Viodeo propuesto por CUSTODIA PATERNA
<Esta sevillana denunció a su marido y logró que lo encarcelaran 11 meses
- Un juez y unos forenses han desmontado sus acusaciones
Ana María Ortiz | Sevilla
Durante la primera parte de la entrevista, celebrada el martes en una terraza contigua a los juzgados de Sevilla, a Raquel Valle su abogada le aconseja que no conceda declaraciones a las cadenas de televisión. La letrada opina que una excesiva exposición a los medios, sobre todo a las cámaras, podría perjudicarla ahora que un auto judicial la tilda de mentirosa retirándole la condición de víctima de la violencia de género que venía exhibiendo desde hacía un lustro.
Apenas una hora después, cuando Crónica visita de nuevo a Raquel, esta vez en su casa, una cámara de TVE enfoca el esquinazo del tresillo donde se sienta. “Por supuesto que soy una mujer maltratada. Esto no va a quedar así”, dice a los micrófonos muy maquillada y aparentemente entera pese al varapalo judicial. Otro equipo de Antena 3 espera turno para emitir en directo. Obviamente, ha desoído las instrucciones de la abogada.
Sobre la mesa del salón están desplegadas las fotografías que, según Raquel, demuestran que su ex marido la ha cosido reiteradamente a golpes. Las presenta como pruebas irrefutables de las palizas. Está retratada llevando un aparatoso collarín, luciendo una ligera fisura bajo la ceja o descubriéndose el pecho y dejando ver unas curiosas heridas: seis cortes muy poco profundos, casi arañazos, prácticamente de la misma longitud y simétricos, fruto, dice ella, de uno de los salvajes ataques de su ex con un cúter.
Lesiones paralelas
Algunas de las lesiones son paralelas. Tan milimétricamente paralelas que parecen hechas con escuadra y cartabón. Así lo ha dejado escrito el forense que la examinó: “Las lesiones apreciadas no se corresponden a una situación de fuerte forcejeo entre dos personas. No hay signos contusivos, ni marcas defensivas, ni en lugar distinto del plano anterior del cuerpo (ninguna lesión en el plano posterior); las heridas del cuello son claramente simétricas, difícilmente producidas en una situación de forcejeo; las heridas del antebrazo y muslo son paralelas, difícilmente producidas en una situación de forcejeo…”.
Le llama la atención al especialista, por ejemplo, que Raquel asegure que se defendió de la agresión con uñas y dientes y que justamente sus uñas -muy largas y cuidadas, hoy lacadas en fondo dorado y adornadas con estrellas de color rosa- no presentaran el más mínimo rasguño o rotura. “No se puede descartar la característica autolesiva de las lesiones descritas”, acaba diciendo el forense. Concluye, por tanto, que ha podido ser capaz de hacerse daño a sí misma sólo para poder colgarle al marido el cartel de maltratador.
El informe pericial no ha sido el único argumento esgrimido por Francisco Manuel Gutiérrez, titular del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número dos de Sevilla, para dar carpetazo al caso cuando se encontraba en fase de instrucción. A juicio del magistrado, ninguna de las ocho denuncias por violencia de género que Raquel Valle ha presentado desde 2005 tiene consistencia. El testimonio de la supuesta víctima, dice, carece de verosimilitud por estar plagado de contradicciones y generalidades. No aporta testigos que hayan presenciado las agresiones, aunque muchas de ellas se habrían producido en plena calle. Es más, el acusado se encontraba fuera de la ciudad o en la cárcel en varias de las fechas en las que supuestamente la abordó y golpeó
De lo que no habla la resolución es de la sangrante situación que ha vivido el presunto verdugo, José Antonio Santos, 39 años. Cinco años estigmatizado como maltratador, frecuentando los juzgados y calabozos al vaivén de las declaraciones acusatorias de la ex pareja. ¿Cómo es posible que haya pasado 11 meses en prisión por unos delitos que ahora parece que no cometió?
Desde 2005 se han presentado 600.000 denuncias. Sólo 95.000 han terminado en condenas
El caso de Raquel Valle, 32 años, ha enseñado esta semana a la opinión pública la cara más fea de la lucha contra la violencia de género y ha puesto sobre la mesa un fenómeno polémico y espinoso que pone en duda la eficacia y la imparcialidad de la Ley Integral contra la Violencia de Género: la existencia de mujeres que empañan el sufrimiento de las verdaderas víctimas y que se sirven de la ley para vengarse o conseguir un buen divorcio. El asunto ha tenido tal repercusión que ha hecho que el Gobierno anuncie la elaboración de un informe sobre las denuncias falsas.
El 22 de mayo pasado -dos días después de que el juez sevillano sellara el auto que deja en evidencia a Raquel Valle- otra mujer, vecina de Zarauz (Guipúzcoa), era condenada a una multa de 1.080 euros por haberse inventado una agresión de su marido. ¿Cuántas más actúan como ellas? ¿Cuántos hombres son injustamente procesados y condenados tras una denuncia falsa?
Las asociaciones que agrupan a afectados desglosan las cifras oficiales cuando se les pregunta por la magnitud de la estafa. Desde que entró en vigor la Ley Integral (junio, 2005) y hasta diciembre del año pasado, explican, se han presentado unas 600.000 denuncias. Más de la mitad (343.527) fueron archivadas en la instrucción. De las restantes (257.473): 95.284 derivaron en condenas, 45.421 en absoluciones y 115.768 en sobreseimientos.
Falta de pruebas
Sólo el 16% de las denuncias iniciales -95.000 de las 600.000 presentadas- acabaron con un veredicto de culpabilidad. ¿Significa esto que las 515.000 restantes eran falsas? Las asociaciones que representan a mujeres maltratadas aseguran que no. El hecho de que el número de denuncias que no llegan a buen puerto sea tan alto, explican, se debe a que la mayoría de las agresiones se producen en la intimidad del hogar, sin testigos, lo que dificultaría que la mujer pueda demostrar la violencia sufrida. Los casos se archivan por falta de pruebas, no porque se basen en la mentira, dicen.
“Las acusaciones de denuncias falsas son una estrategia de los maltratadores para confundir”, se pronuncia Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. “Es verdad que hay denuncias falsas, pero no más que en el resto de delitos. Representan un porcentaje muy poco significativo y no deberían ser el centro de atención de los malos tratos”.
A José Antonio Santos, el ex marido de Raquel Valle, el despropósito judicial padecido lo ha convertido en un hombre desconfiado, muy receloso. Aparece con el auto bajo el brazo, pero, aunque lo escrito lo exculpa, aún no se da por vencedor del litigio. No tanto porque ella haya recurrido sino porque espera que siga moviendo ficha. “No me extrañaría que mañana inventara otra agresión, me esposaran y comenzáramos de nuevo”, dice.
La entrevista con él se celebra en Umbrete, donde reside, a unos 15 kilómetros de la capital andaluza y de Raquel. José Antonio no pisa Sevilla desde hace años. Está convencido de que si su visita coincidiera con una de las denuncias de Raquel, lo darían por culpable por el mero hecho de encontrarse en la ciudad. Es casi obsesiva su preocupación por estar permanentemente acompañado y así poder cubrirse con una coartada las 24 horas del día. Quizás sea el único español que se ha dirigido a la Justicia para pedir un brazalete anti maltratadores. El dispositivo habría posibilitado que la policía lo tuviera localizado en todo momento y que el conciliara el sueño. Se lo denegaron. Nunca se sintió tan a salvo, dice, como el tiempo que un par de agentes de paisano lo siguieron discretamente.
La primera denuncia la recibió en diciembre de 2005, cinco años después de su separación de Raquel -tienen un hijo en común de 11 años- y cuando José Antonio ya había rehecho su vida con otra mujer. Ella le acusaba de una contusión en el hombro y el codo tras un forcejeo a la salida del trabajo. Siguieron las denuncias, cada vez más subidas de tono, hasta que en las Navidades de 2006 un juez le impuso una orden de alejamiento.
La siguiente ocasión en que Raquel acudió a comisaría, la maquinaria judicial siguió el curso habitual. El supuesto quebrantamiento de la medida de alejamiento implicaba el ingreso en prisión y así lo dictó la jueza de guardia. José Antonio entró en la cárcel. “Aquello fue durísimo. Mucho llanto y soledad hasta que los presos de apoyo me vieron hundido y me ayudaron”.
Allí conoció a Farruquito y a muchos condenados por maltrato. La mayoría culpables pero también algún inocente. “Había un hombre que estaba cumpliendo un año y medio por una acusación falsa y decía que cuando saliera volvería con su mujer”.
Tras el ingreso en prisión, José Antonio se vio inmerso en una espiral absurda. Pese a que había pruebas de que él no podía haber perpetrado las agresiones -un día estaba cortándose el pelo, otro tenía la factura del chino al que había llamado estando fuera de Sevilla, 1.200 vecinos lo avalaron con sus firmas…- no había modo de conseguir la libertad porque Raquel seguía presentando denuncias. Un día esgrimía el cúter ensangrentado que le habían dejado en el buzón, otro aseguraba que José Antonio le había enviado a un amigo para que le diera una paliza.
Salió a la calle en marzo de 2008 y en abril volvió al calabozo. Los medios locales lo contaban así: “Su marido iba armado con una navaja y comenzó a darle cortes por todo el cuerpo, en la cara, las piernas, el cuello. Raquel se defendió como pudo, le tiró un vaso a la cabeza y hasta llegó a empuñar un cuchillo para defenderse: “Antes lo mato a él, no me resigno a ser un número más en la estadística de asesinadas”». De no ser porque el informe forense dictaminó que ella se autolesionaba, José Antonio seguiría en prisión.
En 2005, recién estrenada la Ley, la entonces jueza decana de Barcelona, María Sanahuja, encendió la polémica al asegurar que miles de hombres habían sido detenidos sin apenas indicios. Fue la primera que se atrevió a hablar de las falsas denuncias. La declaración le supuso que varias asociaciones feministas pidieran al CGPJ que se le prohibiera hablar más en público.
Sanahuja decía entonces que muchas mujeres utilizaban la denuncia para obtener mejores condiciones en los divorcios y que muchos profesionales -jueces, fiscales, policías, abogados…- adoptaban prácticamente todas las medidas que se les pedían por la presión mediática y para protegerse. Arremetía contra una ley que considera delito un manotazo sólo cuando quien lo propina es un hombre. Hoy se reafirma: “No hace falta ni denunciar en falso porque el Código Penal dice que si un hombre me agarra de la muñeca, aunque no me haga daño, eso ya es delito. El trato al género masculino es francamente discriminatorio. No se puede presuponer que es un delincuente en potencia sólo por el hecho de ser hombre. Al legislador se le ha ido la pluma”.
Al encuentro con Crónica, Raquel acude con su nueva pareja. Él ha tenido que cerrar el bar que ambos regentan para acompañarla. Es por miedo a que José Antonio la agreda de nuevo, dice. Sorprende tanta precaución tras haber leído en las hemerotecas que dos de las supuestas agresiones se produjeron tras abrir voluntariamente la puerta. Sonaba el timbre, pensaba que era su hijo o su pareja y abría sin más. Es raro que una maltratada deseche el cerrojo sin mirar por la mirilla.
En otra ocasión, ha escrito, él la acorraló en la cocina. “Me amenazaba con dos cuchillos en el cuello y el tercero se lo puso él en el abdomen. Dijo que me mataría y luego se mataría él”. Raquel, ¿cómo se pueden empuñar tres cuchillos a la vez?
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/07/espana/1244352717.html
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