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10 de junio de 2012http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_464356/3040-aguirre-pasa-a-la-acccion-y-suprime-el-defensor-del-menor-para-ahorrar#.Usx2Z_vAYmt
Esperanza Aguirre en la toma de posesión del Defensor del Menor, Arturo Canalda, en 2006
Tres meses después de abrir la caja de Pandora sobre la conveniencia de devolver competencias al Estado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pasó ayer a la acción. La asamblea regional aprobó definitivamente la desaparición del Defensor del Menor, una institución con dieciséis años de vida, que sólo existía en Madrid. La Fiscalía y el Instituto del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid asumirán las competencias del Defensor del Menor, cuyo presupuesto para 2012 era de 2,7 millones de euros.
En la oficina del Defensor del Menor trabajan 30 personas: 25 funcionarios y 5 interinos. Los 25 funcionarios serán reabsorbidos por la cámara de la Asamblea de Madrid. Seis técnicos, pasarán al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, mientras que el personas interino y de confianza se quedarán sin trabajo.
Recortes con tijeras
Aguirre defendió que esta decisión obedece a criterios económicos. Tras conocerse el desfase en las cifras del déficit, del 1,13 por ciento al 2,2 por ciento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, igual que hizo Artur Mas en Cataluña, ha empuñado las tijeras de los recortes para cumplir con el objetivo presupuestario que exige la Unión Europea. La oposición le recrimina que suprima una institución como la del Defensor del Menor en un momento en que las asociaciones que trabajan con la infancia reclaman que se protejan las medidas dirigidas a proteger a los menores y sin haber dialogado con el resto de grupos políticos.
Aguirre se ha adelantado a los planes de Mariano Rajoy, que abordará en septiembre una revisión de las estructuras de la administración del Estado con el objetivo de eliminar duplicidades y ordenar competencias.
Rajoy cerró con el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, un grupo de trabajo para negociar la reforma del Estado. Avanzó que baraja la idea de suprimir organismos y entidades que «no resistan una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado». La figura del Defensor del Pueblo a nivel autonómico –que existe en 12 de las 17 autonomías– está en el punto de mira.
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