Ricardo Carreras
La versión española de la Inquisición ha sido uno de los temas más manidos por la Leyenda Negra antiespañola, desde que el 'Libro de los Mártires', del inglés Juan Foxe, le dedicara un capítulo completo allá por el siglo XVI. Sin ánimo de defender esa deplorable institución, en buena hora abolida en España por nuestros liberales, justo es decir que sobre ella se han vertido todo tipo de falsedades y calumnias. Una cosa es el mito leyendanegrista y otra muy distinta la realidad histórica.
Pues bien, si se me permite el símil, parece que en estos albores del siglo XXI, renace, salvando las distancias, el espíritu de esa Inquisición.
Los ortodoxos hembristas -lo opuesto de machista debe ser en puridad hembrista, ya que hembra es el sexo opuesto a macho- enjuician y condenan con enorme celeridad a todos los 'herejes' que discrepan de los dogmas de la ortodoxia ultrafeminista.
En un santiamén, ese 'Tribunal de la Suprema', formado por politiquillos espabilados, algún organismo público y decenas de asociaciones generosamente subvenidas, declara 'hereje impenitente' a quien no procesa la única y verdadera fe y comulga con la versión más radical de la 'ideología de género'.
El dogma ortodoxo: los hombres son intrínsicamente malos y agresivos. Tienden al delito y, además, son responsables de los crímenes de otros hombres en el pasado. Toda violencia familiar o doméstica emana de ellos. Por tanto, no existe tal concepto. Sólo existe la violencia -mal llamada- 'de género'. Las mujeres, sin voluntad ni capacidad, son siempre víctimas indefensas. Hay que protegerlas de los hombres y a veces de ellas mismas. Lo justo es defender la 'lucha de género' hasta la victoria final.
Consecuencia de ese dogma, una serie de cambios legislativos que acaban cristalizando dentro de una ley contra la 'violencia de género' que, aunque quizás bienintencionada y aprobada por unanimidad, es claramente, no sólo inconstitucional, sino anticonstitucional -diga lo que diga el Tribunal Constitucional- y antijurídica porque elimina tanto el principio de igualdad ante la ley -las penas por los mismos delitos son mayores para los hombres-, como la presunción de inocencia -ante una denuncia te encarcelan y luego debes demostrar que eres inocente-.
Empezando por lo último, un sistema jurídico democrático se basa en la presunción de inocencia. El 'Onus probandi', o sea, la carga de la prueba, está del lado del acusador. Alterar eso no es 'moco de pavo'. Es aplicar, en esa parcela, principios pre-democráticos. No sólo es incompatible con la Constitución. Es que atenta contra sus principios básicos y los del Estado de Derecho.
Filosóficamente, el 'Onus probandi' se basa en un viejo aforismo jurídico latino que afirma que lo normal se presume y lo anormal se prueba. Por tanto, quien invoca algo que rompe el estado de normalidad debe probarlo. Para la ideología radical de género, el maltrato es lo normal, puesto que el hombre tiende a delinquir. Por ende, lo que debe probarse es que un hombre no ha agredido a su pareja. Como filosofía es lamentable. Aplicado a una ley, es un disparate.
Respecto a lo segundo, es obvio que condenar más severamente a un delincuente por el hecho de ser hombre es un dislate antijurídico y anticonstitucional, como sería lo contrario. El siguiente paso será que los alopécicos paguemos por nuestro elevado nivel de testosterona y seamos condenados a la sombra con más severidad que los demás hombres en los mismos casos.
Los ortodoxos juzgan y condenan a quien se atreva a criticar estos aberrantes atropellos -derecho de autor o de enemigo- dentro de esa ley.
Habló la juez María Sanahuja hace ya unos cuantos años y criticó esos aspectos de la legislación entonces vigente, previa a esa ley. Los inquisidores -dicho sea con mucho cariño- la pusieron 'a caldo'.
Hace unos meses, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso por unanimidad una multa de 3.000 euros a la ex juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santander, María Jesús García, por una falta muy grave: criticar la susodicha ley.
Sobre ella ha opinado recientemente con conocimiento de causa el juez de familia Francisco Serrano, que además es hombre, y eso sí que ha indignado al 'Santo Oficio' -escrito sea con ternura-.
Ha dicho Serrano, entre otras cosas, que esa ley discrimina al hombre por el mero hecho de serlo, que fomenta las denuncias falsas y que hay datos que se están ocultando relativos a muertes de hombres.
Le han llamado hasta maltratador y han pedido que sea apartado de la Administración de Justicia. Quieren que sea quemado en la hoguera civilmente, en un público 'auto de fe'. Los inquisidores andan sobrados de condenas pero escasos de argumentos.
Para desmentir al juez Serrano sobre las denuncias falsas, la presidente del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, esgrime un estudio del mismo CGPJ, que afirma que entre 503 sentencias firmes analizadas, una sola podía ser considerada falsa. Deduce de eso que se trata de un mito interesado.
¡Pues claro! Está hablando de sentencias firmes, no de denuncias. Entre las sentencias firmes no hay falsas denuncias. Entre las denuncias, sí hay falsas denuncias. De las 480.663 denuncias presentadas en los tres primeros años de vigencia de la ley, sólo 46.921 acabaron en condena, lo que equivale al 9,7 por ciento. O sea, que hay más del 90 por ciento de denuncias que no prosperan, entre las que es lógico pensar que hay miles de denuncias falsas.
Dogmas de fe, guardianes de la ortodoxia que multan y condenan a herejes impenitentes, datos censurados. No hay duda de que el espíritu de la Inquisición anda vivo y coleando.
El juez Serrano no se deja quemar y ha pasado al contraataque. Bravo por él. En su defensa han salido decenas de asociaciones, de las que no reciben subvenciones. Y las jueces de familia de Sevilla, sus colegas. Ojalá escape de la hoguera.
http://www.lavozlibre.com/noticias/blog_opiniones/34/30032/el-juez-serrano-y-la-inquisicion/1
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