Los colectivos de mujeres piden al CGPJ que expulse de la carrera judicial al magistrado por «falta de imparcialidad»
OLGA R. SANMARTÍN / Madrid
¿Puede un juez que suscribe los postulados de ETA juzgar a un etarra con completa objetividad? La pregunta la formulan las feministas, que consideran que el titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, no puede dedicarse a asuntos relacionados con la violencia de género porque se ha puesto del lado de una de las partes: la de los maltratadores.
Según los colectivos de mujeres, el magistrado que hace unos días criticó en EL MUNDO la Ley contra la Violencia de Género y aseguró que muchos hombres son acusados «falsamente» de agredir a sus parejas «no está capacitado» para ejercer su cargo y tiene «falta de imparcialidad».
Una veintena de asociaciones ha enviado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, una denuncia en la que le solicita que aparte a Serrano de la carrera judicial por sus declaraciones sobre una materia que es estrictamente de su competencia.
En su escrito, las mujeres plantean que el magistrado Serrano ha podido incurrir en prevaricación. Le acusan, por un lado, de «difundir su ideología personal» sobre los asuntos que juzga. Y, por otro, de «simultanear» el ejercicio de su función judicial con «un activismo extrajudicial que lleva a cabo desde hace cinco años, en la investigación sobre el tratamiento desigual que dice que se está dando en Andalucía a la violencia doméstica, según sea mujer u hombre el beneficiario de las medidas legales de protección».
Se refieren a la Asociación Multidisciplinar para la Investigación de Interferencias Parentales (Asemip), un colectivo de juristas, psicólogos, médicos y educadores presidido por Serrano que tiene como objetivo -según las palabras del propio juez- que los menores «no sean sometidos a ningún tipo de manipulación» por sus progenitores durante los procesos de separación. Es decir, «la materia en la que directamente debe intervenir él mismo como juez», recuerdan las feministas.
Y revelan, en su denuncia al CGPJ, que uno de los miembros fundadores de Asemip, el psicólogo Julio Bronchal, tiene dos condenas firmes: una por maltratar a su ex mujer y otra por falsificar un documento de peritaje para que un hombre con problemas psiquiátricos obtuviera la custodia compartida de su hijo.
«Este juez es juez y parte. A lo mejor llevaría muy bien cuestiones relacionadas con la corrupción política, pero no con la violencia de género», argumentó ayer, en rueda de prensa, Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.
«Los magistrados no deben tomar posiciones públicas ideológicas que den cobertura a los maltratadores», sostuvo Ángela Cerrillos, abogada de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. «El juez Serrano actúa igual que cualquier maltratador», dijo la psicóloga Covadonga Naredo, de la Federación de Mujeres Progresistas.
El juez Serrano confirmó a este diario que Bronchal fue miembro fundador de la Asemip, aunque precisó que ya no forma parte de la misma. «Ya no se puede ni opinar», dijo respondiendo a los colectivos de mujeres, a los que acusó de «vivir de la guerra de la violencia de género».
El coordinador de la Fiscalía de Familia de Sevilla, Daniel Valpuesta, y varias asociaciones relacionadas con la defensa de la custodia compartida defendieron ayer la libertad del juez Serrano para criticar la Ley contra la Violencia de Género, según informa Efe.
Las palabras de la polémica
«Miles de hombres han sido detenidos por el hecho de serlo, tras una denuncia falsa por maltrato».
La Ley contra la Violencia de Género «es discriminatoria» y producto de la «dictadura» del «feminismo radical». Tiene «efectos perversos» porque protege «situaciones de abuso».
«Las mujeres del ojo hinchado en la foto existen, pero son el 1%».
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