La Voz / ND
14 de Marzo, 2011
El de hoy es un tema muy espinoso, y lo es porque amén de los complejos aspectos legales que involucra, trae aparejado una carga cultural y social inmensa y delicada, sobre todo cuando es un hombre quien reflexiona sobre ello. Sin embargo, creo justo tocarlo con la finalidad siempre constructiva de que sin apasionamientos y con cabeza fría comencemos a plantearnos la real necesidad de lograr leyes más justas, equitativas y efectivas, para avanzar en la lucha contra la discriminación, cualquiera de la que se trate, y a favor de la igualdad ante la ley real, palpable, que no sólo de las proposiciones que suenan de la boca para afuera.
Como punto previo destaco, para evitar equívocos engorrosos, que la violencia de género, contra la mujer concretamente, existe y es un fenómeno contra el que hay que levantar, dentro de los parámetros legales y constitucionales eso sí, todas las lanzas. Sin embargo, en esta entrega quiero hacer especial referencia a la barbarie que supone combatir la negatividad y los abusos y la violencia contra la mujer con más negatividad y con más abusos y más violencia, pero esta vez institucional y contra los hombres.
Como bien lo destaca la exposición de motivos de la LODMVLV, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el sólo hecho de serlo tiene sus raíces en la esencia patriarcal de las sociedades modernas, en las que prevalece, y eso debe erradicarse, un esquema estructural de discriminación, de subordinación, que en no pocas ocasiones conduce a situaciones en las que el hombre somete a la mujer a sus designios, mediante el uso de la violencia física o psicológica.
Contra esto había que luchar. Había que levantar el velo de silencio que existía sobre el tema y teníamos que dar pasos concretos para combatir esta dolorosa realidad. Haciendo un poco de historia, un importante paso en nuestra nación para erradicar el fenómeno de la violencia de género (que en muchos aspectos es también una manifestación de la denominada violencia doméstica), se dio en 1998, cuando se promulgó la “Ley Sobre Violencia Contra la Mujer y la Familia” (LSVCMF). En esta ley, pese a los equívocos que puedan derivarse de su título, probablemente promovidos por un anhelo populista de satisfacer las peticiones del feminismo radical, y pese a que en algunas disposiciones mostraba aspectos de clara inconstitucionalidad, como los contemplados en el que fue su Art. 39, que permitía a la Fiscalía y a los órganos de policía dictar, como órganos receptores de las denuncias, “medidas cautelares” que sólo corresponden a los tribunales de justicia, se protegía de la violencia doméstica, así lo dejaban claro los artículos que contemplaban en ésta los delitos, no sólo a la mujer, sino a todas las personas que integrasen el núcleo familiar, hombres, mujeres, y hasta a los infantes, que también habían empezado a ser especialmente protegidos con la promulgación en 1998 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sin embargo, hasta el mismo Ministerio Público se percató de los aspectos inconstitucionales de algunas de las normas allí contempladas y demandó su nulidad. Esto motivó un intenso debate que culminó con un remedio peor que la enfermedad contra la que se luchaba: Con la promulgación de la LODMVLV. En ésta, que derogó completamente a la LSVCMF, no sólo se mantuvo la inconstitucionalidad de la norma cuya nulidad se planteaba (lo que antes estuvo en el Art. 39 de la LSVCMF se mantuvo ahora en el Art. 71 de la LODMVLV) sino además se excluyó, contra lo que es la realidad, la posibilidad de considerar otras formas de violencia como especialmente punibles, que también existen en el ámbito doméstico, pero que no involucran como víctimas sólo a las mujeres, sino también a los hombres y a los infantes en general.
Entendamos acá, reitero, que no se trata en esta entrega de desconocer la verdad de la violencia de género contra la mujer, sino de destacar que es igualmente negativo olvidar que no sólo ésta existe, si no que también son posibles, aunque no se conozcan o se revelen con igual intensidad, modalidades de violencia y determinados tipos de abusos que deberían ser también objeto de consideración especial, en este caso, de las mujeres hacia los hombres, más allá de lo que diga el Código Penal.
Esto es grave, pues ha dado lugar a toda clase de abusos y excesos, muchas veces amparados por el propio poder judicial y hasta por el Ministerio Público, en los que las mujeres, con intenciones distintas que las de resguardar su integridad física, psíquica o moral, y normalmente para obtener beneficios económicos indebidos (es decir, más allá de los que legalmente le corresponden luego de una ruptura matrimonial), quienes en sus procesos de separación o de divorcio, o simplemente con ánimos retaliativos, abusan de la ley y de su aplicación con toda la carga negativa que ello genera.
Esto también puede concluir en una expresión muy grave de lo que se ha llamado el “Síndrome de Alienación Parental”. Richard A. Gardner, promotor del concepto, luego de estudiar múltiples casos de divorcio y de separaciones especialmente conflictivos, llegó a la conclusión de que en múltiples ocasiones un progenitor, tanto el hombre como la mujer, puede servirse de diferentes estrategias, y en nuestro caso las deficiencias legales lo fomentan, para transformar la conciencia de los hijos con respecto al otro, llegando incluso a utilizarse a los hijos o hijas para sustentar sin base real, supuestas causas de maltrato o de violencia en las que no sólo resulta perdedora la verdad, sino que además se causan daños graves en los infantes, que pueden hasta llegar a desarrollar un “odio patológico e injustificado hacia el progenitor alienado, con consecuencias devastadoras en el desarrollo físico y psicológico de éstos”.
De este síndrome son algunas expresiones el impedir por los medios que sea, que los hijos mantengan un régimen de convivencia con el padre alienado, el subestimar o minimizar en el infante los sentimientos de amor hacia el otro progenitor, premiando o avalando las conductas despectivas que en éste puedan materializarse contra el progenitor “enemigo”, y hasta el señalamiento del cónyuge o ex cónyuge como criminal, incentivando esta idea en la familia cercana, especialmente en los hijos.
No dudo ni por un instante que haya hombres violentos y abusivos que merezcan que se les aplique todo el peso de la ley, o que incluso, si así procede, deban ser limitados severamente en sus relaciones de convivencia con los hijos; pero lo que no debe ser tenido como justo es que se “sobreentienda” que las conductas dañinas a nivel familiar, y todas las francas expresiones de violencia doméstica que puedan darse, sólo pueden estar a cargo de los hombres contra las mujeres, sólo porque culturalmente estemos condicionados a creer que ello siempre “es” así.
Si la igualdad de trato ante la ley es la meta, si la no discriminación por género es la consigna, no podemos promoverla mediante mecanismos legales que de alguna forma lo que hacen es minimizar a las mujeres poniéndolas, contra lo que se pretende, como las débiles, en una relación de supuesta inferioridad que modernamente no debería ser amparada ni promovida por las leyes. Más allá de las cargas culturales, que todos debemos superar, entendamos la ley como mecanismo de defensa para todos, o existe paridad total en el reconocimiento de nuestros derechos y de nuestras obligaciones, o tal paridad no existe y no es más que un sofisma.
http://www.noticierodigital.com/2011/03/la-violencia-oculta/
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