Destaca la importancia de la concienciación social y la ley contra la violencia de género, sin la que morirían 150 mujeres al añoNATALIA ARIAS
20/03/2011
Médico de profesión, Miguel Lorente (Serón, Almería, 1962) fue uno de los primeros expertos en hablar de violencia de género y, desde hace tres años, es el delegado del Gobierno en este ámbito. Cree que la sociedad todavía no está lo suficientemente concienciada con un problema que él es capaz de presentar con datos y estadísticas de todo tipo. Pide a los hombres más implicación en la lucha contra los malos tratos y confiesa que, a veces, siente “una mezcla pasajera de tristeza, impotencia y frustración” por la crítica constante que reciben las políticas de igualdad desde algunos ámbitos. También porque se cuestione siempre al sistema y no al agresor. Esa actitud le preocupa porque, dice, “genera desconfianza” e inhibe a las mujeres a la hora de denunciar. “Estamos dejando en manos de una ley, una institución o un recurso la solución de un problema que pasa por quitarle a los violentos los espacios donde ejercen la violencia”, explica.
Tras seis años, ¿qué balance hace de la ley contra la violencia de género?
Es complicado hacer un balance en pocas palabras, pero diré que estamos mejor que hace tres años, cuando hicimos el primero. Hemos avanzado en prevención, atención, protección y formación, y eso se ha traducido, a pesar de las víctimas mortales del último año, en más apoyo social a las mujeres para salir de la violencia. A finales de 2010, morían asesinadas un 6,2% menos que antes de la ley. Además, aunque aún estamos esperando el informe estadístico, sabemos que reivindicar el rechazo de los roles rígidos y tradicionales que las llevan a asumir determinadas funciones, ha permitido prevenir la violencia y reducir los homicidios, que es lo que más preocupa. Sin la norma, hablaríamos de 150 mujeres asesinadas al año, como ocurre en países de nuestro entorno.
Hay quien cree que es insuficiente.
Hay dos puntos de vista desde los que debemos analizar esa situación: el de quien vive la desigualdad que genera la violencia muy de cerca y quiere acabar con ella, que es algo que no puede hacerse en seis años porque se ha construido durante siglos, y el de los que quieren obviar todo lo que se está consiguiendo. Esta última es una visión parcial y muy negativa porque la violencia no es solo el homicidio. Hay muchas mujeres saliendo de situaciones de este tipo, que no están en las estadísticas, y otras muchas que no llegarán a entrar porque hemos identificado las causas. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que, a pesar de todo lo que incluye la ley, nunca va a ser capaz de acabar con algo que nace de la voluntad de unos agresores morales que están dispuestos a entregarse o suicidarse tras cometer el delito. El análisis no puede centrarse en las muertes, sino en buscar una transformación social para que el maltratador deje de pensar que la mujer le pertenece.
Las estadísticas indican que al 016 llaman, sobre todo, mujeres. Da la sensación de que, a veces, ni las familias están concienciadas.
Esa es la clave, efectivamente. El agresor siempre cuenta con espacios para ejercer violencia porque la sociedad todavía no es lo suficientemente crítica con esas conductas de sometimiento que terminan en agresiones graves o mortales. Y voy a poner un ejemplo muy gráfico, el de un padre que el año pasado dijo a los medios de comunicación: “Sabíamos que la maltrataba, pero no pensábamos que la iba a matar”. Con estos casos, te das cuenta de la falta de concienciación que existe sobre la gravedad de que un hombre maltrate a una mujer. Ademas, según el CIS, el porcentaje de mujeres que considera grave la violencia de género es del 100%, frente a lo que ocurre con los hombres, y el 86% de las llamadas al 016 que hacen las personas que no son la víctima también son mujeres.
Otro ámbito importante es el judicial. Bibiana Aído acusó a la Xunta de obstaculizar la creación de un juzgado especializado en Pontevedra, ¿qué opina?
Lo fundamental para que las mujeres denuncien es que perciban que el sistema responde. La creación de juzgados depende del Consejo General del Poder Judicial, que determina la carga que deben asumir; del Ministerio de Justicia, y de las comunidades. Un juzgado, como un hospital, no se crea solo según el criterio de lo conveniente, tiene que haber una demanda que justifique la inversión y las autonomías deben dotarlo. No conocía el caso de Pontevedra, pero, en esa triple combinación, habrá elementos para posponerlo. Lo importante es que haya una respuesta rápida y que mandemos el mensaje de que, aunque no haya un juzgado especializado en términos de exclusividad, sí los hay en términos de compatibilidad. Todos los juzgados, aunque vean otros temas, son especializados.
En Galicia, han descendido las órdenes de protección. La secretaria de Igualdade lo vincula a la crisis. ¿Está de acuerdo?
No, creo que la crisis tiene un efecto secundario. Los temas económicos son estresantes sociales, esto quiere decir que, como ocurre con el alcohol o las drogas, generan un impacto negativo sobre un problema que ya existe, pero no lo provocan, y, si decimos que inciden, podemos hacer que las mujeres no denuncien. Además, tenemos datos hasta el tercer trimestre de 2010 que indican que se produjo un incremento del 10,2% en el número de denuncias cuando la situación económica era más grave en 2009, luego no se puede decir que se den más casos por la recesión. Y lo mismo ocurre con el porcentaje de víctimas y agresores de los homicidios que estaba en desempleo, que era un 8% menor que en cualquier grupo de población que escojas.
Entonces, ¿qué influye?
Algo más grave: la campaña que se ha hecho, y que nos preocupa mucho, de que hay denuncias falsas. Con estas acusaciones se niega la violencia y se cuestiona la credibilidad de las mujeres, y eso se traduce en dos hechos: uno, que la mujer denuncie y no se siga adelante con la investigación aunque haya informes con lesiones y, dos, que no se le conceda una orden de protección porque, aunque se ve que existe violencia, no se considera grave y no se adopta esa medida.
También ha denunciado en numerosas ocasiones que se infrautilizan las pulseras antimaltrato.
Sí. Los factores son varios y cuando lo digo no estoy personalizando en los jueces o juezas. Donde detectamos una situación irregular es dentro del sistema judicial y ahí influyen factores como los informes psicosociales y forenses, o la investigación que se lleva a cabo. Lo que vemos es que hay provincias, y dentro de estas juzgados, que ponen muchas pulseras y otras que no. Y eso significa que hay jueces que confían en el sistema y otros que dudan de él. Estamos trabajando con el Consejo para disipar las dudas.
Algunos fiscales gallegos comentan que en los núcleos pequeños las pulseras no son operativas porque la alerta salta constantemente, ¿qué opina?
Eso es situar el problema donde no está. ¿Qué nos preocupa, que suene el aparato o que haya un agresor incumpliendo una medida judicial? Si se establece, hay que garantizar que se cumpla y, si esa medida se ve poco operativa, tendrá que adoptarse otra como que el agresor se vaya del pueblo. Lo que hay que velar es por que la mujer este protegida, no por los inconvenientes para el maltratador.
¿Por qué hubo tanta polémica con la custodia de los agresores imputados?
Nunca entendimos la polémica porque si el artículo 92 del Código Civil ya contempla que un progenitor que está inmerso en un proceso de violencia de género, imputado formalmente, no solo denunciado, no puede ser beneficiario de la custodia compartida, ¿cómo va a tenerla solo?, que es lo que se reforma ahora. Es algo coherente con la patria potestad, que debe ejercerse en beneficio del menor. Y lo prudente es que haya un distanciamiento para recuperar al menor del efecto de la violencia y evitar que pueda ser utilizado para ejercerla sobre la madre.
El presidente del Gobierno pidió más implicación a los hombres el 8 de marzo.
Es que tienen que saber que quien genera este problema no son ellos, sino los hombres violentos, y no pueden sentirse atacados por las políticas de igualdad, que se dirigen contra los agresores. Pero también es muy importante que se den cuenta de que no hay neutralidad ante la violencia y de que tienen que implicarse. Muchos te dicen: “Es que yo no soy maltratador”. Pero no basta con no serlo, porque muchos agresores están usando a los hombres para presentarse dentro de la normalidad, camuflados entre ellos. Aquí, si no se está contra la violencia, de alguna manera se está a favor, porque es algo que ya existe, que está dentro de la convivencia de la sociedad. Y, si no hacemos todo lo que podemos para acabar con ella, estamos facilitando que continúe. Es muy importante que los hombres apoyen a las mujeres y sean ellos mismos los que denuncien. Permitir que un familiar o un amigo la ejerza no es camaradería, ni compañerismo. Lo que hay que facilitar es su reeducación.
¿Le queda todavía algo que sienta como su asignatura pendiente?
Sí, porque no hay ningún ámbito en el que se pueda decir que se ha dado una respuesta definitiva. Creo que lo prudente es seguir trabajando. Lo que pasa es que, a veces, por distintas circunstancias y no por un error o falta de implicación, como se dice, el propio sistema no puede llegar a todos los lugares en los que se produce la violencia, que se da en ámbitos privados. Eso solo se modifica a través de la concienciación. Tenemos los recursos: la prisión provisional, la pulsera GPS, la acción policial, la teleasistencia, la implicación del entorno, el tratamiento de la víctima o la reeducación del maltratador, pero, insisto, hay que aplicarlos. Además, tenemos que adaptar nuestra respuesta a los cambios de la sociedad: ahora las mujeres asesinadas son de más edad y la extrajeras suponen porcentaje mayor, por ejemplo.
¿Habrá una revisión de la ley?
No, solo estamos haciendo balance. El factor clave aquí es la conciencia social porque los recursos que tenemos no van a acabar con la violencia estructural, cuando hay actitudes que tienden a justificarla. Un dato muy gráfico. A causa del terrorismo de ETA, han muerto en España y Francia desde junio del 68 una media de 17,1 personas al año, cuando la media anual de mujeres asesinadas por la violencia de género es de 68,1. Es clara la diferencia entre un problema y otro y, en cambio, la sociedad los percibe también de manera distinta. En los últimos cinco años, ETA ha matado a doce personas, la violencia de género a 345 mujeres, y, si hay una manifestación de jóvenes por cualquier cosa se identifica con kale borroca; unas declaraciones de un político, con enaltecimiento del terrorismo, una agrupación que intenta presentarse a unas elecciones con un vínculo con el terrorismo, se ilegaliza...
¿Se cree que la violencia de género no afecta a toda la sociedad?
Efectivamente. Todo el mundo piensa que puede ser víctima del terrorismo si le pilla un explosivo, mientras que la violencia de género es estructural y se piensa que solo le afecta a las mujeres y, desde esa posición, a las que no cumplen con su rol tradicional de esposa, madre y ama de casa.
También es cierto que el Gobierno se implicó mucho antes con el problema del terrorismo.
Claro, pero es que ya no tenemos que recorrer el mismo espacio porque hemos aprendido la lección. La violencia de género existe porque hay espacio para ello. El resultado es objetivo: Si en España, en lugar de 70 mujeres, fueran asesinados al año 70 taxistas, médicos o joyeros... el país estaría revolucionado respecto a la cuestión de la inseguridad, pero la vida de 70 mujeres no produce la misma reacción crítica y este tipo de homicidios se repiten con justificación y minimización. Todavía hay muchas miradas que se desvían cuando se acercan a la violencia de género, profesionales que no responden de forma adecuada y familias que creen que es una cuestión que debe resolverse dentro de la relación. Todo ese cambio es el que necesitamos y lo vamos a conseguir sin emplear tanto tiempo.
http://www.xornal.com/artigo/2011/03/20/sociedad/miguel-lorente-fueran-asesinados-ano-taxistas-espana-estaria-revolucionada/2011032000381200669.html
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