- Dívar acusa de hacer un daño interesado a la justicia a quienes cuestionan sus falloshttp://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/17/actualidad/1329498798_868937.html
- El ciudadano ve a la sacrosanta institución alejada de la realidad social
- “¡Vergüenza!, ¡Justicia!”, gritan 2.000 personas frente al Supremo
- Dívar defiende en el Congreso la "honestidad" de los jueces del Supremo
Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Anda revuelta la judicatura, porque les critican sus sentencias. Pero no más que la calle, porque no las entienden. A casos recientes y famosos, como el de la muchacha asesinada en Sevilla, Marta del Castillo, entre otros muchos, se ha sumado en un tiempo corto, para encender definitivamente la mecha, la condena de inhabilitación a Baltasar Garzón, fuertemente contestada a las mismas puertas de Tribunal Supremo y más allá — “Esta sentencia es un escándalo internacional”, dijo el diputado de IU Gaspar Llamazares al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, esta semana en el Congreso—. Entre los que critican a los jueces y los que critican que se les critique hay un punto de acuerdo: cuestionar las sentencias es perfectamente legítimo. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que parece haber enfadado tanto a algunos jueces últimamente?
A decir de Carlos Dívar en su declaración en el Congreso, hay en todo este asunto “descalificaciones interesadas” y percibe “constantes críticas a las resoluciones y actuaciones judiciales”. “Esa deslegitimación constante de una institución clave en el Estado de derecho como es el Poder Judicial, lejos de fortalecerla, produce unos efectos sobre su credibilidad que son de costosa y difícil reparación”, añadió.
Que las críticas son constantes es palmario. Que sean descalificaciones interesadas es un argumento de ida y vuelta, porque del mismo modo consideran muchos ciudadanos las sentencias judiciales. La politización de la justicia y la judicialización de la política son dos asuntos repetidos.
Volvamos a los puntos de acuerdo: la crítica es legítima. “Por supuesto que lo es, desde el respeto indiscutible de la libertad de expresión, pero algunos políticos sobrepasan esos límites y hacen graves ofensas personales a miembros de la judicatura y, superados determinados límites, se rozan los umbrales de lo punible, la calumnia y la injuria. Cuando se reacciona ante las críticas es por la gravedad de las mismas, y eso también es legítimo”, defiende el portavoz popular de Justicia en el Congreso, José Miguel Castillo. También reaccionan los jueces por otros motivos. Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura opina que “el poder judicial sí admite las críticas sobre el contenido de sus resoluciones”, pero las que “ofrecen un planteamiento jurídico alternativo. Lo que no se admite es que se desacredite la institución con argumentos que no son jurídicos, sino que responden a posicionamientos ideológicos”. Cree que la ciudadanía “opera con elementos mucho menos nítidos que los que maneja el tribunal, y por eso, por no tener toda la información, la decisión final no se entiende. Lo ideal sería que los jueces y los medios de comunicación fueran capaces de trasladar correctamente todos los datos que ha tenido en cuenta un juez o tribunal a la hora de tomar una decisión”.
Es cierto que los medios de comunicación presentan lo acontecido en las largas sesiones de tribunales a veces de un modo incompleto, sesgado y erróneo. Titulares como Absuelto el violador... no ayudan a una reacción templada en la calle. O es violador o ha sido absuelto. Pero, aun habiendo participado del total del juicio, el ciudadano medio no tendría la capacidad de reflexionar como lo haría un juez, ni de operar como un cirujano, lo que no impide que perciba que hay sentencias que el sentido común no entiende. Lo expresó así Emilio Olabarría, jurista y diputado del PNV en el Congreso: “La justicia emana del pueblo y lo que no puede la Administración de justicia es permitirse la licencia o el lujo de provocar que el pueblo —en cuyo nombre se imparte o se ejerce esta noble función— sufra permanentes convulsiones”.
Y lo remató otro diputado, de ERC, Joan Tardá, dirigiéndose así a Dívar: “La percepción general que tiene la ciudadanía respecto a ustedes, incluso respecto de la Administración de justicia, es que es lejana, muy lejana; perversamente politizada; excesivamente endogámica y corporativa”.
Corporativa parece expresión suave. Entre los entrevistados para elaborar esta información se repite de continuo la palabra casta. La casta de los jueces. Que tiene su origen, explican algunos, en el propio proceso de acceso a la carrera judicial. “El sistema de selección de los jueces genera una sensación de poder y un alejamiento de la realidad que tendrían que atajarse”, opina el fiscal Félix Pantoja, exvocal del Consejo General del Poder Judicial. “Cuatro o cinco años estudiando las oposiciones, memorizando, aíslan del mundo y ayudan a formar ese sentimiento de grupo singular, diferente, que puede dar lugar a un corporativismo que lleva a no sentirse funcionario al servicio de los ciudadanos. De hecho, algún juez se ofende cuando le llamas funcionario”, dice. Todo ello, asegura, “está relacionado con la poca tolerancia a las críticas” de los togados.
Acato y respeto son otras dos palabras a las que también están acostumbrados los jueces, por boca de los políticos, que las repiten como letanía cuando se produce una sentencia, guste o no. A veces se escucha, acato pero no respeto. En las aguas turbulentas de los últimos días sonaron bien distintas las declaraciones de Gaspar Llamazares: “Ni acato ni respeto”. Se refería a la sentencia condenatoria para Garzón. Es, quizá, el que más lejos ha ido, al analizar esa “casta” de los jueces. “La crisis del parlamentarismo, tan cuestionado por los ciudadanos, es también la de la justicia. En situación de crisis, como la actual, los jueces están apareciendo como poderes impotentes y soberbios, a más impotencia, más soberbia... Esa unanimidad en las sentencias en temas políticos demuestra soberbia, a no ser que estén intentando dar lecciones al mundo”, señala Llamazares.
Y dice más: “El poder judicial en España no se ha dejado permear por la democracia como ha ocurrido con los otros poderes. Es refractario a la sensibilidad social, incluso se vanaglorian de ello. Son una casta conservadora y endogámica. Y eso parte del mismo proceso de formación y selección”, opina.
Durante mucho tiempo, el pueblo español acató sin rechistar lo que emanaba de una suerte de santísima trinidad omnipotente: el cura, el maestro, el guardia civil. El juez estaba un escalón más arriba: media vida dependía de una sola decisión suya. O la vida entera. Los maestros saben bien cómo ha dado la vuelta esa tortilla. Son hoy un colectivo cuestionado por las familias hasta extremos, a veces, de difícil comprensión o de nula justificación. La Iglesia ha manifestado en alguna ocasión que sus efectivos se sienten perseguidos. De la Guardia Civil podría decirse que el ciudadano ya sí sabe con quien está hablando. ¿Y los jueces, qué ocurre con ellos?
“Aunque la composición de la carrera judicial ha ido cambiando, aún sigue existiendo un fuerte espíritu corporativo que podría influir en que a veces no se acepten con normalidad las críticas fundadas”, empieza José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia. Pero matiza: “A veces, de las críticas a resoluciones judiciales concretas se pasa a la deslegitimación de la institución, o al ataque personal a alguno de sus miembros, lo que no es aceptable. En ocasiones se cuestionan sin razón sentencias ajustadas a derecho. El ciudadano ve cómo se absuelve a alguien porque una determinada prueba ha sido declarada nula. Se anticipa en los medios su culpabilidad y luego la ciudadanía no entiende que no sea condenado, cuando la presunción de inocencia así lo exige. Creo también que habría que hacer un mayor esfuerzo de pedagogía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este y los anteriores, ha fracasado en su política de comunicación”.
A vueltas con el caso Garzón, el CGPJ, en un comunicado advirtió que consideraba “de todo punto inaceptables los ataques tanto personales como institucionales que cuestionan de manera frívola y carente de fundamento la actuación del Tribunal Supremo (...) lo que constituye un grave atentado al Estado de derecho”. Para el portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Julio Villarrubia, “existe un alto grado de corporativismo en muchos colectivos, inicialmente legítimo, pero cuando es excesivo es un grave problema del sistema democrático. Entre los jueces este corporativismo se da en una dosis muy considerable. Probablemente los ciudadanos perciben que el colectivo está muy alejado de la realidad social”.
¿Puede o debe ser la justicia el único poder del Estado inatacable, no sometido a control ni a crítica? Ramón Sáez, juez de la Audiencia Nacional, opina: “Acatar no forma parte de la gramática de la democracia. Las decisiones judiciales deben someterse a la opinión pública. ¿Nos interesan las opiniones disidentes o queremos hacerlas desaparecer? Los jueces, los juristas, los técnicos, no tienen el monopolio de lo justo. Cuando se habla de acatar y respetar las sentencias se parte de una cultura que proviene de la dictadura, impropia de sociedades abiertas. Los jueces se deben a la ciudadanía, y sus decisiones deben confrontarse en el espacio público para ver así si son justas o no. Las críticas deben ser, al menos, escuchadas”.
Marta del Castillo, Bildu y el juez Garzón
‘CASO MARTA DEL CASTILLO’. La condena de 20 años de cárcel a Miguel Carcaño por asesinato y la absolución del resto de acusados provocó encendidas críticas por parte de la familia de la chica asesinada, que convocó una manifestación “en repulsa por la sentencia”. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió en defensa del tribunal. “La discrepancia y la crítica (...) no pueden servir de cobertura para valoraciones peyorativas y comentarios que atentan contra la honorabilidad del tribunal y de la justicia española”. “No se puede estar constantemente poniendo en entredicho la verdad judicial”, aseveró Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia andaluz.
BILDU. La legalización de Bildu por parte del Tribunal Constitucional levantó una marea de críticas por parte del PP. Cuestionaban los mismos que ahora, por boca de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, piden a “los líderes políticos” que “tengan presente que todas las resoluciones judiciales merecen su respeto”. “Todos los españoles tenemos que respetar las sentencias, pero mucho más los representantes públicos. Cuando se cuestionan las instituciones, se cuestiona la democracia. Hago un llamamiento muy serio a la responsabilidad”, dijo la vicepresidenta. Hace un año, sin embargo, frente a la decisión de Bildu, Federico Trillo afirmó que el Constitucional estaba “fuera” de la independencia judicial: “El concepto que los españoles tienen del Constitucional está bastante claro hace algunos años y ayer estuvieron a su propia altura”. No fue el único del PP en abrazar la crítica virulenta.
BALTASAR GARZÓN. El Supremo le condenó por prevaricación el 17 de enero, de forma unánime. Le inhabilitaron durante 11 años por interceptar las conversaciones de los imputados del caso Gürtel. Las escuchas las mantuvo después el magistrado Antonio Pedreira, que no ha sido procesado, y se llevaron a cabo con el visto bueno del fiscal. Partidarios del juez acudieron a la puerta del Supremo cada día del juicio con pancartas de apoyo. 6.000 personas se echaron a la calle en Madrid en una manifestación “contra los juicios de la vergüenza” a la que asistieron políticos y los líderes sindicales de CC OO y UGT.
lunes, 20 de febrero de 2012
Señoría, acate mis críticas
Lunes, 20 de Febrero, 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario