xosé Carreira lugo/ la voz lugo
El Santo Anxo, de Rábade, es uno de los centros de educación especial que funciona en Galicia
«¡No puedo con mi hijo!». Esta parece ser la expresión desesperada que cada día pronuncian más padres en la provincia lucense. La fiscales que se encargan de la sección de menores dicen que aumenta la problemática que representan algunos jóvenes no infractores cuyos padres tiraron la toalla, o están a punto de hacerlo, porque no son capaces de ejercer sobre ellos el más mínimo control. Todas las fórmulas que aplicaron no les dieron resultado.
Los expertos aseguran que son adolescentes que no siguen ninguna norma. «Solo hacen lo que les agrada. Pasan el día fuera de casa, sin hacer nada, con un rendimiento escolar deficiente en caso de estar escolarizados, sin perspectivas de preparación profesional. El hogar para ellos es una especie de hotel con pensión completa y los padres son tratados como figuras molestas, cuya única función sería correr con los gastos de estos jóvenes». Así describen los fiscales la situación.
El menor debe colaborar
Los padres cuando se ven impotentes y dan por perdidos a sus hijos, acuden a organismos oficiales. En ocasiones lo hacen a la fiscalía, pero desde este organismo aseguran que nada pueden hacer más que remitirlos a la Consellería de Traballo e Benestar para que los equipos de orientación familiar puedan trabajar con la familia. El ministerio público únicamente interviene cuando los menores cometen alguna infracción.
Pero, aún interviniendo los equipos especializados, no todo es jauja. Si el menor no colabora ni acude a las citas del equipo, ni tan siquiera se puede iniciar el tratamiento o no puede continuar con garantías. «Es comprensible -dicen los fiscales - que los padres se sientan con frecuencia defraudados ante un problema que por si mismos no pueden solucionar. Por su parte, la entidad pública no suele acordar el internamiento de estos adolescentes, salvo en casos graves, porque la situación de desamparo se deriva habitualmente de la ausencia o ineptitud de la familia y no del comportamiento indisciplinado del hijo. Tampoco son frecuentes los casos en los que la administración autonómica asume la guarda. Lo más habitual es que ofrezca a la familia apoyo técnico: recursos educativos y psicológicos».
Los fiscales apuntan a que no es fácil analizar los motivos que originan el comportamiento de estos jóvenes. Algunos, dicen, presentan desequilibrios psicológicos; otros, están influidos por malas compañías y otros pagan las consecuencias de una deficiente educación proporcionada por sus padres. Éstos no establecen normas ni límites «y al llegar a la adolescencia, la situación explota», según palabras de los representantes del ministerio público en Lugo. «Ya es tarde para señalarle un camino por el que antes no ha transitado», dicen.
Faltan centros
Desde el ministerio público alertan de que en la provincia no existe ningún centro de protección de seguridad para menores que presentan conductas inadaptadas o de alto riesgo. Destacan que tampoco lo hay en el resto de Galicia. En este sentido apuntan que el centro para menores psíquicos y de conducta, ubicado en Vilagarcía y los de educación especial de Ourense y Rábade, acogen a jóvenes que precisan especiales medidas de seguridad.
La memoria fiscal reseña el caso de una abuela que pide al juzgado la tutela de una nieta porque la madre es toxicómana y no puede darle los cuidados más elementales. El fiscal rechazó la solicitud porque la madre no había sido privada de la patria potestad y la Administración debía actuar debido a que la pequeña estaba en situación de desamparo. El juzgado, sin embargo, dio la tutela a la abuela. «Estamos pues ante una resolución judicial que priva a la madre de la patria potestad, sin bien con su consentimiento, sin haberse celebrado un juicio declarativo contradictorio», expone la memoria de la fiscalía.
Crónica cuando los padres pierden la autoridad
Algunos acogedores de niños saharauis, dicen los fiscales de menores, prolongan por su cuenta y riego la estancia de los mismos en la provincia alegando un tratamiento médico, lo que puede causar graves problemas a la organización del viaje y a las familias involucradas. Reseñan el caso de dos muchachas que viven con dos familias en la provincia. Asisten a colegios sin problemas burocráticos, se adaptan bien al entorno y tienen permiso de residencia. «Tropezaron -dice la fiscalía- con la administración sanitaria, por lo menos en el primer contacto, cuando fueron sin representante lega a solicitar la tarjeta». Se preguntan los fiscales cómo dotar a estas menores de un represente legal.
La fiscalía lucense constata una «enorme lentitud» de la Administración de Justicia en resolver las reclamaciones de las familias biológicas. Añade que algunos acogedores llegan a la desesperación.
«No se trata de que los juzgados de Lugo abandonasen estos asuntos. Se trata del ejercicio de sucesivas acciones judiciales que, en su conjunto, constituyen una cadena de procedimientos durante años. Primero se impugna la resolución de su desamparo, con su correspondiente apelación; luego se recurre el acogimiento y, por último, se formula oposición a la adopción y se recurre a la Audiencia. En algún caso pasaron 4 años y el menor sufre las consecuencias".
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