CUSTODIA PATERNA: Chamizo pide un "cambio normativo" en menores huérfanos por violencia de género

miércoles, 31 de octubre de 2012

Chamizo pide un "cambio normativo" en menores huérfanos por violencia de género

Los menores del siguiente texto, cuyos padres han sido asesinados no interesan ni cuentan para las políticas de género:

A Miguel Ángel Salgado, informático de profesión, un sicario le esperó en el garaje de su domicilio de Ciempozuelos (Madrid) y le descerrajó cinco tiros con una vieja pistola Astra del calibre 9 largo —conocida por los delincuentes más bragados de nuestro país como 'puro'— después de que un juez dictase una sentencia en la que se le concedía la custodia de su hija. A Óscar Santacruz, otro informático, su asesino le mató de dos disparos con una moderna pistola Glock 17 del calibre 9 milímetros en el ascensor de su casa poco después de que una psicóloga de un juzgado de familia recomendase que él debería de ser el titular de la custodia de su hijo. Los dos habían tenido divorcios traumáticos con mujeres que conocían al dedillo los vericuetos de la ley pinchar aquí para seguir leyendo el artículo del cual fue extraido el texto

Miércoles, 31 de Octubre, 2012

Un total de 5.161 hijos de víctimas de violencia de género son atendidos en Andalucía desde 2008 hasta el primer trimestre de 2012, según un informe

   El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha presentado este miércoles en la Comisión de Salud y Bienestar Social en el Parlamento el informe especial 'Menores expuestos a violencia de género: víctimas con identidad propia', del que ha hecho hincapié en lo relativo a los menores huérfanos por violencia de género, un total de 55 en toda Andalucía en 2011, y la "necesidad" de un cambio normativo. En este caso aboga por tratamientos "personalizados", y  "extender el servicio de atención psicológica a menores de seis años".
   Durante su comparecencia, Chamizo ha recordado que un total de 5.161 hijos de víctimas de violencia de género han sido atendidos en Andalucía entre 2008 y el primer trimestre de 2012, un número que supera el de mujeres víctimas que en este mismo período asciende a 4.718, según el citado informe, del que también se desprende que un total de 9.916 personas se han visto beneficiadas de los distintos recursos utilizados por la administraciones públicas. Del total de menores atendidos, un 33,87 por ciento eran extranjeros, y la edad media de los menores acogidos es de cuatro a nueve años, con el 38,87 por ciento, y un 69,18 por ciento menores de nueve años.
   "El problema --continúa el Defensor-- es que estas cifras solo contabilizan menores en el sistema, dejando fuera a otros que no pueden ser detectados por falta de denuncia". "Hay niños, adolescentes y jóvenes que están sufriendo las consecuencias de la violencia de género, pero resultan invisibles", lamenta, al tiempo que reconoce que la violencia de género "es un fenómeno sumamente complejo con implicación en múltiples campos", y que "es difícil abordar todas la cuestiones que afectan a quienes conviven con la violencia hacia sus madres".
   En este sentido, Chamizo ha indicado que los medios "se hacen eco de los distintos casos de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas", de manera que estas crónicas "dan publicidad al crimen más privado". Sin embargo, "otras parecen quedar postergadas al calor de los graves hechos, como son los huérfanos del maltrato". En concreto, destaca, "en 2011 fueron 55 los niños huérfanos de madres en Andalucía", aunque "el problema radica en la inexistencia de estudios de lo que supone ser hijo de quien ha asesinado a tu madre".
   Así, explica Chamizo, "una de las quejas más reiteradas en la Defensoría tiene que ver con la demora en otorgar formalmente la guarda y custodia de los menores huérfanos" a su familiares, "por lo que se imposibilita que estos familiares puedan beneficiarse de las ayudas de la Ley de delitos violentos y contra la libertad sexual, necesarias para las familias al no disponer de recursos".
   "Las asociaciones vienen reclamando para estos menores un tratamiento igual al de los huérfanos del terrorismo, de los que el Estado se responsabiliza civil y subsidiariamente", añade, toda vez que señala que "hay que caminar hacia un tratamiento personalizado de cada caso, y avanzar para mejorar medidas de apoyo legal y psicológico a menores y familiares víctimas".
   Además, Chamizo se ha referido a otro handicap como es el momento de excarcelación del asesino, "del que no son avisados los familiares, circunstancia que puede llegar a hacer peligrar órdenes de alejamiento que en ocasiones afectan a los propios menores". Por tanto, "se reclama que los familiares ostenten condiciones de víctima, lo que conllevaría el derecho a notificación expresa de cualquier modificación de la situación procesal y penitenciaria del agresor".
   Chamizo ha puesto de relieve el "avance" judicial en la lucha contra este tipo de violencia, "sin olvidar el desarrollo de otras iniciativas como el servicio de atención y acogida de mujeres víctimas y menores a su cargo", pero "los menores deben ser acreedores de una atención que a veces resulta insuficiente, una atención que permita un seguimiento socio-emocional, distinta pero complementaria a la que se ofrece a las madres". Además, "se debe extender el servicio de atención psicológica a menores de seis años", y ha mostrado su "convencimiento" sobre que los profesionales que atienden a menores "deben recibir formación en violencia de género para identificarla e intervenir adecuadamente".
   "Debemos dejar de verles como hijos de mujeres maltratadas sin identidad propia, porque es una víctima más, y la mejor manera de comprender la dimensión del problema es ponernos manos a la obra", concluye el Defensor, quien ha invitado a los diputados a escuchar, en el propio Parlamento, los testimonios de hijos de víctimas de violencia de género, tal y como se comprometió Chamizo en el marco de la Jornada 'El derecho de mujeres y menores a una vida sin violencia', celebrada el 24 de octubre en Sevilla.
   La portavoz popular Amelia Palacios Pérez ha señalado la "necesidad" de que las administraciones públicas se impliquen más en la protección de los menores, a tenor de las cifras que apunta que más 5.100 hijos de víctimas de violencia de género han sido atendidos en Andalucía desde 2008 hasta 2012, y ha señalado que "coincide" con Chamizo "en que uno de los principales obstáculos es la ausencia de datos de todos los niños que realmente están siendo afectados".
   "Por eso es necesario recoger con rigor y exactitud el alcance de la violencia de género en menores", añade, toda vez que solicita "de manera urgente" estudios que permitan "profundizar" es ello. "Solo con este conocimiento se podrán establecer políticas públicas y planificar los recursos a disposición de las víctimas". No obstante, dice "no entender  por qué la atención psicológica en Andalucía no se hace extensiva a menores de seis años".
   Por su parte, la portavoz socialista Soledad Pérez ha comenzado aludiendo a la campaña nacional puesta en marcha en 2009 con el lema 'En la violencia de género no hay una sola víctima' y al reparto entonces a las comunidades autónomas para poner en marcha medidas de atención a los menores, ante lo que el PSOE-A lamenta "el retroceso, parón e invisibilidad en los temas de violencia de género, y especialmente de atención a menores".
   Asimismo, ha lamentado que "no haya un convencimiento" en el sistema penal de que los niños son víctimas directas", toda vez que critica un "parón" en los avances normativos anunciados. Asimismo, ve fundamental "racionalizar los hechos del derecho de visita, poniendo encima de la mesa los pocos casos en los que los jueces y tribunales asumen esta restricción, y el riesgo en que se pone a las mujeres e hijos".

"LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EN UN PROCESO DE OLVIDO"
   "Lo que se esconde detrás de todo esto es un modelo de relaciones afectivos familiares dentro de un marco patriarcal, en el que la mujer propiedad del marido, y los hijos propiedad de los padres".  Además, Pérez ha mostrado su "esperanza" en el anuncio del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de un plan de 60 millones de euros para atender a "personas en situación de desempleo con graves problemas económicos y mujeres en riesgo por ser víctimas de la violencia machista", y denuncia que la violencia de género ha entrado "en un proceso de olvido", como "se ha visto con la menor asesinada por un adulto y enfocado desde los medios como un crimen pasional".
   Por último, el portavoz de IULV-CA Manuel Baena Cobos ha subrayado la "necesidad" de adecuar los dispositivos para "minimizar los efectos de violencia de género en los menores", porque "y aunque estamos en un problema de carestía presupuestaria, me preocupa que la disminución de recursos pueda significar un estancamiento y un retroceso en cuanto a los dispositivos", afirma. "No unimos a la solicitud del Defensor de que la Junta entienda como una prioridad garantizar que les menores se desarrollen en el ambiente más propicio posible".