NO hay peor ciego que el que no quiere ver. Negar que la ley integral contra la violencia de género, amén de manifestarse ineficaz, está permitiendo auténticos atropellos, incompatibles con principios básicos de cualquier sociedad democrática, implica todo un ejercicio de cinismo sectario y de ocultación maliciosa de la realidad. No es caprichoso ni casual que sus mandatos hayan sido denunciados en Bruselas por medio centenar de asociaciones en defensa de la custodia compartida de toda España, al considerarlos totalitarios y opuestos a la presunción de inocencia y a los derechos de los padres.
El error nace, a mi juicio, de la propia filosofía sobre la que se asienta: no es posible regular un determinado ámbito de las relaciones humanas partiendo del prejuicio simplista de que la violencia sólo se produce y es perseguible en un único sentido. Alguien ha escrito, creo que con plena lógica, que ni los hombres pueden ser considerados en su conjunto agresores en potencia, ni las mujeres víctimas por definición. Claro que la violencia de los hombres contra las mujeres, cuando se produce, debe ser duramente condenada y que han de emplearse todos los medios lícitos para erradicarla. Pero eso no incluye desconocer que también puede haber violencia, aunque no siempre física, de mujeres contra hombres. Ésta no es una historia de malos y buenas, no se sustenta en un conflicto de clases, sino que se concreta en miles de circunstancias diferentes, de sucesos particulares que tienen que ser analizados con la objetividad y la equidad exigibles.
Es absurdo, y hasta gratuitamente destructivo, que la mera denuncia por maltrato, sin la concurrencia de un mínimo principio de prueba, apareje, para el padre denunciado, la pérdida automática de la custodia de sus hijos. Es un escándalo, además, que proliferen impunemente las falsas acusaciones con el efecto perverso de arruinar vidas, a veces sin otro fin que el obtener ilegítimas ventajas procesales, sentimentales o económicas. Casos como el del padre que, aun absuelto, lleva seis años sin poder visitar a su hija, tendrían que propiciar una reflexión profunda sobre la coherencia de unos preceptos que, a veces, amparan indefensiones abominables. No son, por otra parte, hechos aislados. Casi todos podríamos aportar el testimonio de un amigo, de un familiar o de un conocido que se encuentra atrapado en las redes inicuas de semejante despropósito.
El engendro, que lo es, ni tan siquiera tolera voces críticas. Les supongo al corriente de las desventuras del juez Serrano, un buen conocedor de lo que está ocurriendo, al que lo políticamente correcto acabará ejecutando por atreverse a gritar la verdad. Ésa que en absoluto importa a los fanáticos, que estorba sus estrategias maniqueas y que por supuesto carece de relevancia alguna en la búsqueda, despótica e insensible, del "glorioso" triunfo de su causa.
http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/734900/una/ley/inicua.html
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