El pleno de las Cortes ha aprobado este jueves la toma en consideración de la proposición de Ley del PAR sobre relaciones familiares que pretende priorizar la custodia compartida en caso de ruptura. A pesar de ello, los partidos han anunciado que presentarán numerosas enmiendas ante las dudas sobre las afecciones de ésta.
Zaragoza.- La toma en consideración de la proposición de Ley del PAR sobre relaciones familiares ha sido aprobada por el pleno de las Cortes este jueves con el sí del PP, PAR y CHA, el voto en contra de IU y la abstención del PSOE. Ésta afecta al ámbito íntimo de las familias y tiene como fin priorizar las custodias compartidas en casos de rupturas familiares. El objetivo de esta proposición, ha asegurado el portavoz del PAR en la Cámara, Javier Allué, es "proteger al menor, ya que dar preferencia a la custodia compartida es la mejor alternativa para desarrollar emocionalmente al menor, así como fomentar la corresponsabilidad de los padres".
En 2007 tuvieron lugar 1.485 rupturas familiares, de las que en el 83% se concedió la custodia de los hijos a las madres; el 7% a los padres y el 10% fueron compartidas. Estos datos, según el Partido Aragonés, reflejan el bajo porcentaje que existe en la actualidad y "hay que responder a una gran demanda de la compartida hoy".
Esta priorización responde a tres principios que son la igualdad entre hombre y mujeres; el interés del menor y la prioridad del acuerdo o el pacto.
El proceso para esta custodia compartida vendría precedido por un acuerdo o pacto de relaciones familiares que el PAR plantea como una fijación de términos como el régimen de visitas, las compensaciones económicas, así como futuras modificaciones.
Si este acuerdo no se da, la proposición plantea que se otorgue la custodia compartida y si no que un juez decida priorizando esta opción.
Asimismo, exige que sólo excepcionalmente el juez pueda dictar la custodia individual en casos de protección del menor y sobre todo en casos de violencia de género con condena. Otra de las cuestiones que recoge es que el uso de la vivienda familiar lo haga el progenitor con menos posibilidades de acceso o en otro caso, el juez pueda decidir su venta.
Además, se establece el plazo de un año para que las rupturas anteriores a la ley puedan revisarse con ésta y adaptarse a la nueva legislación.
Por su parte, el coordinador de IU en Aragón, Adolfo Barrena, se ha posicionado en contra por entender que el asunto debe ser regulado pero "no es el momento adecuado", ya que es "un tema complejo, que debe tener como base el acuerdo de los progenitores en primer lugar".
Asimismo, ha afirmado que tiene que haber un debate "más profundo y dialogado para presentarlo no sólo por un partido y que requiere la participación de padres, etc, en definitiva, de toda la sociedad". La razón principal, según Barrena, es que no hay una igualdad efectiva y esta proposición la pone como base. Además, ha añadido que hay diferentes modelos de familias que no se tienen en cuenta.
Finalmente, el portavoz de IU ha aseverado que no hay urgencia ni se ha analizado suficientemente la situación para debatirla, "porque para que funciones debe garantizar la calidad de la convivencia para que los menores tengan lo mejor".
Desde CHA, su diputado Chesús Bernal se ha posicionado a favor de la toma en consideración porque "es una cuestión que no se rige por ninguna legislación propia aragonesa y tiene la competencia exclusiva". Aún así, ha criticado que la custodia compartida sea la regla general y ha defendido dejar abiertas las dos opciones (individual y compartida), así como introducir a otros familiares; y ajustar la relación entre el pacto de relaciones familiares con los capítulos matrimoniales.
La diputada popular Yolanda Vallés ha criticado, al igual que Adolfo Barrena, que esta proposición no se haya intentando consensuar con los demás partidos y se haya presentado sólo por el PAR. También ha anunciado enmiendas para "dejar claro ámbito de aplicación" y ha afirmado que plantea dudas en la retroactividad.
Finalmente, la diputada socialista Maite Pérez Esteban ha matizado que sólo el 36% de las rupturas se someten a decisión judicial y ha explicado que de este porcentaje sólo un 1% de padres solicita la custodia compartida. Además, ha coincidido con CHA en que la custodia compartida sea la norma general y "una norma jurídica no puede por sí sola convertir la excepción en generalidad, así como generar en su aplicación afecciones psicosociales en el menor con cambios de domicilio o adaptación a nuevos núcleos familiares, empadronamientos duales, desarraigo, no valora la implicación de la crianza anterior, entre otras cuestiones". Por todas estas dudas, ha dicho Pérez, el PSOE se ha abstenido en la votación.
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=68617&secid=3
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