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- ONG exige al Estado de Nicaragua fondos para ley contra violencia de género
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1399549La ley que castiga la violencia de género, que ha sido criticada por diferentes sectores de la Iglesia católica, evangélica, abogados e incluso magistrados, y defendida por las feministas y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, mantiene enfrentados a mujeres y hombres en Nicaragua.
La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que entró en vigor en junio de 2012, ha sido recurrida cuatro veces por inconstitucionalidad y la titular del Supremo de Nicaragua, Alba Luz Ramos, su principal defensora, ha dicho que esa norma "es para combatir la violencia, no es una ley contra los hombres".
Esa ley sanciona el maltrato hacia las mujeres y tipifica el "femicidio" como el delito que comete el hombre que dé muerte, en privado o en público a una mujer, como resultado extremo de la violencia.
También castiga diversos tipos de violencia, como la física, psicológica, sexual y patrimonial.
Además, tipifica el maltrato habitual como delito autónomo y establece la improcedencia de la mediación en casos de violencia.
La norma impone hasta 30 años de prisión, la pena máxima, a los hombres que ejerzan violencia sobre las mujeres.
Los recursos de inconstitucionalidad están basados precisamente en que la ley no permite la mediación aunque la mujer perdone al hombre, y a que hay penas demasiado duras y rígidas contra los varones.
Según un análisis jurídico solicitado por la iglesia evangélica "Asamblea de Dios" y dado a conocer esta semana, esa ley "destruye el matrimonio y la familia, al no permitir la mediación en delitos de orden leve" y que la misma está dirigida "contra los hombres".
"Esta es una ley de venganza contra los hombres, odia a los hombres, y el contenido mismo de la ley genera eso", sostuvo ante periodistas el abogado Marlon Loásiga, uno de los que introdujo un recurso por inconstitucionalidad por esa ley.
Para los organismos defensores de mujeres, lo que existe es una resistencia al cambio y una desinformación sobre la ley.
"Por supuesto, ese impacto es fuerte. Nicaragua no está al margen de la sociedad en general", admitió la presidenta del Movimiento Autónomo de Mujeres, Juanita Jiménez, en unas declaraciones a Efe.
"Hay tanta violencia, tanta saña, tanta discriminación, se hace necesaria una ley que establezca la igualdad absoluta entre hombres y mujeres", añadió.
La coordinadora enlace de la Red de Mujeres Contra la Violencia, un organismo local, Elia Palacios, dijo a Efe que la ley necesita darse a conocer para evitar la desinformación.
"El Gobierno debe hacer campañas de difusión para informar a la población, porque ha habido una desinformación en relación a que es una ley que castiga y sanciona a los hombres, que nace producto del odio y la venganza de las mujeres", señaló Palacios.
Según esta fuente, cuando una mujer acude a la Comisaría de la Mujer de la Policía Nacional "es porque ya agotó todas las vías: ya habló con el pastor, a donde la tía, donde el sacerdote, porque es el único recurso que le queda para salvar su vida".
Durante un foro del Movimiento de Mujeres de Nicaragua, que aglutina a 105 organizaciones femeninas del país, solicitaron a la Corte Suprema que declare la constitucionalidad de la ley.
No obstante, antes de emitir esa solicitud pública, escucharon la explicación jurídica del decano de la Facultad de Derecho de la privada Universidad Americana (UAM), Alejandro Aguilar, quien les advirtió que, en efecto, ese cuerpo de leyes no es perfecto.
El catedrático alertó de que la ley implementa el "derecho penal de autor", que "es la imputación de responsabilidad penal a una persona por formar parte de un colectivo".
"La imputación de una mujer que sufre violencia debe ser con independencia de quién comete el acto, de si es mujer o es varón", razonó.
Durante 2012 fueron asesinadas 85 mujeres, según cifras de la Red de Mujeres contra la Violencia.
La Corte Suprema estudia los recursos por inconstitucionalidad de esa ley, aunque no tiene fecha definida para dictar una sentencia.
Mientras tanto, continúa la polémica desatada por grupos religiosos y abogados independientes que califican de injusto ese cuerpo de leyes porque prohíbe la mediación y consideran que desintegra a la familia, y los organismos y movimientos de mujeres que la defienden.
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