedado en la calle –la vivienda embargada y subastada—mis padres y los siete hijos, de no haber sido por la generosidad de verdaderos amigos, muchos de ellos anónimos.
La gravísima injusticia cometida con mi padre no tiene reparación. Él no ha cometido ningún delito. Lo que pido es el indulto de los tres años que le quedan. Solamente eso.
Gracias
Indulto parcial del resto de pena pendiente de cumplir
https://www.change.org/p/al-ministro-de-justicia-de-espa%C3%B1a-rafael-catal%C3%A1-indulto-parcial-del-resto-de-pena-pendiente-de-cumplir?recruiter%3D13220647%26utm_source%3Dshare_petition%26utm_medium%3Dfacebook%26utm_campaign%3Dautopublish%26utm_term%3Ddes-md-share_petition-no_msg
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