Madrid, a 14 de diciembre de 2009.
El colectivo UNIDOS POR LA CUSTODIA COMPARTIDA , que agrupa a más de cuarenta organizaciones de todo el Estado, representando a todo el abanico de afectados en los procesos de rupturas familiares (niños, abuelos, madres, padres, segundas parejas y familia extensa), reclama la dimisión, o en su caso el cese fulminante de la presidenta del Observatorio de Violencia del CGPJ, por el “sostenella y no enmedalla” ante la realidad constatable de su inoperancia para abordar el problema de la violencia intrafamiliar.
La tendenciosidad con la que se ha venido reinterpretando los datos estadísticos desde el observatorio que ella dirige sobre las formas de violencia intrafamiliar, la parcialidad en sus pronunciamientos públicos según el “género” del receptor de malos tratos fruto de dicha violencia, así como la ausencia de declaración alguna ante el rosario de atropellos a derechos fundamentales que nos asaltan, día si y día también, como consecuencia de la aplicación de unos mecanismos que lejos de proteger a las verdaderas víctimas de la violencia (niños, mujeres y hombres), ha quedado patente que están criminalizando las relaciones familiares cuando se produce la ruptura de la pareja (sirvan de ejemplo los casos de José Antonio Santos, Martí Turégano, Miguel Torres Brasero, Vicente Lopéz, Manuel Gancedo, etc…), hacen insostenible la permanencia de la Sra. Montalbán en dicho cargo.
Su pertinaz empeño para tergiversar, cuando no negar u “ocultar”, lo que es una realidad evidente a los ojos de la sociedad, y que además de poder leerse en los informes publicados por el propio CGPJ, ayer, se tuvo ocasión, nuevamente, de oír en boca miembros de la carrera judicial como el Magistrado D. Francisco Serrano aludiendo a las cifras elaboradas por el Consejo, debiera ser objeto de investigación por dicho Órgano, bien para desmarcarse de la deriva que parece haberse apoderado de las manifestaciones públicas que salen desde dicho Consejo, de un tiempo a esta parte, en esta materia, o bien, en caso contrario, para que sea el Presidente del CGPJ quién avale la información que está facilitando la Sra. Montalban y se corresponsabilice del sesgo de dichas interpretaciones.
Por ello debemos aplaudir la valentía de las declaraciones efectuadas por el juez Serrano respecto a este asunto, a quién ya parece habersele enviado “un aviso a navegantes” por la Sra. Montalbán, en sus declaraciones a Europa Press de esta misma mañana, donde insinuaba “posibles responsabilidades” por sus declaraciones del domingo, en el Diario El Mundo.
Estas actitudes nos recuerdan más las propias de regímenes totalitarios que las de la confrontación dialéctica en los sistemas democráticos. Afortunadamente, estamos asistiendo a una lenta pero inexorable puesta en valor los derechos humanos por parte del TEDH.
Miembros del colectivo han sometido a varios juristas, alguno de fuera de nuestras fronteras, el análisis de lo que está aconteciendo en España con la normativa en materia de violencia de género así como las consecuencias de su aplicación, en particular, ante la discriminación por razón de sexo que de ella se deduce, a pesar de que se le haya vestido de constitucionalidad por un muy dividido Tribunal Constitucional.En la actualidad se están estudiando las posibles acciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque pensamos que los atropellos que se están dando como consecuencia de la aplicación de esta ley, (no olvidemos que es la que más cuestiones de inconstitucionalidad ha suscitado entre los integrantes de la judicatura), no puede ser una referencia a exportar al ámbito europeo, y mucho menos, la seña de identidad de nuestro país ante el resto del mundo, cuando al tiempo, queremos presumir de estar en la punta de la progresía en materia de derechos civiles
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