Guatemala
Hoy es otro domingo en que Juan Carlos*, de 10 años, y sus otros dos hermanos mayores no podrán ver a su papá, porque su madre interpuso medidas de seguridad para prohibir que se les acercara, acusado de violencia intrafamiliar.http://m.prensalibre.com/ultima-hora/nota/55245885
“No puedo tener ningún tipo de contacto con ellos ni por teléfono ni verbal. De lo contrario me enviarían a la cárcel”, cuenta el padre, quien pide no revelar su nombre porque su caso está en proceso en un juzgado de Familia.
Después de haber sido expulsado de su casa y prohibírsele ver a sus hijos, pregunta por qué los juzgados de Familia privilegian el testimonio de su mujer, sin tomarse la molestia de investigar más.
Víctor Furlán, quien se separó de su esposa a finales de la década de 1980, cuenta que pasó cinco años sin ver a sus hijos porque ella no acataba lo establecido por el juzgado. “Cuando yo llegaba, los niños no se encontraban en el lugar señalado”, relata.
Cada vez es más común que padres y madres se apoyen en acusaciones infundadas o exageradas ante el sistema de justicia para obtener el derecho de relacionarse con sus hijos, o quién de los dos obtiene la custodia, lo cual provoca que estos queden en el centro de la riña. Incluso, son empleados como elemento de tortura contra el cónyuge. En algunos casos, amparados en leyes como la de Femicidio, el Sistema Alba Keneth o del sistema de protección integral de la niñez.
Abusos legales
Franklin Azurdia, jefe de la Unidad de Alerta Alba Keneth, comenta que el objetivo primordial de esta instancia es la localización y resguardo de niños sustraídos o desaparecidos. Pero este fin ha sido tergiversado por cientos de denuncias de desaparición cuya principal causa son las peleas entre madre y padre por la custodia de los hijos. Incluso, entre abuelos y nueras.
De enero al 22 de agosto de este año se han reportado 456 denuncias de desaparición de menores de 0 a 4 años, y 202 de 5 a 8 años. “De estos, se estima que el 75 por ciento responde a conflictos conyugales, no a desapariciones ni sustracciones con fines delictivos”, asegura Azurdia, y aclara que en las edades de 9 a 18 años se dan estos casos, pero se mezclan con otro tipo de problemas.
Azurdia afirma que estos conflictos, además de dejar profundas secuelas emocionales en los menores, sobrecargan el sistema de justicia y afectan la credibilidad de este. “Una característica es que son personas con recursos económicos. Solo así es posible iniciar juicios en distintos puntos del país. Reciben asesoría legal e interponen muchos recursos entre uno y otro cónyuge”, indica. Por lo general, cuando no les funciona o agrada la resolución de un juzgado de Familia, acuden a otras instancias.
La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer —decreto 22-2008— también es parte de este debate. Después de varios años de aplicación, algunos juristas cuestionan ciertas debilidades en esa norma. Aunque se carece de cifras, una jueza de la Niñez y la Adolescencia que pidió confidencialidad, comentó que muchas veces no hay claridad de si se trata de un delito real o una acusación falsa.
Asimismo, considera que esa es una ley demasiado dura, al no permitir medidas sustitutivas cuando se emite una condena contra el padre. “En los casos de femicidio estoy de acuerdo, pero delitos como violencia económica o psicológica pueden solventarse. Hay muchos detenidos por acusaciones fútiles. No se vale”, opina.
Secuelas imborrables
Azurdia ha sido testigo de conflictos familiares en los que la madre o el padre utilizan a los hijos para ponerlos en contra del otro. “Les hacen lavado de cerebro para plantear acusaciones falsas”, refiere.
“Recuerdo el caso de una niña de 9 años cuya madre le pidió que dijera que su padre había abusado sexualmente de ella. Y otro en el que el padre le pidió a su hija que contara que su madre había tenido relaciones sexuales en la cama de la menor”, indica.
En el afán de recuperar a los hijos en forma ilegal, se ha llegado al extremo de tenerlos escondidos, sometidos a una serie de traslados de hogar donde los obligan a romper vínculos con su familia, amigos y colegio, afirma el encargado de dicha unidad.
Cuando estos niños llegan a la adolescencia, afloran conductas problemáticas como rebeldía, desapego emocional, abuso de licor o se involucran en maras, fruto de hogares desintegrados donde se vivieron los conflictos mencionados.
Pedro y el lobo
Las acusaciones falsas entre los padres hacen que se pierda la credibilidad en las instituciones, como sucede en la fábula de Pedro y el lobo. “Estamos tan saturados de que nos mientan los padres que cuando viene un caso real, en general, se comienza a relajar la atención”, advierte Azurdia.
Para combatir esta práctica, los encargados del sistema Alba Keneth han empezado a denunciar en el Ministerio Público a los padres que mienten.
Azurdia explica que muchas veces las medidas de seguridad toman ventaja de quien las usa primero. “El primer paso es asegurar la integridad de la víctima; después investigar”, enfatiza.
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