CUSTODIA PATERNA: Proponen juezas condenar al Estado por violencia de género en Chiapas

sábado, 10 de marzo de 2012

Proponen juezas condenar al Estado por violencia de género en Chiapas

Sábado, 10 de Marzo, 2012

“No ha cumplido con ninguna de sus obligaciones legales de difundir en todos los idiomas y en todos los lugares y comunidades del país, las leyes, los tratados y las normativas nacionales e internacionales, ni de erradicar dichos estereotipos y estigmatizaciones”.
Elio Henríquez, corresponsal

San Cristóbal de las Casas, Chis. Después de dos días de preaudiencia, las nueve juezas de conciencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo Chiapas, resolvieron proponer al TPP Capítulo México que “condene al Estado Mexicano y a los gobiernos federal y estatal como responsables directos de los feminicidios y las diferentes formas de violencia de género que vivimos las mujeres de Chiapas”.
Durante las sesiones efectuadas el 7 y 8 de marzo en el teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, fueron presentados diferentes casos, entre ellos la masacre de 45 tzotziles ocurrido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal y el de tres indígenas zeltales violadas por militares en 1994, en el municipio de Altamirano.
“Durante dos días hemos escuchado testimonios valientes y dolorosos en torno a la violencia feminicida, feminicidios y contrainsurgencia, violación al debido proceso, violencia sexual y doméstica, y violencia estructural que se han presentado en esta preaudiencia del TPP”, afirmaron las juezas en su resolución.
Integrado por Alda Facio, Edda Gaviola, Jules Falquet, Pilar Noriega, Sara Dalila Mux Mux, Sylvia Marcos, Mariana Mora, Teresa Pérez y Morna Morna Macleod, el jurado sostuvo que “todos los casos presentados demuestran la persistencia de fuertes estereotipos y estigmatizaciones de género, racistas y clasistas”.
Agregó que el Estado mexicano “no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones legales de difundir en todos los idiomas y en todos los lugares y comunidades del país, las leyes, los tratados y las normativas nacionales e internacionales, ni de erradicar dichos estereotipos y estigmatizaciones”.
El TPP es un tribunal de carácter ético sin influencia jurídica, considerado una herramienta de denuncia pública que busca garantizar un espacio de visibilidad a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional.
En relación con el tema de violación al debido proceso, el jurado manifestó que “el acceso a la justicia para las mujeres es uno de los muchos pendientes históricos del sistema patriarcal, que no ha sido garantizado por el Estado Mexicano”, ya que “las mujeres procesadas no solamente enfrentan un sistema judicial que les exige demostrar su inocencia sino que enfrentan un ambiente de discriminación y coacción bajo valores morales estereotipados”.
Sobre violencia sexual y doméstica, dijo que “ocurre como consecuencia de condiciones estructurales y situaciones específicas derivadas de la desigualdad de género, y en la mayoría de los casos es reiterada y alimentada por la impunidad desde los aparatos de justicia, las costumbres machistas que minimizan las formas de violencia contra las mujeres o las justifican.
Expresó que los casos que se presentaron acerca de feminicidio y contrainsurgencia, “evidencian la existencia de un contexto de guerra de baja intensidad o guerra sucia en Chiapas, que se expresa en forma de políticas contrainsurgentes que generan violencia militar y paramiliar, como práctica habitual y sistemática, pues existe una estrategia deliberada y planificada que usa la violencia contra las mujeres, incluyendo a la violencia sexual y a la tortura sistemática, como un instrumento central para aterrorizar a la población, destruir el tejido social”.
En cuanto al tema de violencia estructural aseguró que “la colonización, las políticas de ajuste estructural y finalmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), han desembocado en el desmantelamiento de políticas públicas y en la creación de otras políticas, que no garantizan a las mujeres, en especial indígenas y campesinas, una vida digna”.
Después de escuchar las declaraciones de las afectadas, el jurado exigió que“se garantice la seguridad y protección a todas las mujeres que participan en preaudiencias y audiencias del TPP, capítulo México; la inmediata y total desmilitarización a nivel federal, estatal y en especial de las comunidades indígenas; castigo inmediato a todos los responsables intelectuales y materiales de violación a los derechos humanos de las mujeres, y el cese a las políticas neoliberales que empobrecen a las mujeres y dan pie a todas las violencias anteriormente denunciadas”, entre otras demandas.