La mayor parte de casos los tapan con archivos y sobreseimientos, porque son ellos de quienes al final depende que la denuncia se considere como falsa. Son los propios abogados quienes advierten a sus clientes que se gastarán el dinero en balde si pretenden que los jueces terminen procesando a una mujer por denuncia falsa.
Critica también la actuación de los Mossos d'Esquadra en Cataluña, porque luego los jueces achacan a estos que no disponen de un informe de riesgo oportuno para condenar más, pero lo que sucede es que unos y otros muchas veces se echan las culpas para eludir condenar a una persona que sabe sobradamente que no merecedor de una condena que para comenzar se aplica bajo una ley injusta. Los fiscales (como ella y la mayoría) se quejan y critican a los jueces porque no condenan lo suficiente, e incluso porque de las órdenes de alejamiento que se solicitan son mínimas las que se conceden, y es que este negocio funciona por dinero, y estas órdenes suponen un elevado número de prestaciones de las cuales después la industria de género pretende justificar el aumento del importe de esos miles de millones de euros que se destinan a este fin.
La Fiscalía trabaja en la misma línea que las asociaciones feministas. Esta fiscal compara el descenso de las víctimas de tráfico con el posible descenso de las víctimas en este ámbito, pero lo que calla es que nuestro país mantiene el número de muertes de mujeres a manos de su pareja más bajo de toda Europa, y que además desde que se aprobó la ley de violencia de género dicho cifra no ha variado apenas, a pesar de las cantidades que supuestamente se destinan a ello. Necesitan más víctimas, como sea, aunque mantengan que el deseo es el de reducir su número.
Fuente:
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/11/26/56564863e2704ee77b8b456d.html
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