CUSTODIA PATERNA: Ya es oficial: divorciarse costará desde ahora en España 1.280 euros

jueves, 15 de noviembre de 2012

Ya es oficial: divorciarse costará desde ahora en España 1.280 euros

Jueves, 15 de Noviembre, 2012
Enlaces:
- Tasas judiciales heridas de muerte
- El Gobierno aprueba la nueva regulación de los permisos de los jueces
- Jueces y fiscales amagan con una huelga

Los juicios verbales costarán 150 euros, y los ordinarios, 300

Los críticos afirman que se quiere crear una Justicia para pobres y otra para ricos
La ley de tasas judiciales, que contempla incrementos de entre 50 y 750 euros y la introducción del sistema en la jurisdicción social también para las personas físicas, ha quedado este 14 de noviembre de 2012 definitivamente aprobada tras el rechazo por el Pleno del Senado de hasta 6 vetos y 150 enmiendas defendidas por todos los grupos parlamentarios con excepción del PP.
Las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros.
Además, si un ciudadano quiere interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, le costará otros 1.200 euros.
Como muestra un botón: los juicios verbales costarán 150 euros, y los ordinarios, 300. Además de dichos importes, si se recurre en apelación, 800 euros, y 1.200 en casación.
Por ejemplo, una separación o divorcio sin liquidación de sociedades gananciales conllevará unas tasas de 1.280 euros.
Los diferentes senadores en la oposición que han intervenido en el debate coinciden en criticar el afán recaudatorio del Ministerio de Justicia y sobre todo en que quede afectado el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva.
Consideran que este proyecto la creación de una Justicia para pobres y otra para ricos.
En vigor en noviembre
Una vez aprobada, la norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor este mismo mes de noviembre.
Se cumplen así las previsiones del Ministerio de Justicia de que la norma esté plenamente vigente el próximo año.
El proyecto, que ha merecido también el rechazo de la práctica totalidad de los operadores jurídicos, regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Se ha tramitado por el procedimiento de urgencia después de que saliera adelante en el Congreso de los Diputados con los únicos votos del PP en una sesión en la que la oposición se ausentó del momento de la votación.
Respecto al proyecto original, ya en el Congreso se acordó modificarlo levemente para eximir a los trabajadores del pago del 60% de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en el orden Social.
Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros.
Durante el debate de este miércoles, tanto los diputados del IU como los del PSC-ICV estuvieron ausentes por haber secundado la huelga general, por lo que sus vetos quedaron sin defender.