CUSTODIA PATERNA: El atasco de la justicia

domingo, 13 de julio de 2014

El atasco de la justicia

Domingo, 13 de Julio, 2014

Los juzgados de la Comunitat Valenciana acumulan cerca de 350.000 casos pendientes de sentencia y reciben más de 400 nuevos asuntos cada día

Colapso en los juzgados de Valencia
Hacer cola durante toda la madrugada, y hasta varios días consecutivos, para coger turno en el registro civil; sufrir el retraso de juzgados saturados, padecer el sofocante calor de juzgados donde faltan hasta las cortinas o se averió el aire acondicionado y, como problema estrella, tener que asumir demoras superiores a un año de tiempo para obtener la sentencia de un juez ante un conflicto determinado. Muchos y muy variados son los problemas que, en este fin de curso, sigue sufriendo la Administración de Justicia valenciana; una lacra que afecta especialmente a pueblos y municipios pequeños de la Comunitat. Este déficit, según las fuentes consultadas, solo puede corregirse incrementando las plantillas de profesionales, tanto de jueces como de fiscales y funcionarios, modernizando la estructura organizativa (los actuales partidos judiciales datan de 1870) y aumentando las partidas económicas destinadas al mantenimiento de las infraestructuras judiciales y a la mejora de los sistemas informáticos y la comunicación de juzgados y registros.
«Lo único que pedimos es poder hacer nuestro trabajo en condiciones, y dedicar a cada asunto el tiempo que necesita, porque detrás de cada caso hay un ciudadano con un problema, y no estamos dándole una respuesta en un tiempo adecuado». Pedro Viguer, juez decano de Valencia, cree que la Administración de Justicia se encuentra en una situación «complicada, pero a la vez compleja e interesante» debido a la «profunda reforma» que requiere. Reclama «inversión y medios» y ampliar la nómina de jueces y funcionarios para tratar de reducir los retrasos en la resolución de asuntos que acumulan los juzgados valencianos y que, en demasiadas ocasiones, superan los doce meses de plazo, una duración que, «como mínimo, tendríamos que reducir a la mitad».
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, la Comunitat cerraba el primer trimestre del año (último ejercicio disponible) con un atasco de cerca de 345.000 procesos en trámite; una cifra que, pese a los esfuerzos de los profesionales, no para de crecer, ya que se registran más de 400 nuevos casos cada día, contabilizando tanto la jurisdicción civil (la más voluminosa), como la penal, la contencioso-administrativa y la social. Estos procesos llegan a suponer esperas para los afectados de hasta un año y medio de tiempo.
El aumento del número de jueces que aligeren esta carga se antoja, por tanto, fundamental. Viguer recordaba que, en la actualidad, la Comunitat presenta una tasa de 10 jueces por cada 100.000 habitantes (la mitad de la media europea), por lo que la cifra actual ronda el medio millar de magistrados. «Lo óptimo sería que llegáramos a 16 o 17 jueces por cada 100.000 habitantes», por lo que sería necesario incrementar las plantillas en, al menos, unos 200 magistrados más.
Por su parte, Francisco Silla, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), añadió que este incremento de jueces (en algunas secciones sería necesario incluso duplicar su número) debería realizarse también para atender «esos 'macrocasos' con más de 30 imputados y 200 testigos» que obligan a los magistrados a dedicarles, de manera exclusiva, varios meses de su trabajo. José Manuel Ortega, de Jueces para la Democracia (JpD), también reclama un incremento en el número de profesionales, de entre un 30 y un 40%, y una mejor distribución entre los distintos juzgados.
Pero poco pueden hacer los jueces sin la ayuda de fiscales, secretarios y funcionarios. La fiscal jefa de Valencia, Teresa Gisbert, también cree necesario aumentar la plantilla de fiscales «por el incremento de asuntos que se denuncian directamente en la Fiscalía, y que dan lugar a la apertura de diligencias de investigación penal, y por el aumento de trabajo en los juzgados, tanto de instrucción como de primera instancia, que repercute directamente en un aumento de la carga de trabajo de los fiscales». En esta línea, Gisbert añadió que la plantilla del personal auxiliar también es «insuficiente».
Sobre ello, la presidenta provincial del sector de justicia del sindicato CSI-F, Ana Márquez, también achacó a la falta de personal «la saturación que sufren muchos de los partidos judiciales», por lo que reclamó ampliar el número de profesionales y de medios «para poder ofrecer una mejor atención». También lamentó que los 15 nuevos juzgados previstos para la Comunitat hace más de tres años no se hayan puesto en marcha. Al respecto, el delegado de la Comunitat del Sindicato de Secretarios Judiciales (SiSeJ), Francisco Cabo, recordó que «ha sido la primera vez en la historia de España en que no se han creado unos juzgados porque un Gobierno autonómico no tenía dinero para hacerlos».
Cabo, además, lamentó las dificultades que tienen los juzgados «hasta para conseguir papel y sobres» por la falta de financiación. Por contra, en lugar de incrementar las plantillas, este portavoz apunta más hacia una modernización y reorganización de la Administración de Justicia como solución a los retrasos que sufren los ciudadanos.
El juez decano de Valencia apuntó hacia la imperiosa necesidad de contar con un sistema informático «ágil, eficaz y uniforme en todo el Estado», y que exista interconexión entre las distintas comunidades autonómicas, que trabajan con sistemas incompatibles entre ellos, situación que se deriva en problemas de comunicación y nuevos retrasos para los ciudadanos.
«No podemos perder de vista el extraordinario potencial que tiene la Administración de Justicia para reactivar la economía», advirtió también Viguer. En la actualidad, recordó, en España hay unos 40.000 millones de euros atrapados en el sistema judicial (de ellos, unos 4.000 en la Comunitat), intereses económicos que están paralizados en litigios. «Es un dinero que no fluye, que no se reinvierte. Lo lógico sería que el juzgado diera una respuesta en un plazo razonable para desatascar la situación», lamentó.
El juez decano alertó también de que existen dos jurisdicciones «muy tocadas», como son la Civil y la Social. La primera está teniendo que hacer frente «al enorme problema de las preferentes». En relación a la jurisdicción de lo Social, a la que llegan todos los asuntos relacionados con despidos laborales y expedientes de regulación de empleo (ERE), entre otros, es otra de las más saturadas. En estos ámbitos, las esperas para contar con una decisión judicial superan los doce meses y alcanzan el año y medio en algunos casos, según apuntó.
El progresivo incremento de divorcios y separaciones en la Comunitat, así como la modificación de la normativa en relación a la custodia compartida de los hijos, también ha contribuido a que se vaya acumulando el trabajo.