La Asociación Custodia en Positivo denuncia que la aplicación impuesta de la custodia compartida puede convertirla en “una herramienta de chantaje y acoso”

Jueves, 18 de Abril, 2013

La comparecencia de Eva María Moreno y Gloria Romero, asociadas portavoces de este colectivo en Zaragoza, ha servido para exponer su punto de vista sobre la coyuntura actual de la custodia compartida, resaltando que su imposición en los casos de divorcios contenciosos puede devenir en “nefastos resultados psicológicos para los menores”

Eva María Moreno y Gloria Romero, asociadas portavoces de Zaragoza de la Asociación Custodia en Positivo, han comparecido hoy en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas para exponer el punto de vista de su asociación sobre la coyuntura actual de la custodia compartida. Las comparecientes han criticado la legislación que, según su opinión, “aplica de manera impuesta” la custodia compartida, y han criticado que es “una puerta abierta al maltrato, convirtiéndose en una nueva herramienta de chantaje y acoso”, resaltando que “las custodias compartidas impuestas en los divorcios contenciosos pueden derivar en nefastos resultados psicológicos para los menores”.
En primer lugar ha tomado la palabra Eva María Moreno, que ha reclamado una ley que “defienda y proteja al menor” y ha criticado la actual al señalar que “es una ley de igualdad de derechos que solo protege a uno de los progenitores y no al menor, que es usado como elemento de chantaje y negociación”, recalcando que “no se trata de que los progenitores tengan el mismo derecho, sino los derechos del menor y los progenitores se tendrán que amoldar”. A este respecto ha recalcado que “no se tiene en cuenta la opinión ni el sufrimiento del menor o quien se haya ocupado de él, solo importa la ley que un grupo de políticos ha realizado sin tener los niños en cuenta”.
La compareciente, que se ha emocionado visiblemente al recordar su propio caso, ha reprochado a los parlamentarios que “nuestros hijos viven una condena, impuesta por ustedes”, y ha expuesto que en otros países, como Inglaterra o EEUU, la ley “se está retirando y los jóvenes afectados están llevando a cabo demandas conjuntas contra el Estado por los prejuicios ocasionados”.
Tras ella le ha llegado el turno de intervenir a Gloria Romero, que ha declarado que “hablamos de una ley con buenas intenciones que se está usando para lo contrario de lo que se promulgó” y ha criticado que, en casos de divorcios conflictivos, la ley obliga a mantener un contacto con el otro progenitor “en ocasiones más intenso que cuando estaban casados”. Romero ha expuesto su caso personal para resaltar como la ley “se ha convertido en una herramienta para que una de las partes controle a la otra tras el divorcio, impidiéndoles decidir incluso donde quieren vivir bajo la amenaza de perder la custodia”. La compareciente ha reclamado que “el tiempo que los menores pasan con los progenitores debe ser de calidad”, y ha criticado como alguno de los progenitores delega el cuidado del pequeño en manos de una tercera persona “privando al otro progenitor de poder pasar un tiempo de calidad con sus hijos”. La portavoz de la asociación ha criticado también “la rapidez de la entrevista y las preguntas genéricas con que las que el psicólogo del juzgado elabora su informe”.
Por último, Romero ha reclamado que “no se experimente con los niños”, y se ha dirigido a los diputados para pedir que “se escuche a los niños, se estudie cada caso de forma individual, se realice un amplio estudio previo por profesionales cualificados, se haga un seguimiento después de la sentencia para comprobar el estado emocional  del niño, se asegure que sean momentos de calidad los que se pase con el niño y no una división al cincuenta por ciento del tiempo, se contemple y respete la vida del menor antes del divorcio y se asegure que los niños duerman siempre en la misma cama”.
El diputado del PP Ramón Celma ha querido dejar claro que “la ley se realizó con las mejores intenciones e intentando que primara el interés del menor” y ha resaltado que “los objetivos que persigue son positivos: adaptarse a los nuevos tiempos o profundizar en el concepto de la corresponsabilidad con los hijos de los dos progenitores”. Celma ha afirmado que “en ningún caso la custodia compartida se aplica de manera automática o impuesta, y en todos los casos el juez debe apoyarse en los informes psicosociales”, aunque ha reconocido que “hay que tener en cuenta situaciones como las suyas para que no vuelvan a suceder”.
En nombre del PSOE, María Victoria Broto ha declarado que “es una ley joven y debemos reflexionar que está ocurriendo con su aplicación, siendo su comparecencia el mejor ejemplo de los resultados y consecuencias que produce su aplicación”. Broto ha afirmado que “no estamos de acuerdo en que se usen menores como arma arrojadiza”, y ha planteado que “aún estando de acuerdo en lo fundamental de la ley se deberían plantear las modificaciones necesarias para que prime el interés del menor”.
Por parte del PAR ha intervenido Manuel Lorenzo Blasco, que ha declarado que “hay que poner los menores por delante de todo”, y, refiriéndose a las comparecientes, ha manifestado que “creemos que su posición es legítima, aunque no la compartamos y nos comprometemos a poner en marcha los mecanismos para aplicar mejor la ley, pero no estamos dispuestos a retirarla”. Blasco ha manifestado que, para el PAR, “la ley tiene unos objetivos importantes que seguimos defendiendo, hay que confiar en los que la aplican y trabajar más en la mediación”.
Nieves Ibeas, diputada de CHA, ha manifestado que “no se puede legislar para crear sufrimiento” y ha criticado que “no se puedan revisar periódicamente las custodias”. Ibeas ha declarado que “el objetivo de ley no era priorizar e imponer la custodia compartida, sino buscar el interés de los pequeños”, y ha expuesto que “la ley está generando más problemas que casos resuelve, con lo que es suficiente para saber que hay que hacer algo”. Por último, la diputa de CHA ha manifestado que no se puede permitir que “haya jueces que tomen decisiones sin haber escuchado a los progenitores”, recalcando que “la custodia compartida impuesta sin acuerdo de los progenitores jamás debería ocurrir, ya que repercute negativamente en los menores”.
Patricia Luquín, representante de IU, ha manifestado que “si el objetivo de la ley era proteger al menor y asegurar su beneficio, ha fracasado estrepitosamente”, y ha agradecido la comparecencia, ya que “es muy duro poner aquí los casos personales, pero nos ayuda a poner nombres y apellidos a las consecuencias de la ley”. Luquín ha reseñado que “después de dos años de vigencia y de los casos detectados, se debería acometer una reforma de la ley y adecuarla a las realidades y sobre todo a los intereses del menor”, y ha hecho hincapié en que la custodia compartida se esta utilizando “como chantaje bajo la amenaza de «te voy a quitar a los niños»”. La diputada ha reclamado que un informe psicosocial “debería tomar todo el tiempo necesario para asegurarse que la decisión es la mejor para el menor, por lo que debería ser individualizado”.

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