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viernes, 23 de septiembre de 2011

La mujer que intentó liar a la presidenta del TC

08 / 08 / 2008Alejandrina Gómez
atendida por la presidenta del TC
aparece en la foto
El caso de Miguel Ángel Salgado, el informático acribillado a balazos en marzo de 2007 en el garaje de su casa de Ciempozuelos (Madrid), podría convertirse en el primer asesinato perpetrado para impedir que un padre obtenga la custodia de su hija. Su ex mujer, la abogada Dolores Martín Pozo, acusada de ser la inductora del crimen, no escatimó esfuerzos ni tretas en los últimos cuatro años para alejar a su ex de la hija que tienen en común, M.J., de 7 años. Un objetivo que la llevó hasta la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas. La letrada es hija de un fontanero que trabaja en el mismo inmueble donde reside una amiga de Casas. Así fue cómo logró ser atendida por la presidenta del TC, a quien ha puesto en aprietos al desvelarse la conversación que mantuvo con ella (ver recuadro).
Sucesión de denuncias
Quienes conocen a Dolores Martín Pozo la definen como “una mujer fría, manipuladora y capaz de todo” que nunca perdonó a su ex marido que decidiera separarse de ella en 2003. “Cuando se separó –asegura Carmen, la novia de Miguel Ángel– lo amenazó con darle en lo que más le dolía, su hija”. Los hechos posteriores indican que pudo obsesionarse con apartarlo a toda costa de la menor. Lo acusó de ser un mal padre y una persona violenta, extremo que niegan personas próximas a la víctima. Carmen asegura que durante el proceso de separación y divorcio la abogada sometió a Miguel Ángel a “un calvario” de procesos penales a base de denuncias que resultaron ser falsas, lo que llevó a Salgado a responder con acciones judiciales contra ella. Dolores se mostró siempre muy reticente a entregar a la niña a su padre. No tardó mucho en presentar la primera denuncia contra Salgado por presuntos abusos sexuales a su hija. Las malas relaciones de la pareja llevaron a los jueces a establecer que el régimen de visitas se llevase a cabo en un punto de encuentro. Durante julio y agosto de 2003, Dolores llevó a la pequeña a ver a su padre a regañadientes. Esa fue la última vez que Miguel vio a la niña. Diez días después, Dolores volvió a denunciarlo por abusos sexuales, lo que llevó a la juez de familia que entonces llevaba el caso a suspender el régimen de visitas mientras se tramitaban los dos procesos penales contra Salgado. Los dos fueron archivados al no encontrar los jueces el más mínimo indicio de la sospecha que lanzaba sobre Salgado una denuncia que respondía a intereses oscuros. Cuando el juez de familia número 24 de Madrid ordenó renovar los contactos de la niña con el padre cada 15 días, en un punto de encuentro y en presencia de profesionales, que actúan como observadores privilegiados para detectar posibles abusos en menores, Dolores volvió a desobedecer sistemáticamente la decisión judicial, pese a las multas y apercibimiento que recibió. Su actitud recalcitrante levantó las primeras sospechas. La madre de la niña no parecía querer proteger a la menor, sino suplantar la figura paterna en favor de su actual compañero, con quien la letrada tiene otro hijo de corta edad. A los psicólogos no se les escapó un detalle: la niña llamaba papá a la nueva pareja de su madre, mientras que a su verdadero padre se dirigía por el nombre de pila. Entre julio de 2006 y febrero de 2007 Dolores Martín fue citada hasta en cinco ocasiones por el equipo psicosocial del juzgado para valorar si la niña estaba siendo manipulada por su madre. Un extremo que finalmente fue confirmado. Dolores, según los psicólogos, ejercía sobre su ex el llamado síndrome de alienación parental, un proceso destinado a romper el vínculo de los hijos con uno de sus progenitores, y un fenómeno que se produce en algunos casos de divorcios conflictivos y destructivos. Esta circunstancia fue decisiva para que el fiscal pidiera el cambio de guarda en favor del padre.
Primera victoria.
Por fin, y tras cuatro años de pelea, la abogada Elena Zarraluqui logró que su cliente, Miguel Ángel Salgado, ganara su primera batalla: en la sentencia de divorcio, el juez le concedía la custodia. Miguel y su nueva pareja, Carmen, lo tenían todo dispuesto para acoger a la niña. Habían preparado su habitación y Carmen había solicitado un año de empleo y sueldo para ayudar a la pequeña a adaptarse a su nueva vida. Pero el mismo día en que Salgado debía asumir la custodia de su hija, un asesino a sueldo acabó con su vida en el garaje de su domicilio. Cuando Carmen recibió la terrible noticia del asesinato de su pareja y declaró ante la Guardia Civil, que ya entonces apuntaba la hipótesis del crimen por encargo, no tuvo ninguna duda. El enemigo número uno de Salgado era su ex mujer, quien “en varias ocasiones lo había amenazado de muerte”. Varios testigos, algunos de ellos protegidos, que han comparecido en la causa por el crimen de Ciempozuelos, han relatado que el día de la vista del juicio por la custodia de su hija vieron a Dolores amenazar a Miguel Ángel: “¡Me van a quitar a mi hija, me van a quitar a mi hija! Pero antes te mato...”. Tres días antes de morir, la víctima contó a su familia que un vehículo lo había seguido desde su trabajo y había embestido su coche hasta lograr sacarlo de la carretera. Martín Pozo ejercía como abogada penalista y llevaba algunos asuntos del turno de oficio. Así conoció a Eloy Sánchez Barba, el escolta de la actriz Ana Obregón, en prisión por los mismos hechos y el hombre a quien, presuntamente, encargó la contratación del sicario que acabó con la vida de su ex. Dolores es desde diciembre de 2006 apoderada de Cesigur Seguridad S.A., una empresa de vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes y convenciones, constituida con un capital social de 90.300 euros. Su administrador único es Óscar Sánchez Barba, hermano de Eloy, uno de los presuntos compinches de Dolores Martín.
http://www.tiempodehoy.com/espana/la-mujer-que-intento-liar-a-la-presidenta-del-tc

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