Él mismo cita un caso concreto de uno de sus clientes que recibió una amenaza por parte de la madre de sus hijos con respecto a que si no cumplía su voluntad ella mismo se auto lesionaría y presentaría denuncia por violencia de género con él padre de los hijos.
Ese código deontológico y ético que defiende el autor del texto con respecto a los profesionales que ejercen en campo del Derecho está más que corrompido.En el caso concreto al cual se refiere la noticia es el de dos abogadas imputadas por denuncias falsas, y cobra especial relevancia sobre todo porque éstas, se encuentran vinculadas ahora (antes formaban incluso parte de la dirección) con la Federación de Mujeres Progresistas. Esta Federación por supuesto que defiende con creces la ley de violencia de género, y por supuesto que también afirmar que todas las letradas que componen dicha asociación actúan como presuntamente las dos imputadas, sería una imprudencia. Pero aquello que sí podemos con firmeza manifestar, es que ese fin "espurio", al cual alude el autor, existe, y que en los procesos de separación y divorcio son muchos los casos donde se mezcla por medio una denuncia falsas bajo la finalidad de impedir la custodia compartida, aparte de otras causas.
Que la ley de violencia de género se ha convertido en una herramienta que muchas mujeres usan para amenazar y chantajear al marido o padre de sus hijos con el fin de conseguir que la relación no se rompa, o que éste acepte firmar las condiciones de un convenio regulador (mutuo acuerdo) de divorcio o separación, es más que una evidencia, pero que en muchos casos la mujer acude a un asesoramiento en donde es informada que si presenta una denuncia contra el padre de sus hijos va a obtener una serie de ventajas en el proceso que solo de esa forma podrían obtenerse (vídeo), es también una realidad.
Son muchas las mujeres que acuden a los servicios sociales, a despachos de abogados, asociaciones feministas y otros, en donde son convencidas de interponer la denuncia por violencia de género, y a su vez engañadas, pues muchas de ellas desconocen los efectos que de dicha denuncia se derivan. La ignorancia no libra de culpa a estas mujeres, pero es cierto que hay por detrás un conjunto de profesionales que se dedican a intentar aumentar la cifra de denuncias por violencia de género, y de paso destruir la posibilidad de una reconciliación, pues tras la denuncia se derivan unas consecuencias de las cuales en la mayor parte de casos resulta imposible de reconciliación. Este es uno de los objetivos de la industria de género.
El verdadero perjuicio, las consecuencias más dañinas de todo este proceso no son para el padre. El adulto padece por supuesto la infamia de ser detenido y encerrado en un calabozo sin el respeto a su presunción de inocencia, pues desde el momento de la interposición de la denuncia el varón pasa a ser considerado como un culpable, pero además se enfrenta de este momento a una nueva situación, en donde no solo será después de pasar por el calabozo expulsado de su propia casa, sino que desde ese momento que se dictan unas medidas cautelares hasta el proceso principal, pasa a ser considerado como un visitante para sus hijos. Los menores son quienes padecen siempre las peores consecuencias de la disputa de sus padres, de esta ley de género que provoca la destrucción total de la familia. El padre y la madre son separados, pero al mismo tiempo los menores son apartados de su padre. Puedes ver al padre llorar, sufrir, y a los menores tan tranquilos ante ese nuevo escenario en donde su padre desaparece, pero no duden que ellos son quienes van a pagar las peores consecuencias de la ausencia de su figura paterna.
El autor del artículo fuente es el abogado Adolfo Alonso Carvajal
Fuente:
Javier Abril
http://www.larazon.es/blogs/sociedad-y-medio-ambiente/derecho-de-familia/violencia-de-genero-denuncias-falsas-EI12380657
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