CUSTODIA PATERNA: Las tarifas de la polémica

domingo, 5 de febrero de 2012

Las tarifas de la polémica

Domingo 05 de febrero de 2012

Los recortes de la Conselleria de Justicia en el turno de oficio se ceban en los juicios rápidos pero apenas tocan los pleitos relacionados con la crisis económica

Un momento de la manifestación del viernes en Valencia contra los recortes
La Conselleria de Justicia abrió la caja de los truenos el pasado 20 de enero cuando aprobó los nuevos honorarios que regulan el turno de oficio, sin haber alcanzado ningún tipo de acuerdo con los abogados. El colectivo ha respondido con un paquete de medidas, cuya consecuencia será ralentizar todavía más la ya habitualmente lenta Administración de Justicia. La consecuencia de estas medidas ni siquiera los abogados las conocen, hasta el punto de que se adoptan de manera provisional y durante dos meses a la espera de ver qué sale de ellas. Entre los propios letrados existe el temor de que se esté dando a la Conselleria de Justicia la excusa perfecta para privatizar el servicio. Con las cifras en la mano, el grueso de los recortes se ha ido hacia el apartado de los juicios rápidos. Las tarifas de los letrados en asuntos laborales o en reclamaciones de deudas apenas se tocan en la orden de Conselleria, a pesar de que el volumen de estos asuntos se ha disparado en el actual panorama de recesión. En muchos de estos casos, las tarifas se mantienen o sufren pequeñas modificaciones.
La Conselleria justifica los recortes en el incremento de la partida del turno de oficio: de 15 millones en 2005 se pasó a 26 en 2011. Sin embargo, en presupuestos sólo aparecían 16,5 millones de euros y gran parte de las asistencias prestadas durante el año pasado todavía están sin cobrar. Aquí es donde empieza la guerra de cifras. El Consell mantiene que ha subido la partida presupuestaria, pero los abogados le recuerdan que siempre ha estado dotada con menos dinero del coste real.

Alcoholemias y maltratos
La polémica orden de la Conselleria de Justicia señala claramente cuáles han sido las causas del incremento del presupuesto: el aumento de los procedimientos de juicios por violencia de género, tráfico, los expedientes de extranjería o las demandas relacionadas con la crisis económica. La tijera se ha centrado sobre todo en el campo de los juicios rápidos y es en este apartado donde los recortes han sido más brutales: de 241 euros por cada juicio que se cerraba por conformidad a un total de 90 euros. Estos asuntos aumentaron sobre todo a raíz de las reformas para perseguir las pequeñas agresiones machistas y las imprudencias al volante. Los defensores de los recortes plantean que un abogado de oficio que esté de guardia puede cerrar hasta cinco de estas conformidades en un solo día, cuando las vistas duran unos minutos.
Por el contrario, desde el colectivo de abogados se considera este argumento una falacia, puesto que para cerrar una de estas conformidades ha sido necesario un proceso negociador antes, que incluye reuniones con el acusado el juez y el fiscal, así como haber tenido que asistir al detenido en Comisaría en el momento del arresto. En los casos de los letrados que viven por ejemplo en Alcoy o Villajoyosa, deben desplazarse a Alicante el día del juicio. Por tanto deben dedicar tres días por cada juicio. El decano de los abogados de Alicante, Fernando Candela, ya advertía esta semana que no se trata tanto de un problema de tarifas como de dignificar la profesión. En aquellos procesos rápidos, en los que no hay conformidad, el recorte es aún mayor. De 280 euros que se pagaban se pasa a 120 euros. Asistir a seis detenidos en una sola guardia se pagará con 150 para todos, cuando antes eran 300.
La asistencia por abogado de oficio en los casos de familia o por la asistencia en los contenciosos por temas de Extranjería (inmigrantes que reclaman papeles) sufren recortes mínimos. En el caso de Extranjería sólo se recorten 10 euros de 50 que se pagaban; mientras que en Familia sí se recortan en 50 euros los honorarios de los letrados al final del procedimiento. Son las únicas variaciones destacables que hay en esas jurisdicciones.
Uno de los aspectos que más ha crispado al colectivo ha sido el espectacular aumento que sufren los baremos por asistir a un juicio con jurado popular. En asunto por cualquiera de los delitos previstos en la Ley de Jurado, se sube de 200 a 265 a 500 euros; mientras que en los casos de asesinato se sube de 475 a 600 euros. Unos incrementos que son mucho mayores que los recortes aplicados, con la salvedad que sólo se celebran una media de entre cinco asuntos al año.

Reacciones
Veteranos penalistas que hace años que dejaron el turno de oficio siguen defendiendo que cualquier recorte puede afectar a los derechos fundamentales. El letrado Francisco Ruiz Marco señala que el turno de oficio "es el 90% de la actividad penal de los juzgados y lo que está en juego es la libertad de una persona, que además suele estar entre las clases más desfavorecidas". Mientras que el abogado Luis Delgado de Molina incide en que "el turno de oficio ha crecido porque han aumentado los derechos de los ciudadanos", aunque cree que el actual clima de crispación no es bueno y sería conveniente retomar las negociaciones, "aunque sea pidiendo la intervención de una tercera parte que sea neutral, porque los dos están muy enrocados en sus posiciones". También para el abogado José Luis Romero está claro que "hoy por hoy es impensable que un abogado pueda vivir de los ingresos del turno de oficio. Hay que valorar las horas que estos letrados pueden pasar esperando en un pasillo".
Fuentes del Palacio de Justicia de Benalúa reconocen que en los últimos años "se han ido creando muchos servicios dentro del turno de oficio y quizá no había capacidad para pagar todo". En este sentido, se puntualizó que el problema no están tanto en las tarifas, sino en controlar que quien pide Justicia gratuita, efectivamente no puede pagarla. "¿Ha subido el número de solicitudes rechazadas?", se pregunta la misma fuente.
Desde el Colegio de Abogados se insiste en que ningún ciudadano se va a quedar sin asistencia jurídica con las medidas de presión que se adoptarán al final del lunes. Las gestiones que se dejan de hacer correspondían a la Administración y las asumía el Colegio. Desde el lunes, dejará de prestarlas.