CUSTODIA PATERNA: El 90% de las mujeres que piden una orden de protección la obtienen

lunes, 25 de noviembre de 2013

El 90% de las mujeres que piden una orden de protección la obtienen

Lunes, 25 de Noviembre, 2013
Enlaces:
- BURGOS Y SU JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. ¿ CASO ÚNICO EN ESPAÑA ?
- BURGOS: DIVORCIO, CUSTODIA DE NIÑOS Y ROBO DE DERECHOS
- El Instituto Andaluz de la Mujer otorgó subvenciones ilegales a mujeres vinculadas a la industria de género
- El Instituto de la Mujer concede 1,3 millones a 1.341 asociaciones de mujeres
- La campaña anual del IAM contra la violencia de género pone el acento este año en los hijos de mujeres maltratadas
- Cae una red que presentaba falsas denuncias por violencia de género para cobrar ayudas públicas
- IAM desconoce si alguna de las falsas mujeres maltratadas se ha acogido a los servicios de la Junta

Burgos, más que la media. Es de las ratios más altas de España, ya que la media nacional y de la región se sitúa en un 60% de concesiones y un 40% de denegaciones

El juzgado de Violencia contra la Mujer notó cómo la crisis económica reducía el número de denuncias por maltrato. Y con ello, lógicamente, disminuyeron las solicitudes de órdenes de protección. Si 188 mujeres solicitaron medidas de seguridad en 2011 esa cifra disminuyó a128 al año siguiente, un descenso que concuerda con la disminución de asuntos que ha registrado este órgano judicial en idéntico periodo (un 20% de un ejercicio a otro). No obstante, este año se está produciendo un repunte en el número de casos, del 15%, acompañado por un incremento paralelo de las demandas de protección. En 2013, a falta de dos meses, se contabilizan 116.
Lo que no ha variado es el porcentaje de solicitudes que termina en concesión de la orden de protección, entre el 85% y el 90% desde la creación de este juzgado en Burgos en el año 2010. Si el año pasado se pedían 128 fueron finalmente aprobadas 115.
La concesión de una orden de protección «depende del caso concreto», apostilla Teresa Gonzalo, la titular del juzgado de Violencia contra la Mujer. Existen dos requisitos que deben concurrir para dar el visto a una petición de esta naturaleza. El primero, que existan indicios racionales (no pruebas) de criminalidad y, el segundo, que haya una situación objetiva de riesgo para la víctima, «también a nivel indiciario».
A nivel nacional, según el Observatorio de Violencia de Género, la ratio se sitúa en un 60% de concesiones y en un 40% de denegaciones, que es también el promedio de Castilla y León. ¿Por qué esa diferencia entre Burgos y el resto de España o la región? Gonzalo no lo atribuye a ninguna causa, «pues no hay ningún estudio realizado a tal efecto».
Las órdenes de protección (concedidas judicialmente a través de un auto) constituyen estatutos integrales de amparo, que contienen medidas penales y civiles. Entre las primeras figuran, como más ordinarias, la prohibición de comunicación y aproximación del imputado a la víctima a una distancia no inferior a 500 metros y la salida del maltratador del domicilio de la mujer. La prisión provisional es una medida cautelar más gravosa, pero es independiente de la orden de protección y se toma en casos excepcionales, cuando existe un «peligro de reiteración delictiva y de riesgo para la integridad y la vida de la víctima». «Para encarcelar a alguien de forma provisional hay que ser muy cautelosos y que se den todos los requisitos», recuerda.
Entre las medidas civiles, se encuentran la de decidir con carácter urgente y temporal quién se queda con los hijos; qué régimen de visitas va a disfrutar con sus vástagos el presunto maltratador; qué pensión por manutención debe pasarles o quién se queda con la vivienda habitual. Todas estas medidas -penales y civiles- han de adoptarse en las 72 horas siguientes a la solicitud, si bien en Burgos, asegura Gonzalo, se toman normalmente en menos de 24. Eso siempre y cuando se conceda la orden, porque puede que no proceda.
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia y la creación de los juzgados especializados han conllevado «numerosas ventajas, pero sobre todo dos». Por una parte, la «especialización y, por otro, la coordinación con todos los sectores y profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia de género». Primero con la Policía y la Guardia Civil, que no efectúan «atestados al uso» sino que han de realizar incluso una valoración del riesgo. Pero el juzgado también ha de organizarse con los forenses, con el Colegio de Abogados, con la Fiscalía (hay tres especializados en Burgos) y con la Junta, para que los Servicios Sociales estén al tanto de la situación de la víctima y pongan en funcionamiento los recursos asistenciales correspondientes.
En estos momento, ningún hombre en la provincia porta una pulsera o un brazalete electrónico contra el maltrato. «Ni las hay ni se han solicitado», explica Gonzalo. Sirven para controlar que el novio o el marido no se acerca a su mujer una vez dictada la orden de alejamiento. En los casos más graves, la Fiscalía y la acusación particular «directamente piden la prisión provisional, quizás porque la mujer no se fía».