CUSTODIA PATERNA: Destierro para maltratadores en pueblos pequeños

viernes, 11 de julio de 2014

Destierro para maltratadores en pueblos pequeños

Viernes, 11 de Julio, 2014
- PLATAFORMA PARA LA DENUNCIA DE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

PROPUESTA DEL PP

El PP quiere regular el destierro del maltratador en los municipios pequeños para no quebrantar las órdenes de alejamiento a las que dan lugar las denuncias por violencia de género, establecidas entre los 100 y los 200 metros de distancia de prohibición, que en pequeños localidades suele quebrantarse por la propia configuración de la localidad de residencia de la víctima y el maltratador.
   "Debería modificarse esa tendencia, dando paso a la posibilidad de establecer el destierro o prohibición de residencia en la misma localidad en los casos de residencia de un pueblo pequeño", propone el PP entre su batería de propuestas de modificación a la Ley de Violencia de Género que ha presentado al grupo de trabajo conformado en abril entre Congreso y Senado para frenar las altas tasas de víctimas de esta lacra que se estan generando en 2014.
   Así, promueve solicitar al Gobierno a endurecer las penas de alejamiento, incorporando la prohibición para el condenado de residir en la misma localidad que la víctima, en aquellos casos en los que la residencia de uno y otra sea en una localidad pequeña.
   También plantea entre estas propuestas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el establecimiento de la obligatoriedad de la separación física de la víctima y maltratador durante su estancia en los juzgados, tanto durante el juicio como previa o posteriormente a éste.

QUE SE AMPLÍE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA
   Desde el PP proponen igualmente que se regule cómo debe acreditarse, con carácter general, la condición de víctima de violencia de género, así como las características y la duración de esa acreditación.
   "La duda sobre la vigencia de tal acreditación de la condición de víctima de violencia de género en muchas ocasiones se ha vinculado a la duración de condena del maltratador, algo que da lugar a la paradoja de que las mujeres estén más protegidas durante el tiempo que el maltratador pasa en prisión, que cuando sale de ella", argumentan los 'populares'.
   Por otro lado, proponen al Gobierno que establezca un modelo de documento de renuncia al puesto de trabajo por razón de violencia de género, o su sustitución por un informe de los organismos de igualdad correspondientes, para favorecer la reinserción laboral de la mujer que se ve obligada a abandonar su puesto de trabajo por razón de violencia de género.
    Según explica el PP, en muchas ocasiones las mujeres que se ven obligadas a renunciar a su puesto de trabajo para trasladarse a otra localidad, con el objetivo de vivir en un municipio diferente al del agresor, y sin embargo el maltratador sigue en su puesto de trabajo y en su localidad.
    "Cuando la mujer que ha renunciado a su puesto de trabajo quiere percibir alguna ayuda, ésta se le deniega porque ha renunciado voluntariamente a su trabajo. Esta situación debe solucionarse con algún documento emitido por la propia empresa, y con validez ante las adminsitraciones, en el que quede claro que la renuncia se hace por la situación de violencia de género, preservándose de esta manera la posibilidad de recurrir a ayudas", agrega.

INSERCIÓN LABORAL
   En este contexto, también plantean el establecimiento de algún tipo de contraprestación por parte de las mujeres, como la realización de cursos o el seguimiento de un programa de apoyo psicológico o la búsqueda activa de empleo que podrían venir determinados por el desarrollo de un plan personalizado para cada víctima.
   La inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia es fundamental, según defiende el PP, para que éstas accedan a una independencia económica y personal necesaria para romper el vínculo con su agresor y lograr su "efectiva" recuperación integral.
   Además, el PP apuesta por reforzar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las unidades forenses con el objetivo de que la valoración de riesgo se haga en las mejores condiciones.
   Igualmente, ve imprescindible aumentar la formación en materia de violencia de género de jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales, a través de un programa específico de formación que el que existe actualmente y que, en el caso de la judicatura, haga un especial hincapié en el conocimiento de las pulseras como sistema de control de los maltratadores más peligrosos.
   El PP apunta que las cifras indican que sólo los jueces de la Comunidad de Madrid son suficientemente conocedores de esta herramienta ya que más de un 50% de las pulseras se instalan en esta comunidad.
   A su vez quiere instar al Gobierno a evaluar la dimensión y actuación de los protocolos de actuación y colaboración en materia de violencia de género en vigor y mejorar su eficacia estableciendo su obligatoriedad por partido judicial.
   Asimismo, considera que deben ser los Juzgados de violencia de género los que psen a llevar los delitos de lesiones, integridad moral, honor, intimidad y propia imagen, siempre que la víctima sea la pareja o expareja del agresor.
   Hasta este momento, estos delitos correspondían a los juzgados de instrucción, pero su relación con los hechos tratados en los Juzgados de Violencia "es evidente". De la misma manera todos aquellos delitos que se utilicen como una forma de violencia contra estas mujeres debieran pasar a formar parte de la actividad de los juzgados especializados.
   Por otro lado, llama la atención sobre la competencia territorial de los juzgados de violencia de género, que viene determinada por el lugar de domicilio de la víctima, a pesar de que con frecuencia mujeres que han sido víctimas se muden.
   La modificación consistiría en atribuir la competencia al juzgado de violencia en la que la mujer tenga su residencia habitual al tiempo de presentar la denuncia. "De esta forma se evitaría que la mujer tuviera que desplazarse a la localidad donde fue objeto de la violencia", sentencia el PP.
   Por otro lado, plantea la inclusión de un nuevo artículo en el Código Penal que tipifique la violencia de género como tal, con su correspondiente denominación. "En el actual sistema se está castigando por violencia del artículo 153 y 173 pero en ninguno de ellos se utiliza esta denominación, lo que provoca una indefinición y que se vincule a otro tipo de delitos en el ámbito familiar.
   El documento final con las propuestas del PP y del resto de los grupos parlamentarios que han participado de estas reuniones desde abril verá la luz en septiembre y remitido al Gobierno, según confirmaron a Europa Press fuentes 'populares'.