La custodia compartida entra hoy en vigor sin el refuerzo de medios

Justicia espera que Economía apruebe en breve más personal para los gabinetes psicosociales
05.05.11 - A. RALLO
VALENCIA

Una norma que entra en vigor sin los medios necesarios para que su aplicación sea realmente efectiva. Esto es lo que sucede con la Ley de Relaciones Familiares de los Hijos Cuyos Progenitores No Conviven, conocida por todos como de la custodia compartida. No es la primera vez que ocurre algo similar. Y puede que no sea la última.
El problema radica en el atasco de los gabinetes psicosociales. Se trata de un órgano básico, que se encarga de realizar los informes a los padres y a los menores -normalmente a partir de los seis o siete años- y que después resultan decisivos a la hora de que el juez acuerde una custodia compartida o un determinado régimen de visitas.
El personal del gabinete se encuentra bajo mínimos. De hecho, el tiempo de elaboración de un informe ha pasado de dos o tres meses a unos ocho o nueve, tal y como denunciaron los propios jueces de familia en su última junta. Esto ha provocado suspensiones de juicios al no estar terminados los informes. «En algunos casos, hasta en tres ocasiones», lamenta Isidro Niñerola, presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia.
El refuerzo no se trata de una petición de última hora. Ni mucho menos. Los jueces ya solicitaron el incremento de profesionales «hace aproximadamente un año», precisa Pedro Viguer, el juez decano de Valencia.
La reclamación se ha expuesto tanto en las juntas de jueces de familia como en la Sala de Gobierno del TSJ. Hasta la fecha no ha habido respuesta. Pero ahora, la situación es si cabe más urgente. Todas las fuentes consultadas coinciden en la más que previsible avalancha de procedimientos de modificación de medidas, es decir, padres que reclamarán desde hoy la custodia compartida.
Actualmente, el equipo consta de cinco psicólogos y un trabajador social. La idea que maneja la Conselleria de Justicia son dos psicólogos más y otros dos trabajadores. Además de situar a uno de los psicólogos como coordinador del área. La Conselleria de Justicia conoce el problema desde hace varios meses. Fuentes del departamento autonómico aseguran que se han elaborado dos informes -uno con posterioridad a la aprobación de la ley- para insistir en la necesidad de un refuerzo. Ahora todo está en la mano de Hacienda, que es la que tiene que autorizar los gastos. Y todavía no lo ha hecho. Nuevamente, los problemas económicos frenan las posibles mejoras.
Niñerola denuncia, además, otro inconveniente añadido. Sólo en las grandes ciudades existe gabinete psicosocial, pero no ocurre lo mismo en otras demarcaciones. En estos casos, el propio juez insta al propio colegio profesional para que elija un profesional que elabore el informe. «Y esto, que oscila entre los 1.000 y 2.000 euros, lo tienen que pagar los propios padres». Mientras en Valencia resulta gratis. «Una Justicia de dos velocidades», resume el letrado.
El decano del Colegio de Abogados, Mariano Durán, se sumó recientemente a las denuncias por la falta de medios y alertó incluso de que la norma pudiera ser inconstitucional. Además, criticó la nula atención de la Conselleria de Gobernación a las recomendaciones del colegio sobre la nueva ley.
http://www.lasprovincias.es/v/20110505/comunitat/custodia-compartida-entra-vigor-20110505.html