Los menores sufren lo indecible. “Los niños tienen derecho a ser escuchados y respetados”, afirma Renato Schifani, presidente del Senado italiano ante la ola de indignación desatada en su país por la insólita y desproporcionada actuación de la policía contra un menor, hijo de separados. En España, las opiniones sobre la custodia compartida han creado grupos de presión irreconciliables. Sus defensores alegan que los niños no tienen por qué divorciarse de ninguno de sus progenitores, ni estar obligados a vivir con uno de ellos y ver al otro en ocasiones puntuales, lo que limita el contacto y es caldo de cultivo para el denominado “síndrome de alienación parental”. Sus detractores argumentan que esta medida puede aumentar la conflictividad entre los padres y desorientar a los niños, obligados a vivir en dos domicilios distintos en diferentes temporadas.“El divorcio es ahora el problema, antes era la solución a la crisis de pareja. El 80% de los desencuentros se producen en la liquidación de los bienes gananciales”, explica a La Celosía, Francisco Rodríguez, portavoz de la Asociación de Padres y Madres en Acción (PAMAC). La propuesta de esta asociación, integrada por divorciados o en trance de separación, pasa por exigir la modificación del artículo 96 del Código Civil referido a quien corresponde el uso de la vivienda familiar. “Para nosotros se carga la separación de bienes, tema clave en toda separación”, subraya Francisco Rodríguez. Desde PAMAC consideran un grave error asociar la violencia de género con la custodia compartida impuesta, como ha hecho la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) en unas recientes jornadas. “La mala comunicación entre los progenitores, llegando a ser inexistente en las situaciones más graves, es incompatible con la necesidad de cooperación y consenso para que la custodia compartida sea exitosa”, afirma Yolanda Besteiro, presidenta de la FMP. En su opinión la imposición de la custodia compartida eleva el nivel del conflicto en la pareja.Los atascos en los juzgados de familia aumentan el dramatismo. Los magistrados están desbordados. La Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón, la comunidad pionera en la aplicación de la custodia, trata de rebajar los mil casos con que cuenta a 400. Al final la estadística se ceba con los menores: el 25% de los niños en riesgo social son hijos de padres divorciados. La Ley Nacional de Custodia Compartida, anunciada por Ruiz Gallardón, debería ser aprobada por el Parlamento antes de finalizar 2012
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