Marcos Nebreda | A Coruña
Actualizado martes 13/09/2011
La decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña de imputar a la madre de los mellizos asesinados en Monte Alto por, supuestamente, consentir malos tratos a los menores, ha destapado la caja de los truenos. La magistrada Elena Pastor toma como base la declaración de una testigo que apenas tres meses antes del suceso, el 6 de junio de este año, hizo una llamada al teléfono de atención al menor de la Xunta para denunciar una situación de desamparo y de supuestas vejaciones a Alejandro y Adrián.Tras el asesinato, esta mujer compareció en sede policial donde argumentó que los hermanos sufrían episodios continuos de malos tratos por parte de su padrastro, Javier Estrada, que actualmente permanece en la prisión de A Lama en Pontevedra. La juez entiende que existen indicios de maltrato y que la madre de los menores pudo haberlo consentido.
El letrado de María del Mar Longueira, el penalista Víctor Bouzas, denuncia que la Consellería de Benestar no realizó ningún tipo de diligencia tras notificar la llamada de la testigo alertando de la situación de los menores. Asegura que la Xunta debería haber actuado y que si su clienta es finalmente imputada, "solicitaré que se investigue por qué no ha abierto las diligencias correspondientes y, si se da el caso, también la imputación de la Xunta".
No fue ésta la única llamada de atención que recibió la Consellería, ya que la madre de los mellizos presentó un escrito el pasado enero dirigido a Familia en el que solicitaba ayuda para controlar a sus hijos por problemas de conflictividad en el colegio de Monte Alto, al que asistían.
"Recibió amenazas para expulsar a los niños del colegio e incluso posee una carta de la directora del centro en la que expone que uno de los mellizos trató de agredir a una profesora", asegura el letrado de la madre. Miembros del centro educativo que declararon ante la juez negaron la existencia de estos hechos. "Ahora parece que esa ayuda que pidió se transforma en un crimen contra ella", lamenta Víctor Bouzas, que reitera también la ausencia de respuesta por parte de la Xunta a la instancia presentada por su cliente.
Sobre la solicitud de ayuda hecha por la madre de las víctimas, aseguran que simplemente se dirigió a Familia para pedir asesoramiento por la hiperactividad de unos de sus hijos pero que recibió dicho asesoramiento y se le remitió al departamento correspondiente para tratar su caso.
En la misma línea se manifestaron la abuela y hermano de los mellizos, que ya testificaron ante la juez así como los allegados a la familia que, desde el suceso, siempre han negado la existencia de violencia en el entorno familiar. No existían denuncias o expedientes abiertos en la administración sobre conflictos en esta familia.
El letrado del padre biológico de las víctimas, Joaquín de la Vega, mantendrá de forma independiente su acusación particular contra el presunto asesino y por el momento no tiene previsto acusar a la madre de los menores "por respeto a los mismos". Coincide con Bouza en que esta imputación no significa una implicación penal al estar el caso en fase de investigación. "Se trata de pruebas relativas", dice en relación a las que llevaron a la juez del caso a imputar a María del Mar Longueira.
De la Vega recuerda al respecto un caso que guarda similitudes con el crimen de Monte Alto. Un parricidio ocurrido en Ferrol hace un par de años en el que la madre fue imputada por encubrir malos tratos y finalmente condenada con sentencia firme del Tribunal Supremo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/13/galicia/1315922197.html
El letrado de María del Mar Longueira, el penalista Víctor Bouzas, denuncia que la Consellería de Benestar no realizó ningún tipo de diligencia tras notificar la llamada de la testigo alertando de la situación de los menores. Asegura que la Xunta debería haber actuado y que si su clienta es finalmente imputada, "solicitaré que se investigue por qué no ha abierto las diligencias correspondientes y, si se da el caso, también la imputación de la Xunta".
No fue ésta la única llamada de atención que recibió la Consellería, ya que la madre de los mellizos presentó un escrito el pasado enero dirigido a Familia en el que solicitaba ayuda para controlar a sus hijos por problemas de conflictividad en el colegio de Monte Alto, al que asistían.
"Recibió amenazas para expulsar a los niños del colegio e incluso posee una carta de la directora del centro en la que expone que uno de los mellizos trató de agredir a una profesora", asegura el letrado de la madre. Miembros del centro educativo que declararon ante la juez negaron la existencia de estos hechos. "Ahora parece que esa ayuda que pidió se transforma en un crimen contra ella", lamenta Víctor Bouzas, que reitera también la ausencia de respuesta por parte de la Xunta a la instancia presentada por su cliente.
Escasa información para valorar el caso
Por su parte, desde la Consellería de Benestar confirman que el servicio del teléfono del menor registró la llamada de la conocida de la familia en la que denunciaba un supuesto caso de posible desprotección de los mellizos. Sostiene la Xunta que personal técnico le solicitó más datos para poder valorar adecuadamente el caso, "algo que la denunciante quedó en facilitar pero que nunca llegó a hacer", por lo que el caso quedó a la espera de esa información. Después de eso, el Servicio de Menores facilitó todos los datos y la colaboración disponible al juzgado, incluido el registro de esa llamada.Sobre la solicitud de ayuda hecha por la madre de las víctimas, aseguran que simplemente se dirigió a Familia para pedir asesoramiento por la hiperactividad de unos de sus hijos pero que recibió dicho asesoramiento y se le remitió al departamento correspondiente para tratar su caso.
Un episodio aislado de violencia
El auto de la juez recoge que durante la declaración policial tras el crimen, la madre de los mellizos relató un episodio de malos tratos en el que el autor confeso propinó un golpe a uno de los hermanos por negarse a hacer los deberes. "Ella le pidió que no se repitiera y ni siquiera hubo parte de lesiones", aclara el letrado de María del Mar. En las primeras declaraciones efectuadas a los medios, la madre reiteró que el asesino confeso trataba bien a sus hijos y que únicamente notó cierta actitud extraña días antes del crimen, que pudo atribuir a una reducción en la medicación que tomaba por sus problemas psiquiátricos.En la misma línea se manifestaron la abuela y hermano de los mellizos, que ya testificaron ante la juez así como los allegados a la familia que, desde el suceso, siempre han negado la existencia de violencia en el entorno familiar. No existían denuncias o expedientes abiertos en la administración sobre conflictos en esta familia.
Una imputación sujeta a cambios
Con esta imputación la madre ya no podrá ejercer la acusación particular y está previsto que sea llamada a declarar en los próximos días ya como imputada. Su letrado, Víctor Bouzas, asegura que está tranquila y que el supuesto delito por omisión de los deberes paternales puede cambiar durante la instrucción del caso. Este viernes está previsto que declare en los juzgados el marido de la testigo que alertó de los presuntos malos tratos a los mellizos.El letrado del padre biológico de las víctimas, Joaquín de la Vega, mantendrá de forma independiente su acusación particular contra el presunto asesino y por el momento no tiene previsto acusar a la madre de los menores "por respeto a los mismos". Coincide con Bouza en que esta imputación no significa una implicación penal al estar el caso en fase de investigación. "Se trata de pruebas relativas", dice en relación a las que llevaron a la juez del caso a imputar a María del Mar Longueira.
De la Vega recuerda al respecto un caso que guarda similitudes con el crimen de Monte Alto. Un parricidio ocurrido en Ferrol hace un par de años en el que la madre fue imputada por encubrir malos tratos y finalmente condenada con sentencia firme del Tribunal Supremo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/13/galicia/1315922197.html
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