El impago de pensiones alimenticias creció un 35% en 2010
La difícil situación que atraviesa el mercado laboral ha incrementando la preocupación de los padres separados o divorciados, ya que en la mayoría de los casos son ellos los que tienen que abonar una prestación para la manutención de sus hijos. Algo que para aquellos que han perdido su empleo se convierte en una auténtica odisea y en muchos casos imposible de cumplir
"La mera posibilidad de que se pueda perder el puesto de trabajo se ha convertido actualmente en una espada de damocles para los hombres separados y divorciados que hayan tenido algún hijo en su relación". Con estas palabras, el presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS) de Castilla-La Mancha, José Manuel Alberça, resumía a EL DIA el sentimiento de preocupación existente en este colectivo ante el temor de que al quedarse sin empleo no se pueda hacer frente a la pensión alimenticia acordada por el juez tras el proceso de separación o divorcio. "Especialmente en aquellos casos en los que se hayan firmado convenios reguladores donde se especifica el pago de la misma cantidad con independencia de la situación económica que se atraviese", añade. Algo que ocurre prácticamente en la mitad de los procesos de separación tramitados por los juzgados y que en momentos como el actual se ha tornado en una seria amenaza, ya que si el padre deja de abonar la cuantía estipulada durante dos meses puede ir a prisión.
Con estos parámetros, no es de extrañar que en los últimos meses se haya incrementado de manera importante, tanto el número de padres que piden al juez que reduzca la pensión alimenticia que deben pasar a sus hijos, como el de mujeres que deciden denunciar al ex cónyuge por no pagarla.
No en vano, sólo durante el pasado año se incoaron en Castilla-La Mancha 166 diligencias previas por impago de pensiones, lo que supone un 35,2% más que las incoadas en 2010. "El principal problema radica en que los juzgados están saturados y el plazo medio que deben esperar los padres o madres separadas que se quedan el paro hasta recibir la sentencia es de cinco o seis meses", apunta Alberça.
Último recurso
En la mayoría de ocasiones son las madres las que reclaman la pensión alimenticia, ya que es a ellas a quien se les suele conceder la custodia de los menores. Y aunque se suele inicial mediante la vía civil, el impago reiterado de la pensión alimenticia puede constituir un delito, tipificado en el Código Penal y que conlleva pena de cárcel. La revisión de la pensión -es decir, un cambio en la cantidad a abonar en concepto de manutención en virtud de las nuevas condiciones económicas del cónyuge- es solicitada en muchas ocasiones para evitar los embargos, ya que el progenitor obligado a pasar la pensión puede haber reducido los ingresos.
Con estos parámetros, no es de extrañar que en los últimos meses se haya incrementado de manera importante, tanto el número de padres que piden al juez que reduzca la pensión alimenticia que deben pasar a sus hijos, como el de mujeres que deciden denunciar al ex cónyuge por no pagarla.
No en vano, sólo durante el pasado año se incoaron en Castilla-La Mancha 166 diligencias previas por impago de pensiones, lo que supone un 35,2% más que las incoadas en 2010. "El principal problema radica en que los juzgados están saturados y el plazo medio que deben esperar los padres o madres separadas que se quedan el paro hasta recibir la sentencia es de cinco o seis meses", apunta Alberça.
Último recurso
En la mayoría de ocasiones son las madres las que reclaman la pensión alimenticia, ya que es a ellas a quien se les suele conceder la custodia de los menores. Y aunque se suele inicial mediante la vía civil, el impago reiterado de la pensión alimenticia puede constituir un delito, tipificado en el Código Penal y que conlleva pena de cárcel. La revisión de la pensión -es decir, un cambio en la cantidad a abonar en concepto de manutención en virtud de las nuevas condiciones económicas del cónyuge- es solicitada en muchas ocasiones para evitar los embargos, ya que el progenitor obligado a pasar la pensión puede haber reducido los ingresos.
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