- La oposición de la valenciana a que su exmarido pueda ver a su hija ha dificultado un traslado a España o su salida de la cárcel .
- Las gestiones de tres ministros no han conseguido resolver la situación .
La valenciana, en una de sus comparecencias en los juzgados de Hackensack (Nueva Jersey)
CRONOLOGÍA
Inicio. La pareja se conoce a través de internet en 1998. En apenas tres meses de relación se casan. Se separan en 2004.
Huida. Carrascosa, que denunció ser víctima de violencia de género, consiguió el pasaporte de la menor y viajó a España a finales de 2004.
Sentencia Valencia. El juzgado de Primera Instancia le da la razón en 2005 y retira el pasaporte de la menor.
Denuncia. Peter Innes denuncia a su ex en 2006 por el secuestro de la menor. El juez Torack concede la custodia a su padre.
Detención. Regresa a EE UU en agosto de 2006. En noviembre es detenida tras negarse a entregar a la menor.
Juicio. El proceso comienza en marzo de 2009.
Reunión en La Haya. Las partes están a punto de llegar a un acuerdo en abril de ese mismo año.
Condena. En noviembre de 2009, un jurado la declara culpable. El juez le impone un mes más tarde 14 años por desacato a la autoridad judicial y ocho delitos por interferencia en la custodia de la niña.
María José Carrascosa, la valenciana presa en EE UU por un conflicto con la custodia de su hija, cumple el próximo mes seis años en la cárcel tras el rechazo esta misma semana de su petición de libertad condicional.
La historia da para un libro. De hecho, se llegó a escribir. 'Amor Cruel', de la periodista Reyes Monforte, cuenta el devenir de los acontecimientos que derivaron en la pesadilla de los últimos años. Un camino sin aparente salida. Y las pocas esperanzas que hubo, en ocasiones, se truncaron por el convencimiento de la valenciana en que ella tenía razón. Y con independencia de su hija, cuentan fuentes próximas al consulado. «Su principal obsesión es Peter Innes, su expareja. No ve nada más allá de él».
La relación entre Peter Innes y María José Carrascosa comenzó con un primer contacto que se produjo por uno de esos chat de internet que, a principios de la última década, gozaban de tanto éxito. De aquella relación, que en apenas tres meses culminó en matrimonio, nació una niña que luego -lamentablemente- se convirtió en el punto central del enfrentamiento. En 2004 se produjo la ruptura.
La familia de la valenciana se ha gastado una fortuna en la defensa de Carrascosa, alrededor de 1,2 millones de euros, según mantienen. Cerca de una veintena de abogados americanos y una asfixiante campaña de presión mediática que ha ido decreciendo en los últimos años, llevaron a situar la causa de la letrada casi como un asunto de Gobierno.
La alcaldesa de Valencia y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, llegaron a implicarse directamente. Fue la Generalitat, de hecho, quien pagó en los inicios del proceso los servicios de Jerome Shestack, uno de los cien abogados más influyentes de EE UU.
Más de 20.000 euros costó la representación. Aquello fue en 2007, cuando Carrascosa se mantenía en primera línea de actualdiad y veía cerca una salida negociada al conflicto. Su familia niega tajante cualquier posibilidad en este sentido: «De eso ya nada».
El problema tiene muchas aristas. Existe una sentencia de los tribunales valencianos anterior a la primera Instancia de New Jersey que otorga la guardia y custodia a la valenciana. La prevalencia de esta resolución fue lo que se intentó defender en los primeros contactos. En una reunión en La Haya (Carrascosa, Innes y Gobiernos) se estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo a cambio de un régimen de visitas.
Pero, para que aquello fructificara, y el fiscal de New Jersey retirara los cargos, era necesario que ella se pronunciara. Y Carrascosa quiso ir a juicio. No aceptó el trato. Para comprender esta actitud hay que entender a una mujer que se considera una víctima de violencia de género, delitos por los que su marido no ha sido castigado, según ella.
Otro acuerdo rechazado
También existe un convenio bilateral entre EE UU y España por el que la valenciana podría haber venido a cumplir su condena en España gozando evidentemente de la flexibilidad del sistema penitenciario español, es decir, que podría haber obtenido un tercer grado sin demasiados problemas.
Sin embargo, la clave de todo radica en la negativa de la abogada a que su marido vea a la niña. Fuentes cercanas a las negociaciones recordaron un acuerdo que establecía la patria potestad compartida, la guarda y custodia para Carrascosa y una visita al año de Innes. Fuentes cercanas al consulado sostienen que finalmente no cuajó. Carrascosa fue detenida, juzgada y condenada después de que entrara en EE UU y constara una denuncia contra ella por el secuestro de su hija. El exmarido la había denunciado en 2005 después de que decidiera marcharse con la menor y regresar a Valencia sin el consentimiento del padre.
Existía un acuerdo privado entre las partes -habitual en matrimonios de EE UU- por el que la menor no podía abandonar el país sin el consentimiento de la otra parte. De hecho, el despacho de abogados que custodiaba los pasaportes de la pequeña abonó a Innes 480.000 euros por incumplir la obligación de proteger esos documentos.
Gestiones diplomáticas
Las gestiones diplomáticas -herméticas siempre en cuestiones de este tipo- tampoco han llegado a buen puerto. El Ministerio de Exteriores, ahora con Margallo a la cabeza, mantiene abiertas las gestiones para poner fin a la pesadilla de Carrascosa, según confirmaron fuentes del propio departamento.
Ya lo intentaron los otros dos titulares del Ejecutivo. Moratinos, a tenor de lo que revelaron los cables de Wikileaks, hizo bien poco por lograr un acuerdo. La reunión con la exsecretaria de Estado, Condolezza Rice, fue más un lavado de cara que una apuesta firme. No se sabe si con el mismo empeño actuó su sustituta Trinidad Jiménez cuando se reunió con Hillary Clinton. En cualquier caso, desde el Consulado siempre se volcaron con ella. Los Gobiernos se dieron cuenta de que poco se podía hacer.
La negativa de la valenciana a que su ex pudiera ver a su hija es uno de los motivos por el que el asunto nunca ha llegado a buen puerto. «Era como chocar contra un muro», cuentan quienes han estado mediando en el problema. El reciente rechazo a su petición de libertad condicional ha sido la puntilla para la letrada. «Ella estaba esperanzada en que se lo iban a conceder», explica el padre de la valenciana. Lo ha solicitado en dos ocasiones con idéntico resultado: el no por respuesta. No podrá volver a hacerlo hasta el próximo el 18 de mayo de 2014.
Las autoridades judiciales americanas sólo plantean una alternativa para que no se pase los ocho años que le restan de condena en prisión: que devuelva a la menor. El razonamiento del fiscal de New Jersey es el siguiente: se trata de una ciudadana americana que ha sido secuestrada.
El exmarido reconoce que esta es la razón por la que se ha denegado la petición. «Yo también le pedía a la familia que diera pasos positivos para permitirme acceder a mi hija. Esto habría sido muy beneficioso para la solicitud de Carrascosa». No obstante, también existen otras condiciones como disponer de bienes para mantenerse en el país y un domicilio. Requisitos estos que, al parecer, no dispone la valenciana en estos momentos.
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