CUANDO todavía colean las declaraciones del presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano, sobre denuncias interesadas por malos tratos -denuncias falsas acaso sea su denominación más apropiada; conviene que llamemos a las cosas por su nombre-, aparece en la prensa una noticia significativa por la relevancia social de una de sus protagonistas: la actriz y presentadora de televisión Lydia Bosch; personajillo del mundo mediático que obtuvo fama tras su participación en “Un, dos, tres?, responda otra vez”.
Lydia Bosch denunció recientemente a su marido, Alberto Martín Caballero, por abusos sexuales a una menor. Aunque la identidad de esta menor nunca se ha revelado por razones obvias, los indicios apuntan a que podría tratarse de una hija del actor Micky Molina, con quien Lydia mantuvo una relación antes de casarse con Martín Caballero. Y basta de folletines rosa. Lo que me interesa de este asunto, por la trascendencia que tiene en otros muchos casos de vergonzosa injusticia, es que dicha denuncia ha sido archivada al no encontrar la jueza ningún indicio de delito. Este caso, como digo, está teniendo repercusión por la proyección social de sus protagonistas. En otros, los afectados deben sufrir casi anónimamente su personal calvario. Aunque Castro Feliciano no habló de denuncias falsas, basta hablar con los abogados que han de ganarse la vida a diario en los juzgados para tener una idea precisa de lo que está ocurriendo en España tras la aprobación de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género; una de las mayores paridas -nunca mejor dicho- del entonces ministro de Justicia; ese maestro de la oratoria insultante que es Juan Fernando López Aguilar, también conocido como el Terminator. Sobra recordar que dicha ley no ha acabado, ni mucho menos, con la lacra de la violencia machista. Sí ha dado pie, en cambio, a multitud de abusos en forma de falsas acusaciones, inapropiadas órdenes de alejamiento, etcétera.
Castro Feliciano manifiesta que no ha habido un incremento notable del número de denuncias por malos tratos en 2008, pero reconoce que muchas veces éstas son interesadas para obtener la custodia de los niños, la pensión o la vivienda. “No digo que sean muchas, pero suele ocurrir”, señala. Me parecen excesivas aunque se tratase de una solamente. Me lo parece a mí, pero no a la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Cristina Valido. Según ella, resulta lamentable que se dé tanta importancia a un número tan bajo de denuncias falsas. Y se queda tan tranquila. Claro que sí, doña Cristina; claro que sí. Como usted no ha tenido que dormir una noche en comisaría a causa de una de esas torticeras acusaciones, ni ha sido llevada al día siguiente esposada y sin afeitar ante el juez como un criminal en ciernes, ni se ha visto en la necesidad de contratar abogado y procurador para demostrar su inocencia, ni ha pasado por la tesitura de perder el prestigio social -con frecuencia también el empleo- por la imputación de un delito que no ha cometido, ni ha quedado estigmatizada entre vecinos y conocidos durante el resto de su vida, resulta comprensible que no le dé importancia a tales injusticias. Eso sí, al menos comprenda que quienes han padecido tal calvario no piensen de forma igual de alegre. rpeyt@yahoo.es
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