EL GÉNERO NO GUSTA, no hay que darle más vueltas, es así de sencillo. Y no gusta por lo que representa y por lo que significa, que no es otra cosa que hablar de igualdad no sólo sobre la referencia del artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que recoge la «igualdad ante la ley» sino, sobre todo, hacerlo alrededor de su artículo 2, el que se refiere a la igualdad como principio básico, pues no sólo hay que ser iguales ante la ley, sino que debemos serlo, fundamentalmente, antes de la ley. Dejar que la ley dirima los problemas sobre la igualdad es reconocer que nos movemos en la desigualdad.
Y como no gusta el género se le ataca. Y para ello se recurre desde el rechazo de la palabra a la ley que la contiene, curiosamente por parte de quienes inventan otras palabras para hacerlo, como «hembrismo», «feminazis»… Los mismos que se han llenado la boca de anglicismos durante años hasta su admisión, y los mismos que se amparan en la Real Academia Española para decir que el uso es el que da entrada a nuevas palabras, pero previamente limitan el uso de la palabra género, no de otras. Todo un máster en imaginación. ¿O debo decir maestría?
Detrás de todas estas críticas subyace el rechazo a la igualdad como principio que vertebra el ordenamiento jurídico más allá de su enunciado y como eje articulador de la convivencia, pero como no se puede afirmar «yo estoy en contra de la igualdad», lo que se hace es atacar los elementos que la representan y los instrumentos que buscan su consecución. Las críticas que está recibiendo la Ley Integral contra la Violencia de Género, más allá de los argumentos jurídico-técnicos o de los planteamientos nacidos de la reflexión y el estudio de sus elementos, que siempre son bienvenidos, ponen en evidencia una intención añadida que busca criticar la igualdad.
El planteamiento es sencillo, la Ley Integral se presenta como el paradigma de la acción contra la desigualdad a través del abordaje de su manifestación más grave: la violencia que sufren las mujeres dentro de sus relaciones de pareja. Atacar la Ley y presentarla como un instrumento inadecuado no sólo supone un cuestionamiento de las posiciones que la defienden, sino que buscan desmontar el concepto que presenta esta violencia como un problema de la desigualdad, a partir del cual se construye la necesidad de actuar con medidas específicas sobre la violencia que sufren las mujeres (distinta a la que puedan sufrir los hombres en escenarios similares) y responder proporcionalmente a su significado, no sólo al resultado puntual. Para esas posiciones la crítica a la Ley se presenta como una necesidad, y entre los argumentos sempiternos aparece el de las denuncias falsas.
Los estudios del Observatorio del CGPJ han demostrado que las denuncias falsas en violencia de género representan un 0'18%, porcentaje más bajo que el que se produce en el resto de delitos, la Fiscalía General del Estado avala esas conclusiones, pero a pesar de ello siguen manipulando la información quienes afirman que se producen en porcentajes altos, y para hacerlo usan dos elementos.
El primero es comparar las sentencias con los asuntos incoados, cuando estos no se corresponden con los hechos ocurridos, pues sólo hacen referencia a los casos que llegan a los juzgados, y una misma agresión puede ser conocida en un juzgado a través de una denuncia interpuesta ante la Policía o la Guardia Civil, por la comparecencia directa de la mujer en la sede judicial, por un parte de lesiones, por una llamada de los vecinos a la Policía Local…
Es decir, por cuatro o más vías, sin que ello signifique que se han producido cuatro agresiones ni que deban producirse cuatro sentencias. Por lo tanto no puede establecerse una relación directa entre asuntos incoados y el número de sentencias. El otro argumento utilizado es asociar las sentencias absolutorias a la falsedad de los hechos denunciados, manipulación aún más burda y sorprendente en profesionales del derecho y la judicatura, pues si ellos piensan que cualquier denuncia debe terminar en condena, en lugar de un Estado de Derecho estaríamos en un estado policial, máxime si se tiene en cuenta que la violencia de género se produce en el ámbito del hogar, sin testigos, y con elementos como la dependencia emocional y las referencias culturales que hacen que en ocasiones se denuncie días después de la agresión, cuando resulta más difícil encontrar pruebas objetivas para romper la presunción de inocencia que tanto reclaman los que la niegan en sus planteamientos.
Da igual, la estrategia es clara, se trata de salir con el argumento, de repetirlo múltiples veces para que se escriban chorros de tinta, y de intercambiar los papeles de manera que los hombres aparezcan como víctimas, pues de esa forma al argumento cognitivo nacido de la manipulación de los datos se le une la carga emocional del rechazo. La forma de conseguirlo es recopilar casos en los que se haya producido una denuncia falsa, sobre todo si las consecuencias han sido graves -prisión, retirada de la custodia, problemas económicos- y presentarlos, no como un hecho puntual y reprobable nacido de una actuación individual, sino como derivado del movimiento de mujeres, de la Ley injusta que busca atacar a los hombres.
Luego se continúa en la crítica al concepto, afirmando que también hay hombres que son asesinados en el contexto doméstico, para intentar desvirtuar el origen de la violencia en la desigualdad y limitarlo al escenario, de manera que la referencia no sea la causa que subyace, sino el ambiente familiar y su manifestación cuantitativa, comparando el número de mujeres asesinadas con el número de hombres asesinados en el ambiente doméstico, pero de nuevo manipulan al ocultar que más del 80% de los homicidios de los hombres son cometidos por sus hijos, no por la mujer. O lanzando un preocupante argumento al afirmar sin datos que muchos de los suicidios de los hombres se deben a la injusticias derivadas de la Ley Integral, pero olvidando el detalle de que desde que está la Ley en vigor los suicidios de hombres han disminuido año a año, un 10% desde 2004 a 2007 (datos de Eurostat), una mentira más, una nueva manipulación.
Son mentiras contra el instrumento que presenta el concepto de género como la clave para abordar el problema de la desigualdad a través de la corrección de los elementos de la cultura que da lugar a ella, y así promocionar la igualdad antes de la ley, no sólo ante la ley.
La igualdad no debe generar recelo ni dudas, es la deuda que tenemos pendiente con la historia y será buena para mujeres y hombres, y ante una crítica tan poco fundamentada como la que se hace habría que hacer la pregunta básica de la investigación criminal: a quién beneficia. Ahí está la respuesta.
Miguel Lorente Acosta es delegado del Gobierno para la Violencia de Género.
No hay comentarios:
Publicar un comentario