La Asociación de Padres de Familia Separados tilda de «imperiosa» su creación para tener equipos psicosociales
22.11.11
Fachada del Palacio de Justicia de Segovia, sede de la Audiencia Provincial
¿Es un problema demográfico, económico o que los criterios que emplea el sistema el judicial para adjudicar un nuevo órgano simplemente no se cumplen? Pues en el caso de Segovia, hay un poco de todo, como el botica. Y mientras tanto, todas esta colección de argumentos alimentan la ausencia de un juzgado de familia, la falta de una unidad especializada en el procedimiento de este tipo de asuntos que toman el camino de los tribunales por la falta de acuerdo entre las partes. En la actualidad, no hay más remedio que tramitarlos en los juzgados de instrucción. No es un consuelo, pero en España hay otras trece provincias con la misma carencia, según ha hecho público la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS).
Su responsable en la provincia y recientemente nombrado vicepresidente nacional coordinador de delegaciones, José Ramón Vázquez, lo tiene claro: la instauración de un juzgado de familia en Segovia es «necesaria e imperiosa». La reivindicación es incluso en cierta medida es compartida por el propio presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Palomo. Así se lo ha hecho llegar en los encuentros mantenidos con los representantes de la asociación. Sin embargo, hasta ahora todo se ha quedado en buenas intenciones, que, por otro lado, son de agradecer por parte de los padres separados. Son conscientes de que el modelo de creación de nuevos órganos choca con su interés de implantar un juzgado de familia y se felicitan de la comprensión manifestada hasta ahora por Palomo.
Cinco en Castilla y León
Por su parte, el portavoz de APFS en Segovia insiste en que Segovia no puede continuar con esta laguna en su entramado judicial. Un reciente estudio elaborado por la organización revela que Segovia es una de las catorce provincias de España que no dispone de un juzgado de familia. Los otros territorios que carecen de esta unidad judicial son Guadalajara, Ávila, Zamora, Cuenca, Cáceres, León, Toledo, Huesca, Palencia, Soria, La Rioja, Ciudad Real y Lugo. Al margen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, precisa el informe. En Castilla y León hay en funcionamiento cinco -tres están localizados en Valladolid, uno en Burgos y otro más en Salamanca-.
Este análisis que efectúa la Asociación de Padres de Familia Separados incide en el aspecto demográfico para tratar de justificar la implantación del juzgado de familia. El documento se apoya en los datos de población del Instituto Nacional de Estadística del año pasado, que revelaban un padrón en la provincia de 164.268 habitantes, de los que 55.740 residen en la capital. Y mientras los segovianos echan en falta ese juzgado de familia, hay municipios españoles menos poblados que el territorio provincial, como Badajoz, que sí cuentan con este organismo.
Más allá del peso que pueda tener el razonamiento demográfico, José Ramón Vázquez habla de la búsqueda de sensibilidad en los tribunales que juzgan un conflicto generado tras una separación conyugal. Esa empatía la proporciona un ente jurídico específico en asuntos familiares, reitera en su exposición. El presidente de los padres separados segovianos esgrime que «lo que nos fastidia en realidad es que no haya una especialización en sí porque lo realmente grave que subyace en todos estos litigios es que se juega con la vida de los hijos».
Sin evaluación profesional
La argumentación hilada por el máximo responsable de la APFS en la provincia es que «sin juzgado de familia, no hay equipos psicosociales que valoren las necesidades de los niños y de os padres». En opinión de José Ramón Vázquez, en este tipo de conflictos hace falta la consideración de un profesional que aporte su evaluación en cada caso. Y ese testimonio no se produce porque «no hay esa especialización en el tratamiento de los asuntos de familia», desde el punto de vista judicial.
«Hay que darse cuenta de que los niños que viven la separación de sus padres se encuentran con una situación nueva sin comerlo ni beberlo y están desorientados. Soy de la opinión de que hay que ponerse en el lugar del niño, porque después vienen los fracasos escolares, etcétera», prosigue en su exposición el responsable de la asociación. Un juzgado de familia aportaría, además del equipo psicosocial, unas dependencias más apropiadas para facilitar un entorno favorable al menor en su declaración, coinciden Vázquez y el presidente de la Audiencia Provincial.
Cada vez que la APFS ha demandado la instauración del juzgado de familia en Segovia se ha topado con la barrera de las complicaciones económicas. Palomo no solo esgrime esta razón para descartar, por el momento, la realidad de una unidad judicial específica para estos asuntos, sino que también alude al criterio de creación de nuevos órganos del Ministerio de Justicia, porque «hay que justificar que se den un número asuntos que justifique» su instauración.
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