CUSTODIA PATERNA: No a las leyes sexistas

sábado, 27 de abril de 2013

No a las leyes sexistas

Sábado, 27 de Abril, 2013

- Queremos expresar nuestro NO más rotundo a la nueva legislación sobre separación y divorcio que, lejos de garantizar el derecho humano básico de padres e hijos a la convivencia tras el divorcio, supedita ese derecho a la conformidad previa de ambos progenitores, permitiendo así que el menos colaborador de ellos pueda obstruirlo. Por si fuera poco, la ley pone en manos del progenitor menos colaborador o más falto de escrúpulos otro medio infalible para impedir el ejercicio de ese derecho humano básico, ya que puede cercenarlo de cuajo con una simple alegación de violencia "contra la integridad moral" de su persona.

Dado que la custodia en exclusiva de los hijos conlleva enormes ventajas económicas (la vivienda y gran parte del sueldo del otro progenitor) y el control de toda la situación posterior al divorcio, los términos de esa ley constituyen un verdadero incentivo para todo tipo de falsas denuncias y exacerban la conflictividad de las separaciones.

Otro aspecto obsoleto e inadmisible de esa legislación es su previsión de pensiones "por tiempo indefinido" (es decir, vitalicias) para el cónyuge cuya situación económica empeore a consecuencia del divorcio -el empeoramiento es inevitable para ambos-, cuyo resultado es una situación de esclavitud o trabajo forzado entre ex-cónyuges absolutamente injustificable en los tiempos en que vivimos.

- Asimismo, queremos expresar nuestro NO más rotundo a la vigente Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que penaliza discriminatoriamente los casos en que la víctima es la mujer, conculca el principio de presunción de inocencia e infringe el derecho constitucional a un juicio justo. Como ha quedado sobradamente demostrado por experiencias similares, este tipo de medidas sexistas incentivan los abusos y las falsas denuncias y, como reacción, exasperan y atizan la espiral de violencia.

A ese respecto, queremos recordar:

que tres de cada cuatro víctimas de homicidios son varones; y que ningún principio ético o moral justifica la mayor valoración política, legislativa o penal de unas víctimas frente a otras por razón de su sexo u otras consideraciones similares;

que todos los estudios objetivos sobre violencia doméstica coinciden en atribuir niveles similares de conflictividad a ambos sexos (ver Informe Iceberg (.pdf, 720 KB));

que un porcentaje importante (en torno al 40%) de las víctimas mortales por la violencia doméstica son hombres;

que hay motivos fundados para pensar que ese porcentaje sea aún superior, ya que la criminalidad doméstica masculina se ajusta a una pauta elemental y casi invariable (delito seguido de suicidio o entrega), mientras que la femenina es más compleja y encubierta (rara vez se acompaña de la entrega, la confesión o el suicidio), por lo que es más probable que el delito no llegue a relacionarse con la violencia doméstica (como han puesto de manifiesto casos recientes);

que la inmensa mayoría de las muertes por violencia doméstica se producen en contextos de divorcio en los que el hombre lo pierde todo y que, por lo tanto, podrían evitarse con un régimen de divorcio más equitativo (cualquier observador imparcial de los comportamientos humanos admitirá que las cifras de violencia doméstica femenina se dispararían si, al divorciarse, la mujer fuese sistemáticamente expulsada de su hogar, alejada de sus hijos y privada de la mayor parte de sus ingresos);

que, a pesar de la ausencia total de cifras oficiales, es muy probable que la principal causa de mortalidad en condiciones asimilables a la violencia doméstica sea el suicidio, ya que el número de suicidios masculinos asociado a ese injusto régimen de divorcio se estima, para España, en 250 casos anuales (con un incremento anual del 17%);

y, por último, que existen intereses políticos, económicos e institucionales de tal envergadura asociados al fenómeno de la violencia doméstica, y se ha recurrido, desde instancias oficiales, a prácticas informativas y propagandísticas tan sesgadas y parciales (como por ejemplo, la famosa macroencuesta, que el Estado ha perdido toda objetividad, ecuanimidad y credibilidad en la manera de tratar el problema.

Por ello, rechazamos esos textos legislativos y toda otra disposición o medida que no se ajuste al principio constitucional (artículo 14) de no discriminación por razón de sexo.

[2006]