Gustavo Revilla Olave- Martes, 6 de Septiembre de 2011
Estos días, se está realizando el juicio del juez Francisco Serrano por un supuesto delito de prevariación al modificar el turno de custodia de un niño establecido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número cuatro, para permitirle participar junto a su padre en la Madrugá sevillana, pero también conocido por sus críticas a la Ley Integral Contra la Violencia de Género. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia Andaluz solicita diez años de inhabilitación como juez y una sanción de 5.400 euros.
Sin embargo Doña Emilia Casas Bahamonde, expresidenta del Tribunal Constitucional, pasó sin sanción alguna tras verse involucrada en la trama del asesinato de Salgado Pimentel, cuando en las escuchas de la Policía se demostró que aconsejó a la principal imputada por el asesinato, su exmujer, orientándola hacia dos abogadas de la influyente asociación feminista de mujeres juristas Themis, y le ofreció que la llamase a ella en persona si apelaba al Tribunal Constitucional.
En este caso el propio TC archivó la cuestión bajo el pretexto de que no hubo asesoramiento. Considerando que el fallo de Emilia Casas fue afín al feminismo de género y que la postura de Serrano ha sido claramente contestataria con este movimiento y que otros profesionales que han mantenido esta misma actitud se han visto fuertemente presionados por las instituciones hembristas, conceptos como chantaje de carrera o caza de brujas, se nos vienen inmediatamente a la cabeza.
La severidad con unos y la indiferencia con la otra nos hablan de la injusticia y parcialidad de un poder judicial alineado con el feminismo de género. Y es que la represión del que se atreve a desmentir la verdad oficial es una de las herramientas necesarias para la supervivencia de cualquier totalitarismo.
http://www.deia.com/2011/09/06/opinion/cartas-al-director/justicia-para-un-juez
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