El informe anual del Defensor del Pueblo alerta de que la evaluación del riesgo de la víctima de violencia de género, que se realiza conforme a un programa informático, "no siempre se corresponde con la realidad", como se comprobó tras el asesinato de dos mujeres el año pasado cuya situación había sido infravalorada. Uno de los casos ocurrió en Toledo, donde la mujer interpuso una denuncia contra su marido ante la Comandancia de la Guardia Civil, que, con los datos que ella había facilitado, elaboró una primera evaluación con resultado de "nivel de riesgo no apreciado". Se acompañó a la víctima a su domicilio, donde quedó en compañía de unos familiares, y se activó la búsqueda del marido.http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-defensora-pueblo-alerta-evaluacion-riesgo-victimas-violencia-machista-no-siempre-realista-20120407132940.html
Sin embargo, los familiares que acompañaban a la mujer abandonaron momentáneamente el domicilio sin avisar a las fuerzas del orden. El hombre se presentó allí "con celeridad imprevista en función de la valoración existente" y la apuñaló con resultado de muerte.
La Alta institución, teniendo en cuenta que en el Cuartel de Fuensalida (Toledo) "no existe unidad especializada en el tratamiento de la violencia de género", formuló una recomendación para que se evaluase la posibilidad de proponer nuevas medidas a fin de "asegurar en la mayor medida posible la integridad de las víctimas", como la presencia de agentes especializados en la materia con "formación específica en instrumentos e indicadores de valoración del riesgo".
Asimismo, el Defensor del Pueblo investigó los asesinatos de dos mujeres que contaban con una orden de protección en vigor en Alicante y País Vasco ocurridos en 2010. En el primero, la Guardia Civil informó de que se había realizado una primera valoración del riesgo que determinó un nivel "bajo". Dos meses después, previa llamada telefónica a la víctima, se efectuó una nueva valoración que determinó un nivel de riesgo "no apreciado".
Según el informe remitido por la Dirección General al Defensor del Pueblo, "de las valoraciones resultantes no era posible presagiar dicho desenlace", aunque con ocasión de las indagaciones llevadas a cabo, los agentes pudieron conocer que, a pesar de la orden vigente de alejamiento, tanto agresor como víctima se veían de forma voluntaria y esporádicamente, circunstancia que no fue puesta en conocimiento de la Guardia Civil cuando mantuvieron contacto con ella.
En cuanto al caso de País Vasco, donde se utiliza un programa informático elaborado por la Ertzaintza con la colaboración de un catedrático de Psicología clínica, la primera evaluación arrojó un nivel de riesgo "alto", por lo que la mujer recibió una "breve formación" en medidas de autoprotección y se realizaron comprobaciones telefónicas y se le ofreció un teléfono de conexión directa y un control policial más exahustivo de sus rutinas, pero los rechazó.
Según explica el informe del Defensor del Pueblo, "como consecuencia de la investigación interna llevada a cabo, se detectó que a pesar de que el sistema arrojaba como resultado una valoración del riesgo alto (el mismo en las tres evaluaciones), debió concedérsele el grado de especial, que conllevaría aparejada la atribución de escolta".
"Sin embargo, este hecho carece de relevancia en cuanto al lamentable final del caso, puesto que la interesada ya había rechazado el control policial exhaustivo propio de los niveles altos", apunta la Alta Institución, que está en espera de recibir el informe del fiscal jefe provincial al respecto.
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