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"Bola de nieve" DENUNCIA DE LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO ante tribunales internacionales.
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATEROmás enlaces en "Más información"
Quedan muchos retos por superar y muchos derechos por garantizar para lograr la igualdad de género. Cada 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, vuelve sobre las calles y la opinión pública la apelación a una acción transformadora, vigorosa, en favor de la libertad y de la igualdad de las mujeres. Una acción que debe seguir proyectándose sobre los derechos laborales, sobre la igualdad de salarios, sobre las políticas de conciliación laboral y familiar, sobre el empoderamiento en el sector público y en la empresas; y también, sin duda, sobre los derechos a la salud reproductiva. Pero si hay una negación radical, primaria, de la libertad de las mujeres, la más odiosa e insoportable, la que no podemos dejar ni un solo día de tener presente, es la que supone la violencia, la coacción e intimidación que se ejerce sobre ellas.
Si uno de los grandes objetivos de las sociedades democráticas es la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, igualdad que hace posible la libertad de todos, su principal amenaza es la violencia de género. Tomar conciencia de ello es el principio de todo lo demás, el ancla para desplegar el combate frente a las restantes formas de discriminación.
Lamentablemente, la violencia de género es un fenómeno universal que, con distinta intensidad, afecta a todos los continentes y a todas las culturas.
En estos días hemos conocido una amplia encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los datos son bien elocuentes. Un 33% de las mujeres europeas ha sufrido violencia física y/o sexual, el 22%, violencia física o sexual ejercida por su pareja, y un 55% alguna forma de acoso sexual. Estas cifras son sencillamente estremecedoras y deberían, en efecto, estremecernos porque de otro modo nunca ganaremos esta batalla por la dignidad. Y a nadie se le oculta que estos datos son aún peores en otros continentes, tal y como conocemos por los informes de la Organización Mundial de la Salud.
El citado Informe de la Agencia Europea recoge algunas conclusiones relevantes. Se propone elevar a categoría de debate público y social el grave problema de la violencia, lo que exige una intervención fuerte del Estado, en lugar de considerarlo como «asunto privado», así como el fomento de la denuncia de las agresiones, centrar las políticas de prevención en las experiencias de las víctimas, elaborar buenas bases estadísticas y desarrollar políticas específicas en el ámbito de la educación y la salud. En resumen, toda una acción integral y enérgica del Estado, del Estado de Derecho.
Del Informe, que responde a una petición del Parlamento Europeo y de la Presidencia española del primer semestre de 2010, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, destaca «cómo en España, a partir de la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad, se han ido implementando herramientas que han producido importantes cambios que van transformando la sociedad a través de la visibilización y sensibilización sobre este fenómeno». Y en esta tarea resulta obligado reseñar también el papel que desempeñan las asociaciones de mujeres y los medios de comunicación.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la primera ley de la Legislatura 2004-2008, estableció, en efecto, medidas preventivas en el ámbito educativo, sanitario y de la publicidad, incluyó un concepto amplio de violencia de género, una protección penal reforzada, un catálogo de derechos de las víctimas (asistencia social, jurídica, derechos laborales, económicos y prestaciones de Seguridad Social), la puesta en marcha de una Administración contra la violencia de género, y la creación de juzgados específicos y de policía especializada. El número de víctimas anuales se ha mantenido constante, en torno a 60, lo que subraya la ardua tarea que aún tenemos por delante. En el 70% de los casos no había denuncia previa, lo que pone de manifiesto que denunciar puede ser clave para evitar la tragedia. Anualmente, hay en torno a 130.000 denuncias por malos tratos. El número, a pesar de ser conocido, no deja de conmover.
La Ley ha puesto en pie un sistema de protección, un auténtico servicio público, con 110 juzgados específicos, 2.000 efectivos policiales especializados, 65.000 mujeres beneficiarias de algún sistema de atención, 30.000 mujeres recibiendo ayudas económicas como víctimas y 10.000 mujeres con servicio de teleasistencia. Los datos reflejan la magnitud del problema. La Ley de 2004 supuso un antes y un después en el combate frente a la violencia de género, pero necesita un permanente y redoblado compromiso, un acompañamiento de las administraciones y de la sociedad, mantener esta exigencia con nosotros mismos como país.
En el próximo mes de diciembre se cumplirán diez años desde su entrada en vigor. Creo que podría ser un momento oportuno para que el Parlamento evaluara los resultados de la Ley, recabando la opinión de expertos y abriendo la consulta a las asociaciones de mujeres y otras organizaciones sociales. Y eventualmente para que, a partir de ese análisis público, se introdujeran las modificaciones oportunas.
Todos los maltratos, sea cual sea su número, son demasiados. Hay que desafiar en todos los frentes al machismo, siempre inmoral e indigno, y tantas veces criminal. Una democracia no puede aceptar la supremacía de nadie. Ni por razones de sexo, ni de raza ni de ninguna otra. Y no basta con rechazar, hay que mostrarse activos, determinados a combatir a quienes de alguna manera practican ese afán cobarde de dominio. Han sido demasiados los siglos de discriminación, de anulación de la voluntad y de la capacidad de las mujeres para ejercer su libertad.
La igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres está en el corazón de los derechos civiles, en el corazón de la democracia. En España y en cualquier parte del mundo. Por ello, deberíamos lograr que la Agenda post 2015, que renovará próximamente los Objetivos del Milenio, sitúe como primer objetivo la igualdad de género, empezando por la lucha contra la violencia y el acoso, ya que esta lacra representa la marginación más masiva de los derechos fundamentales en el mundo.
Por su capacidad de proyectarse al conjunto del orden de la convivencia, cada vez que ampliamos las fronteras de los derechos de las mujeres abrimos la puerta a la extensión de la educación, de la salud, de la reducción de la pobreza, a una sociedad más cooperativa y equilibrada. No hay excusas, no las hay para nadie, menos aún para los hombres. Tenemos un especial deber social de no permanecer pasivos, de no callar, de combatir toda expresión de machismo discriminatorio. Y, del mismo modo, es esencial un fuerte liderazgo público en defensa de la igualdad y de los derechos de las mujeres. Siempre he creído que en esta tarea la democracia se juega más de lo que parece, se juega la idea esencial que acompaña a una sociedad libre, se juega la educación para ser ciudadanos, se juega el territorio donde crecen los derechos.
José Luis Rodríguez Zapatero es miembro del Consejo de Estado.
http://www.elmundo.es/opinion/2014/03/09/531cbcb222601d1e5c8b4575.html
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La imagen pertenece a un programa que fue emitido en La Sexta la noche del pasado 31 de Agosto. A la izquierda la imagen se encuentra Ines Molero, una abuela que defiende la custodia compartida en los procesos de divorcio como el mejor interés del menor, por encima del de los padres. En el momento que Ines saco a la luz el tema de las denuncias falsas de violencia de género que se interponen en los procesos de divorcio o separación para obtener "beneficios" en el proceso le FUE RETIRADA LA PALABRA.
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