La libertad es una farsa en España. No existe en estado puro porque hay corrientes de pensamieno que dictan lo que tenemos que opinar. Por eso el juez Serrano es un héroe. Por haber tenido la gallardía de llamar a algunas cosas por su nombre en un asunto en el que disentir es considerado una herejía social. El tema de la violencia de género está manejado en exclusiva por un grupo de mujeres extremistas que están usando sin escrúpulos una causa justa para ganar terreno ideológico. Y la progresía traga. Impone ese pensamiento con el apoyo de una maquinaria propagandística que consigue avergonzar a quienes no están de acuerdo.
Partamos de una base certera. El maltrato es una lacra social repugnante y abominable que tiene que unirnos a todos en una sola dirección: su erradicación. Pero la excusa del maltrato como medio para conseguir otros fines es igualmente reprochable. Y es un hecho que hay mujeres que se están regodeando en esa laguna que tiene la Ley de Violencia de Género porque saben que en los procesos de divorcio una denuncia por malos tratos les amplía el margen de beneficios. Hay denuncias falsas y quienes lo nieguen son tan mezquinos como quienes las interponen. Hay padres inocentes que están sufriendo un castigo irreparable sólo porque social y jurídicamente nos hemos saltado a la torera la presunción de inocencia cuando está por medio la violencia de género. Los denunciados pasan a estar estigmatizados, e incluso arrestados, antes de que haya una sola prueba contra ellos. Eso es lo único que ha dicho el juez Serrano, cuyo compromiso con la causa es innegable. Y por eso se han soliviantado feministas de toda laya para pedir su expulsión arguyendo barbaridades como esta: «Es como si una persona que defiende las acciones de ETA juzgara a personas de ETA». Ese uso perverso de las ideas —si disientes en algún aspecto, estás contra todo— demuestra que en España no existe esa libertad de la que presumimos. Lo que ha dicho el juez Serrano no es más que lo que piensan muchos españoles incapaces de expresarlo por temor a la represalia social. Y si el Consejo General del Poder Judicial toma partido político en ello estará infligiendo un doloroso azote al sistema.
El juez Serrano tendrá, como todo el mundo, defectos irreparables. Pero lo único que ha hecho en este caso es meter el dedo en la herida de una Ley que pide a gritos, aunque algunos no quieran oírlos, una reforma que la ajuste a uno de los principios básicos de nuestra Constitución: «Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo...». Y quien entienda que esta queja es una defensa o una justificación del maltrato no es más que un pervertido mental.
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