La asociación de padres de familia separados expresa su apoyo a Elgozí Aferrados al «no sin mi hijo»

Sáhado, 5 de Abril, 2014

20 de enero de 2007

El caso de María Amor González, lejos de ser un hecho aislado, encuentra numerosos precedentes en España y también a nivel internacional

COMPARECENCIA. María Amor Rodríguez explicó la situación que atraviesa su familia en compañía de tres de sus cuatro nietos

Secuestradores de sus propios hijos. Al margen de consideraciones subjetivas, este es el estatus que adquieren, de cara a la fría ley, los progenitores que optan por retar las decisiones legales sobre custodia filial y darse a la fuga con unos hijos cuya tutela no le pertenece. Una acción que, más allá de legislaciones nacionales, está condenada por el convenio internacional de La Haya, que regula la sustracción internacional de menores y cuyo cumplimiento es vinculante para todos los Estados firmantes del tratado. En este caso la justicia internacional actuó del lado de Moshé; fue en contra de María Amor. Pero no ha sido un hecho aislado.
En Asturias una de las batallas más largas por recuperar la custodia de un hijo que legalmente le pertenecía fue la que libró durante más de ocho años el gijonés Pedro Nava. Su ex mujer, Carmen Sofía Suárez, aprovechó en 1998 un régimen de visitas para sustraer al pequeño Jesús Navas, que entonces tenía 6 años.
Fue necesaria una orden internacional de busca y captura y la intervención de la Interpol para localizar a la fugitiva en Miami, desde donde fue extraditada a España en mayo del año pasado. El niño había cumplido ya los 14 años y estaba completamente adaptado, a la fuerza del tiempo, a su vida en Miami. Ésta no era la primera vez que la pareja se enfrentaba a un hecho similar, pues ya en 1996, aprovechando unas vacaciones, Carmen Sofía Suárez mantuvo retenido al niño en Miami durante todo un año.
Más actual es el caso, fuera ya de Asturias, de la valenciana María José Carrascosa, encarcelada desde hace dos meses en una prisión de Nueva Jersey, en Estados Unidos, acusada de secuestrar a su hija en enero de 2005.
Entonces Carrascosa, que estaba en proceso de divorcio de Peter Innes, había abandonado territorio estadounidense con su hija sin consentimiento expreso de su marido, lo que contravenía un acuerdo firmado entre ambos de acuerdo con la legislación norteamericana. Innes solicitó, vía Convenio de La Haya, el inmediato regreso de la pequeña y que, mientras tanto, la justicia española le retirase el pasaporte a la niña para que su madre no abandonara España con ella.

Apoyo de la Justicia
Los tribunales españoles, sin embargo, denegaron su solicitud por entender que no se había violado el derecho de custodia. No obstante, la Corte de Nueva Jersey ordenó el inmediato regreso de la menor a Estados Unidos y ordenó el arresto de la madre, que se llevó a cabo finalmente en noviembre de 2006. El juez ha establecido una fianza de medio millón de dólares.
Otro caso similar es el del madrileño Rafael Comín, que denunció este mismo mes el secuestro de su hija de once meses por parte de su pareja, que se fue a Argentina con la niña en noviembre sin avisarle. Comín apela a la justicia argentina al cumplimiento del acuerdo de La Haya, máxime después de que el ministro del Interior argentino, Aníbal Fernández, manifiesta que no había razones para pensar que la pequeña salió ilegalmente del país, ya que tenía pasaporte.
A nivel internacional el caso más sonado de fue el del cubano Elián González, 'el niño balsero', que fue acogido por varios familiares en Miami después de que su madre falleciera en el naufragio de la patera en la que huía de Cuba con su hijo. La negativa de estos familiares a devolver al niño con su padre provocó un fuerte conflicto entre el gobierno de La Habana y el de Estados Unidos, hasta que finalmente el niño regresó a Cuba. El vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia Separados, Jorge Skibinsky Turbielataub, expresó ayer su apoyo a Moshé Elgozí, el padre israelí que ha conseguido que los tribunales le diesen la razón en la reclamación de sus cuatro hijos que fueron sacados irregularmente de Israel por su madre avilesina, María Amor González.
Skibinsky acusó a la madre de los cuatro menores de «presentarse como víctima frente a la sociedad y buscar un apoyo social y gubernamental que no le corresponde».
«No hay que olvidar que el secuestro internacional de menores es un grave delito, aunque se trate de sus propios hijos, y los jueces así lo reconocieron en la sentencia y apleaciones posteriores», expuso el vicepresidente de la asociación de padres de familia divorciados.
También reprochó a la madre de los cuatro menores haber montado «un complot bien organizado» para que los niños digan que prefieren estar con ella. A este complot, según dijo, «le favorecen el retraso judicial, los peritos psicólogos que no están formados en estas técnicas de manipulación y abuso de menores y no saben detectarlas, y en los medios de comunicación que se hacen eco de la noticia justificando, a priori, la actitud delictiva de la madre sin siquiera ponerla en duda».
En su opinión, la solución a este conflicto pasa por exigir «una mayor celeridad en los procesos en los que los derechos de los menores pueden ser conculcados, en la toma de medidas cautelares ante la primera decisión judicial y realizar las pruebas periciales psicológica a los menores interpretando sus opiniones en función del contexto familiar en el que se hallan inmersos para diferencias las opiniones ajenas o impuestas de los propios deseos».
A su juicio, «lo justo es que la custodia la tenga el progenitor más legal».

http://www.elcomercio.es/prensa/20070120/aviles/asociacion-padres-familia-separados_20070120.html