La destrucción de empleo y el descenso de los ingresos de los asalariados o trabajadores por cuenta propia de la provincia de Castellón ha disparado las peticiones para modificar las compensaciones económicas establecidas en procesos de divorcio o separación. “Todas las semanas hay media docena de juicios por modificaciones de medidas, cuando hace dos años apenas eran la mitad”, explica el juez de Familia de Castellón, José Luis Conde-Pumpido. Las pensiones alimenticias se han convertido para muchos, especialmente hombres, en una pesada carga cada vez más difícil de llevar en esta crisis. Por eso, aumenta la cifra de los que deciden pedir al juez que revise a la baja los pactos o sentencias judiciales, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos mensuales estipulados judicialmente.
Es tal la situación económica que la mayoría de los divorciados solicitan la mitad de la cuantía que aportan actualmente, de modo que si hoy por hoy pasan mensualmente 400 euros, por ejemplo, solicitan una reducción del 50%, de forma que piden pagar de 200 a 250 euros. “En estos casos hay que comparar la situación y si se trata de una rebaja sustancial y se acredita que no puede hacer frente a los mismos gastos que antes, se suele conceder la modificación de la pensión”, explica el juez de Familia de Castellón. Pero las pensiones alimenticias a los hijos no son las únicas que exigen que se revisen. “También solicitan que se reduzcan las compensatorias a la exmujer”, comenta Pumpido.
MODIFICACIÓN DE PATRONES // La situación se repite en toda España, tal y como constatan desde la Asociación Española de Derecho Matrimonial. Su presidente, Antonio Díaz, pone de relieve como la recesión está modificando los patrones de comportamiento de las parejas divorciadas. El papel más difícil le toca al cónyuge (en su mayoría, el padre) que cede la vivienda conyugal para los hijos y su expareja al cargo de los mismos. A ello se suma la pensión alimenticia y en la mayoría de los casos, el pago de la mitad de la hipoteca y la búsqueda de un nuevo domicilio para vivir.
Una consecuencia es que muchos progenitores divorciados que ceden la vivienda en común a los hijos tienen, a su vez, que volver a vivir con sus padres y los abuelos tiran del carro y se convierten en los nuevos motores de la economía familiar hasta que el padre o la madre encuentren de nuevo un trabajo o un modo de aumentar los ingresos cada mes.
En este punto, también han aumentado de forma significativa las solicitudes de ejecuciones, incluso con embargos de por medio, por parte de parejas que no reciben las pensiones alimenticias desde hace meses y desde que empezó la crisis, cada mes pueden registrarse más de 20 procedimientos en el juzgado.
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