EL CGPJ, bajo el escrutinio del TS

 Demanda por el 'cambalache político' del CGPJ

Sábado, 1 de Febrero, 2014
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El nuevo presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, con los vocales del Consejo tras su elección.

La asociación de jueces Francisco de Vitoria, la segunda más representativa en la carrera judicial, ha decidido impugnar ante el Tribunal Supremo tanto el nombramiento de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial que deben proceder de la Magistratura como la elección del presidente, Carlos Lesmes.
La asociación de magistrados pretende que la Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronuncie sobre el «cambalache político» por el que los partidos se repartieron el pasado noviembre el órgano de gobierno de los jueces y declare la «ilegitimidad» de los nombramientos efectuados.
El Comité Ejecutivo de la organización judicial Francisco de Vitoria, la segunda de mayor implantación en la Judicatura, ha acordado presentar ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo una demanda contra el nombramiento de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial que proceden de la carrera y contra la designación de Carlos Lesmes como presidente del órgano.

La AFV ha decidido impugnar el nombramiento de los 12 vocales del CGPJ y la elección del presidente, Carlos Lesmes.

El recurso denunciará la «ilegitimidad» de los nombramientos de los vocales judiciales efectuados el pasado noviembre por el Congreso y el Senado por la «perversión» del sistema constitucional de conformación del órgano de gobierno de los jueces, que a juicio de la Asociación Francisco de Vitoria (AFV) se ha apartado de la interpretación constitucional de la Ley Orgánica del Poder Judicial realizada por el Tribunal Constitucional y ha convertido la renovación del CGPJ en un «cambalache político».
La demanda de AFV no tendrá los problemas de legitimación que pueden presentar otros recursos contra la renovación del CGPJ, ya que la jurisprudencia del Supremo ha reconocido a las asociaciones judiciales interés legítimo para recurrir los actos relacionados con el órgano de gobierno de la Judicatura.
AFV -que tras la renovación del CGPJ criticó el incumplimiento por el PP de su compromiso electoral de devolver a la carrera judicial la elección de los 12 vocales que deben ser jueces o magistrados- considera que el Tribunal Supremo debe tener la oportunidad de pronunciarse sobre el «reparto político» de los consejeros judiciales e incluso cuestionar la constitucionalidad de la reforma legal realizada por el Gobierno de Rajoy. No impugnará la designación de los ocho vocales que deben ser juristas y cuya elección, en todo caso, corresponde al Parlamento de acuerdo con el artículo 122.3 de la Constitución.
A su parecer, el procedimiento de designación de los vocales judiciales y, posteriormente, la elección a cargo del propio Consejo de Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, han acreditado la «injerencia de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria y del propio Poder Ejecutivo», lo que permite cuestionar la legitimación de un órgano así constituido.
El Congreso y el Senado eligieron a finales del pasado noviembre al nuevo CGPJ con un pacto alcanzado por el PP y el PSOE, algo que ha sucedido en todas las renovaciones anteriores a partir de 1985, cuando el PSOE eliminó la elección de los vocales judiciales por la propia carrera y la entregó al Parlamento.
En esta ocasión, las dos fuerzas políticas mayoritarias dieron cabida en el pacto a IU, CiU y PNV. Se ha configurado así un órgano de gobierno del Poder Judicial en el que el PP, en correspondencia con su hegemonía parlamentaria, propuso a 10 de los 20 vocales más el presidente, el PSOE propuso a siete y PNV, CiU e IU, un vocal cada uno.
La experiencia ha acreditado que en cada proceso de renovación del CGPJ la fuerza política mayoritaria ha trasladado su peso al Consejo y las vocalías se han repartido en proporción a la representación parlamentaria de cada grupo.

'Grave desatención'

Para la Asociación Francisco de Vitoria, este proceder supone una «grave desatención» a la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional de la elección parlamentaria del Consejo. En una sentencia dictada en 1986, el TC indicó que la Constitución ha querido «asegurar la presencia en el Consejo de las principales actitudes y corrientes de opinión existentes en el conjunto de jueces y magistrados» y «equilibrar esta presencia con la de otros juristas que, a juicio de ambas Cámaras, puedan expresar la proyección en el mundo del Derecho de otras corrientes de pensamiento existentes en la sociedad».
Pero el TC advirtió del «riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos». Para AFV, esto es exactamente lo que viene ocurriendo desde 1985 y la renovación de 2013 no ha sido una excepción.
La demanda señalará que los vocales elegidos de esa forma procedieron a designar como presidente a la persona pactada por el PP y el PSOE, cuyo nombre «venía siendo mencionado como persona de la confianza del ministro de Justicia».
En cambio, AFV ha decidido no recurrir el nombramiento de Ángel Juanes como vicepresidente del Supremo.

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